IMPLAN: “intermunicipalizar” la corrupción

Esta semana se publicó el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara por el que se da vida al Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN). Sin duda que es un buen paso para que los municipios metropolitanos traten de resolver problemas transversales de forma conjunta. Pero, a la vez se corre el riesgo de hacer de los problemas municipales problemas “intermunicipales”. Como en el caso de la corrupción.

 

Primero hay que señalar que el IMPLAN tiene como atribuciones el someter a consideración de la Junta de Coordinación Metropolitana (conformada por el Gobernador, los Alcaldes y el Director General del IMPLAN) los planes de ordenamiento territorial, un programa de desarrollo metropolitano, así como un mapa de riesgos metropolitano, un programa anual de inversión y demás instrumentos de planeación y programación. Sin embargo, el Estatuto Orgánico, así como la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco arrojan ciertos problemas que impedirán que el nuevo órgano público descentralizado intermunicipal funcione de forma correcta y de verdad aporte al desarrollo de zona metropolitana.

 

Uno de los principales nichos de corrupción en los municipios ha sido precisamente los planes parciales de desarrollo y las obras públicas. Por lo que la pregunta es obvia: ¿Qué va a hacer el IMPLAN para evitar y prevenir la corrupción en sus procesos, planes y programas? Y tanto la Ley como el nuevo Estatuto no aportan respuestas sino más preguntas.

 

El IMPLAN estará encargado de elaborar un Programa Anual de Inversión que funcionará para la ejecución de proyectos que impulsen la competitividad económica, que mitiguen la vulnerabilidad ante fenómenos naturales e incentiven la consolidación urbana y el óptimo aprovechamiento del área. Estas son claramente áreas muy permeables a la corrupción, el tráfico de influencias y el fraude. ¿Cómo asegurarse que el IMPLAN va a actuar con ética y honradez? Lamentablemente la honestidad de los individuos no es suficiente. Y el Estatuto deja mucho espacio para la discrecionalidad en el momento de la ejecución de los programas.

 

Por ejemplo, el nuevo Estatuto declara que el IMPLAN tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica, financiera y de gestión. Además establece que los instrumentos, estudios y propuestas técnicas serán sujetos a la consideración de la Junta de Coordinación Metropolitana para su autorización. Esta Junta de Coordinación Metropolitana está constituida por el Gobernador, los Alcaldes y el Director Gral. del IMPLAN. Hasta ahí muy bien. Sin embargo, el Estatuto también establece que la Junta de Gobierno del IMPLAN será el órgano superior del Instituto y estará integrado por los mismos Alcaldes, el Gobernador (o quienes éstos designen) y el Director General. Por lo tanto, estos funcionarios aprobarán los programas, planes y recomendaciones en la Junta de Gobierno del IMPLAN que luego serán sometidos a consideración de los mismos funcionarios en la Junta de Coordinación Metropolitana. Totalmente absurdo. Y sobre todo deja las puertas abiertas a la corrupción.

 

Por otro lado, si bien es cierto que el Estatuto prevé la creación de un Consejo Ciudadano Metropolitano, éste carece de cualquier tipo de fuerza y no representa ningún contrapeso; además de no tener atribuciones de control ni de supervisión de la integridad en el desempeño del IMPLAN.

 

En este mismo sentido encontramos al Órgano de Control del Instituto. El hecho de que el contralor sea designado por la Junta de Gobierno del mismo IMPLAN y además sea administrativamente dependiente del Director General resulta inútil para el combate a la corrupción. El Órgano de Control que es la figura que hasta cierto punto podría supervisar que el IMPLAN actué con ética y honestidad, no tiene la mínima independencia.

 

Además, el Estatuto contempla un servicio civil de carrera y la capacitación del personal pero se limita a la capacitación técnica y no menciona nada sobre ética, autorregulación o integridad, lo que está muy por debajo de los estándares mínimos de buen gobierno.

 

El desarrollo urbano es un tema fundamental en la vida de los ciudadanos que influye en la seguridad, el desarrollo individual y en la vida de todos. Tenemos el caso de Guerrero, dónde con los huracanes

 

del año pasado, miles de personas sufrieron las consecuencias de la corrupción en el “desarrollo” urbano.

 

Si queremos evitar que el IMPLAN y la buena propuesta sea sólo un nicho de corrupción intermunicipal, se tienen que tomar medidas adecuadas y serias. Sino, la corrupción municipal ahora será intermunicipal.