Los políticos se suelen quejar de que los medios de comunicación se ensañen con cosas menores, como los famosos seguros de gastos médicos u otras prestaciones que, dicen ellos, son absolutamente normales en responsabilidades como las de ellos. Y sí, tienen razón: en la iniciativa privada los sueldos ejecutivos suelen (o solían, en realidad cada vez menos) tener prestaciones importantes, entre ellas un seguro de gastos médicos mayores, pero el servicio público no es la iniciativa privada.Hay muchas razones por las que los funcionarios, independientemente de su rango, no deberían tener este tipo de prestaciones. Una y suficiente es porque la recién aprobada ley de austeridad lo prohíbe, pero eso nunca es una razón de peso para quienes están encargados de hacer cumplir las leyes; el Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Administrativo y Consejo de la Judicatura. Ellos siempre encuentran una buena excusa para no acatar lo que no les conviene (están amparados ante la entrada en vigor de la nueva ley). Lo más seguro es que argumentarán que la ley no puede ser retroactiva, que ellos se pagan el seguro desde hace años y que son un poder independiente, cosa que realmente nos gustaría que fuera verdad. Aceptando, pues, que el hecho de que exista una ley no es argumento de peso para magistrados y otros miembros del poder judicial, hay otras razones por la cuales ningún funcionario público debería tener como prestación el seguro de gatos médicos mayores. Dos me parecen fundamentales.La primera es que todo servidor público tiene derecho a los servicios de salud del Estado, sea el IMSS o ISSSTE, según el caso, pero ninguno de ellos está desprotegido. Si el argumento es que esos servicios son de muy baja calidad, la única respuesta posible es sí, efectivamente, el nivel de atención en estas instituciones deja mucho que desear, y todos los poderes son en su medida responsables de que eso sea así, si no por acción directa, pues los servicios de salud dependen del poder Ejecutivo, sí por omisión. Dicho de otra manera, si lo diputados y magistrados fueran usuarios de los servicios de salud del Estado estarían mucho más preocupados por mejorar la calidad de la atención. Pero, cuando un consejo de la judicatura argumenta: “Imagínense a un juez yendo al Instituto Mexicano del Seguro Social… perdería todo el día… y debe atender 30 o 40 audiencias”, es claro que no entienden las razones de fondo.El segundo argumento, más delicado aún, es el uso de dinero público para fines privados. Esto es, los funcionarios, de cualquier poder, no pueden usar el dinero público para satisfacer necesidades personales mientras no estén subsanadas las de todos. Como el Estado no puede brindarnos seguridad a todos, gasta el dinero público en guaruras para los “importantes”; como el Estado no puede dar servicios de salud a todos, se gasta el dinero público en asegurar la salud de los jueces y magistrados. Esta es la peor de las perversiones del ejercicio del presupuesto.Todos los funcionarios tienen derecho a tener un seguro de gastos médicos, mientras lo paguen con su dinero y no con el nuestro.
