Las grandes reformas judiciales arropadas en la Constitución mexicana han tenido en la historia reciente un enfoque de fortalecimiento y reconocimiento a la importancia que la labor jurisdiccional tiene para el desarrollo del Estado, sin embargo aún no se han alcanzado los niveles que serían los adecuados. Asumir que existe un desequilibrio entre poderes donde el Judicial es el que puede ser más fácilmente sujeto de intromisión por los otros dos, es la conclusión de haber incorporado al rango constitucional la obligación del Estado en su conjunto para garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial. Justamente, la designación y permanencia de los jueces y magistrados es una de las vías en la que con mayor claridad se refleja la necesidad de esa participación republicana para que esta garantía judicial alcance a impactar en beneficio de la sociedad. Se ha reconocido por propios y extraños que lo delicado de la actividad jurisdiccional más sus requisitos técnico jurídicos exige ineludiblemente la especialización en sus funcionarios integrantes, de ahí que se haga necesario establecer un proceso de formación y permanencia que sea reconocido en la oportunidad de ir escalando posiciones dentro del tabulador laboral judicial en lo que se ha denominado Carrera Judicial y que muy lamentablemente ha dejado de ser determinante al momento de revisar la currícula y antecedentes de quienes aspiran a ocupar una alta posición de responsabilidad en el Poder Judicial no obstante que así lo establece la legislación vigente y la reglamentación secundaria, por lo que es necesario acatar a cabalidad dicho ordenamiento y garantizar su cumplimiento con el que sin duda las decisiones que se tomen al momento de nombrar a los funcionarios púbicos estarán debidamente sustentadas en el estricto marco de derecho que nos rige y al cual estamos conminados a respetar. No hay duda que el juzgador que hubiera desempeñado las tareas asignadas a cada una de las categorías inferiores tendrá un mayor conocimiento y percepción de la trascendencia de sus decisiones y se encontrará en plena libertad e independencia para administrar justicia sin influencias de ningún tipo por posibles compromisos o afinidades externas. Ciertamente por ser un servicio público del Estado, es decir, parte de la administración pública, la Justicia tiene un alto riesgo de considerarse un apéndice más para la colocación de funcionarios por compromiso político, práctica que es contraria al espíritu de autonomía e independencia que debe regir las decisiones jurisdiccionales para que alcancen el papel de garantes del Estado de Derecho como principio de gobernabilidad. Al respecto, nuestra Entidad está inmersa en un proceso de renovación de magistrados de los diversos órganos del Poder Judicial en el que desde luego cabe la posibilidad de ratificación o sustitución en su caso y en el que se espera del Legislativo una actuación comprometida con el Estado de Derecho, consciente de la trascendencia de sus decisiones y debidamente soportada en un análisis del desempeño, antecedentes y preparación de los funcionarios sujetos a escrutinio. Siempre resultará grato presenciar gestos de responsabilidad, prudencia y madurez en el ejercicio de una función pública porque constituyen la base para recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
