En días pasados el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reformas a la Constitución de Jalisco con el objeto de eliminar lo que se ha dado en llamar “veto de bolsillo”, que a juicio del promovente, consiste en que el Poder Ejecutivo deje de publicar una ley o decreto y tampoco la devuelva al Legislativo con sus observaciones, dentro de los plazos establecidos en el Artículo 33 Constitucional. Sin duda que la iniciativa es importante y necesaria. Sin embargo “ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio” y confunde los términos: para empezar, eso a lo que se hace referencia no es lo que en la Ciencia Política se conoce como veto de bolsillo y que consiste en que la contabilidad de los días de que dispone un Ejecutivo para hacer observaciones a una ley y regresarla al Congreso se interrumpe cuando este entra en receso. Como la Constitución de Jalisco señala para el Congreso un mínimo de sesiones durante todos los meses del año, no establece recesos ni la instalación de una Comisión Permanente, como tal la figura no existe. Por tanto, la práctica más bien se llama impunidad, falta de responsabilidad política; o, si se quiere “veto de bolsillo a la mexicana”. Me explico: Lo que permite que eso no sea sancionado en nuestro Estado es que desde 1983 el gobernador no es responsable por violaciones a la Constitución. Antes sí lo era: el 16 de Febrero de 1947 Marcelino García Barragán fue destituido como gobernador de Jalisco por negarse a publicar un decreto enviado por el Congreso del Estado. Los gobernadores que han existido en Jalisco desde 1995 a la fecha reiteradamente han recurrido a esa práctica. Tan sólo el actual gobernador ha dejado de publicar 27 decretos: ocho en la LVIII Legislatura y 19 en la LIX. Empero, en las relaciones Ejecutivo-Legislativo no sólo existe esta mala práctica, sino que también la conocida como “la congeladora”, que viene siendo el “veto de bolsillo” (si se le puede llamar así) de los diputados y que consiste en que éstos dejen de turnar a los Ayuntamientos del Estado las reformas constitucionales aprobadas para impedir su entrada en vigor. En la pasada Legislatura al menos tres asuntos importantes fueron metidos a “la congeladora”, entre los que destaca la relativa a pasar el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Poder Ejecutivo al Judicial y que debería entrar en vigor en marzo del presente año. Para que los diputados no sigan metiendo a “la congeladora” reformas constitucionales, deberían también reformar la Constitución para facultar al Ejecutivo a enviar a los Ayuntamientos las reformas constitucionales que el Congreso no les hiciera llegar 20 días después de haber sido aprobadas. Porque la iniciativa no contempla la solución de esta otra práctica violatoria de la Constitución es parcial; y por no promover la iniciativa preferente al gobernador parece más bien una propuesta destinada a limitar al Ejecutivo más que a resolver un problema de forma integral.
