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Lunes, 14 de Octubre 2019
Ideas |

El costo de las Policías y la factura de la delincuencia

Por: Mario Muñoz

En los primeros meses de 2006, como candidato a la gubernatura, Emilio González Márquez prometió la conformación de una Policía Metropolitana de Guadalajara para abatir la delincuencia. En 2013 terminó su sexenio y jamás cumplió, mientras los indicadores de violencia e inseguridad literalmente se dispararon.

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En ese periodo gubernamental, Emilio aumentó los presupuestos de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría, exigió al Congreso de Jalisco reformas en materia de seguridad y justicia, así como un crédito bancario, pero de nada sirvieron y los números lo evidencian: en 2007 se documentaron 73 mil 622 averiguaciones previas por delitos del fuero común, principalmente robos y homicidios, mientras en el último año de González Márquez (2013) se registró la cifra más alta en la historia del Estado: 101 mil 974.

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En presupuestos, la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría erogaron más de 2 mil 408 millones de pesos en 2007, mientras en 2013, la bolsa aumentó a 2 mil 977 millones, sin contar el crédito bancario que le autorizó el Congreso de Jalisco al Gobierno por mil 500 millones de pesos, que se invirtió entre los años 2012 y 2013 para un mayor equipamiento ante las embestidas y narcobloqueos del crimen organizado. En el ámbito legislativo, el Congreso de Jalisco autorizó varias reformas, entre las que destacan la Ley del sistema estatal de seguridad pública (que incluía depurar a los malos o corruptos policías y para que las corporaciones fueran más efectivas en el combate de la delincuencia) y la Ley de extinción de dominio (para facilitar los procesos y atacar las finanzas de la delincuencia, con la intención de desarticularla de fondo), entre otras.

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Todo lo anterior de poco sirvió para abatir a la delincuencia. ¿Por qué aumentaron los delitos y la percepción de inseguridad? La respuesta de la pasada autoridad fue “simple”: las matanzas entre delincuentes por las disputas de los territorios y porque los narcotraficantes o el crimen organizado se habían diversificado, sumándose a los robos, extorsiones y asesinatos de personas inocentes.

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La “superfiscalía”

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En 2013, la administración estatal se repartió entre los mandatos de Emilio González (enero-febrero) y Aristóteles Sandoval (a partir de marzo), quien empujó una reforma “estructural” y fusionó a la Secretaría de Seguridad con la Procuraduría, replicando modelos priistas en estados como Chihuahua (Coahuila hizo lo mismo que Jalisco, pero en 2012 regresó al modelo de Secretaría de Seguridad y Procuraduría). Así se creó la Fiscalía General con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Estado.

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Aunque el entonces fiscal Luis Carlos Nájera siempre reprobó el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (Mide), que “transparenta” las estadísticas de las averiguaciones previas, por ejemplo, entre 2013 y 2014 se reportó una reducción de los delitos del fuero común: bajaron de 101 mil 974 a 91 mil 577 averiguaciones, respectivamente. El problema es que el año pasado se incrementó la inseguridad a 95 mil 329 averiguaciones —hay que remarcar que cada averiguación puede incluir varios delitos, por lo que la incidencia delictiva podría ser mayor—.

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¿Cuál es el escenario de este año? Entre enero y agosto suman 70 mil 516 averiguaciones o carpetas de investigación (el nuevo nombre tras la reforma al sistema de justicia penal). La tendencia es precisa: todo indica que será año récord en delitos.

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Si en 2007 la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría tuvieron un presupuesto de 2 mil 408 millones de pesos, este año, la Fiscalía cuenta con 6 mil 410 millones de pesos, pero sin contar con el nuevo crédito por mil 115 millones de pesos para el llamado C5 (695 millones para el nuevo sistema de videovigilancia), la construcción de tres bases regionales para la Fuerza Única (200 millones), además del mantenimiento y la rehabilitación de penales del complejo penitenciario de Puente Grade” y las cárceles regionales (220 millones).

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Alarma. Con el triple del presupuesto en el comparativo anual 2007-2016, la “superfiscalía” de Aristóteles Sandoval no frena- ni reduce los delitos, pero la responsabilidad es compartida con las principales Policías de la metrópoli; es decir, las corporaciones que encabezan Enrique Alfaro (Guadalajara), Pablo Lemus (Zapopan) o Tlaquepaque (María Elena Limón), entre otras.

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A la espera

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Hoy, las promesas para que reduzca la inseguridad son dos: la implementación del C5 por parte de la Fiscalía y la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad por parte de los ayuntamientos. Mientras tanto, el Inegi acaba de publicar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, que revela cifras escandalosas. Por si les interesa a los gobernantes la opinión de la población:

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1.- A pesar de los nuevos canales de denuncia, la “cifra negra” de delitos aumentó a 94.2 en Jalisco. Esto significa que sólo seis de cada 100 víctimas denuncian ante el Ministerio Público.

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2.- Del total de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 45.9% de los casos no pasó nadao no se resolvió la denuncia.

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3.- Entre las razones para “no” denunciar los delitos destaca la “pérdida de tiempo con 33%” y la “desconfianzaen la autoridad con 16.6%”, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, que son “miedo a que extorsionarán a la víctima”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” o “por actitud hostil de la misma”.

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4.- Según la población, los cinco principales delitos en Jalisco son robo total o parcial de vehículo, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude y robo en casa habitación.

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5.- Las cinco conductas delictivas o antisociales más frecuentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara son: se consume de droga, se consume alcohol en la calle, existen robos o asaltos frecuentes, existe pandillerismo o bandas violentas, además se vende droga.

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6.- En Jalisco, la percepción de inseguridad afecta al 69.1% de la población. Hasta los habitantes de Chihuahua (donde se ubica la violenta Ciudad Juárez) se sienten más seguros (63.1). En el Área Metropolitana de Guadalajara el porcentaje asciende ligeramente a 70.1%. En Yucatán como Estado (sólo 31% de la población tiene una percepción de inseguridad) y Mérida como ciudad es donde hay mayor paz o tranquilidad (33%). Por su parte, Chiapas es la Entidad donde menos delitos se cometen.

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7.- Sólo 53.3% de la población en Jalisco confía en la Policía. Reprobada.

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8.- Para los jaliscienses, las instituciones de seguridad a las que se les tiene poca o nada de confianza son la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal, Ejército y Marina.

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9.- Sobre la percepción de corrupción con respecto de las autoridades de seguridad y de justicia, 76.1% de la población considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Municipal con 66.7 por ciento.

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10.- En Jalisco, en el cajero automático, en el transporte público, en la calle, en el banco, en el mercado, en la carretera, en el parque o centro recreativo, en el automóvil, en el centro comercial, en la escuela, en el trabajo o en la casa es donde la población manifiesta sentirse más insegura.

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11.- En México, el costo anual a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representa un monto de 236.8 mil millones de pesos; es decir, 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior significa que 23 millones 300 mil víctimas tuvieron una pérdida equivalente a 5 mil 905 pesos por persona en promedio en 2015.

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12.- Si en Jalisco se estima que un millón 815 mil 211 personas fueron víctimas del delito el año pasado, esto representa que tuvieron pérdidas por 10 mil 718 millones de pesos.

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Conclusión

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Todo el dinero que se destina anualmente en Jalisco para la seguridad pública (incluyendo a la Fiscalía y a las Policías de los 125 Ayuntamientos) es equivalente a lo que pierde la población que es víctima de la delincuencia cada año. En otras palabras y en números redondos: la autoridad estatal y municipal en Jalisco gasta para nuestra “seguridad” alrededor de 10 mil millones de pesos cada año, mientras la población pierde ese recurso por ser víctima de la delincuencia.

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De ese tamaño es el boquete de las estrategias de seguridad. De ese tamaño es el costo en nuestras corporaciones y las pérdidas económicas de las víctimas.

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Del fracaso del sistema de justicia penal otro día le preciso.

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