No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta que las descalificaciones de AMLO al IFE —durante las elecciones de 2006 y 2012, especialmente en esta última cuando le llamaron “Instituto del Fraude Electoral”—; el “nacionalismo” del PRD que quiere nacionalizar hasta las elecciones; y la amnesia del PAN, que —olvidándose que ellos fueron los principales impulsores del IFE— terminaron sepultándolo, para crear un adefesio constitucional llamado INE (Instituto Nacional Electoral). A lo anterior súmese la paranoia panista y el cuento de la “captura” de los organismos electorales locales por los gobernadores. El que los diputados locales, en un acto de abdicación a su soberanía, estén aprobando ese oprobio de reforma constitucional, no es debido a un exceso de presidencialismo, sino de disciplina partidaria (que por cierto existe más en los sistemas parlamentarios que en los presidenciales). Con lo ocurrido, ha quedado demostrado que en México su transición democrática y alternancia partidaria no ha podido hacer posible lo que normalmente sucede en otras democracias federales: que las legislaturas locales no aprueben una reforma constitucional aprobada por el Congreso federal. Debe señalarse que de no ser por el PRI no se hubiera logrado el número de votos necesarios para que la reforma constitucional en materia político-electoral se hubiera aprobado en las ocho legislaturas locales que así lo han hecho (incluido el Estado de México, donde su gobernador había dicho que no se aprobaría). Por lo tanto, no se ve ningún problema para que en este mismo mes quede incorporada en el texto constitucional. Conseguido lo anterior, el problema se traslada a la legislación secundaria y los plazos. En esto último dos son fundamentales: 1.- El 30 de abril, fecha límite en que deben estar publicadas al menos tres nuevas leyes generales y una serie de ajustes a leyes secundarias; y 2.- El 30 de junio, último día en que se pueden publicar reformas que se apliquen en el proceso electoral de 2015, que inicia en octubre del presente año. Dado que el Congreso inicia sesiones hasta el 1 de febrero, se tendrían tres meses para cumplir con el primer plazo. Empero, la experiencia dice que el Legislativo nunca cumple con los plazos que él mismo se fija en los transitorios de las reformas constitucionales. A los Congresos de los 15 estados que tendrán elecciones en 2015, también les aplica la fecha límite del 30 de junio para adecuar su legislación electoral, lo que se ve más difícil aun de lograrlo. El INE entra en vigor el próximo 30 de abril; y, si para esa fecha aún no está aprobada la legislación secundaria ejercerá las atribuciones que las leyes otorgan al IFE. Otro reto es el nombramiento de los consejeros del nuevo organismo que debe ocurrir dentro de los 120 días posteriores a la publicación de la reforma. El asunto es que si no se cumplen estos plazos, sobre todo el del 30 de junio, la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral de julio de 2015 estaría en serias dificultades por primera vez desde hace 23 años, y eso sí que sería un retroceso. Ya veremos.
