Jueves, 22 de Febrero 2024

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Derechos vulnerados en Honda

Por: Rubén Martín

Derechos vulnerados en Honda

Derechos vulnerados en Honda

Honda es una de las grandes empresas de la industria automotriz mundial. La empresa japonesa fundada en 1946, llegó a México en 1985, instalando una pequeña planta en El Salto, Jalisco para la producción de motocicletas y autopartes y en 1994 se amplió la planta para la producción de automóviles y camionetas.

Actualmente la planta de El Salto tiene dos mil 300 trabajadores y, según información de los propios trabajadores, se producen 250 camionetas CR-V al día, es decir más de 90 mil unidades, cuyo precio en el mercado es de 300 mil a 400 mil pesos. Hablamos de una producción anual de aproximadamente 32 mil millones de pesos.

Desde 2010 un grupo de trabajadores promovió la formación del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), con el propósito de contar con instancia propia de representación y negociación frente a la patronal.

Como es usual entre las empresas emplazadas en el Corredor Industrial de El Salto, los sindicatos que operan son de protección para los patrones, y funcionan sin que los verdaderos trabajadores conozcan a sus representantes; estos “sindicatos” son una simulación pues no tienen vida orgánica ni hacen partícipes a sus agremiados de la información y menos de la toma de decisiones.

En Honda opera el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), afiliado a la CTM.

El STUHM logró afiliar a más de la mitad de los trabajadores de la planta en El Salto. Sin embargo la empresa se ha negado a aceptar su representación con pretextos tan banales como negarse a recibir el documento oficial de las autoridades laborales, o maniobras más turbias como generar conflicto entre sindicatos.

Al menos en dos ocasiones la Policía Municipal de El Salto ha detenido y agredido a integrantes del STUHM sólo por repartir volantes.

En la primera ocasión se detuvo al secretario general del STUHM, José Luis Solorio, acusado de “robar” una video-pluma de un guardia de seguridad. El 5 de febrero ocurrió algo más grave cuando tres trabajadores y un maestro solidario fueron detenidos violentamente por la Policía de El Salto; a dos de ellos se les amagó con un arma, se les arrojó gas lacrimógeno dentro de un vehículo y se les apagó un cigarro encendido en el cuerpo; a otro más le dieron un cachazo en la cabeza. Tras ocho horas detenidos en la cárcel municipal de El Salto, fueron puestos en libertad mediante el pago de una multa administrativa de 400 pesos. Y todo por repartir volantes afuera de la planta.

Los integrantes del STUHM denunciaron que cuando estaban detenidos fueron amenazados para que no se volvieran a manifestar y dijeron tener “órdenes de muy arriba”, citando supuestas instrucciones del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz y de su secretario de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez.

Sería grave e irresponsable que la autoridad estatal de Jalisco diera instrucciones de reprimir a un sindicato para proteger a un empresa privada. Si no es así, deberían deslindarse de estos hechos y pronunciarse en contra de hechos represivos que no debieran ocurrir en Jalisco ni en el país.
 

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