La tercera parte de las entidades que forman la República Mexicana fueron víctimas del daño social que causaron sus gobernadores en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Sonora y Veracruz, que en conjunto tienen una población de 39 millones de habitantes, de los cuales, según estimaciones del Inegi, 45% están sumidos en la pobreza, más de 175 millones de personas continuarán durante 6 años sin mejorar un ápice su miserable condición; en cuanto al resto de los pobladores de estas entidades, si quitamos a los que se coludieron con los gobernadores que, por supuesto, son unos cuántos, el daño social por mantener en la marginación a toda esta población es un crimen que debe castigarse.El daño social es moral y económico, es como una pandemia que afecta a la colectividad. El daño moral no es fácil de cuantificar pero el daño económico sí. La deuda de esas entidades federativas, según datos oficiales asciende a la cantidad de 294 mil 478 millones de pesos (MDP). Que comparada con la deuda del año 2010 que era de 149 mil 268.6 MDP sufrió un incremento de 145 mil 209.4 MDP; sin embargo según datos de la Auditoría Superior de la Federación el saqueo en los últimos 6 años asciende a 307 mil MDP, por lo que no nada más se robaron los 145 MMDP que pidieron prestados, sino que echaron mano de las participaciones que les otorga el Gobierno federal.¿Por qué se permitió que se llevara a cabo este escandaloso saqueo? Si hay controles interno de las contralorías y las auditorias que hacen los congresos estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La única respuesta es que todos estaban coludidos y las auditorías se hacen a todo pasado, cuando ya no tienen remedio porque el hurto ya se cometió años atrás, además de que, las leyes para castigarlos no se aplican y porque el Sistema Nacional Anticorrupción marcha a paso tan lento que a propósito lo hacen para que se aplique en el próximo sexenio.Hasta ahora el daño causado a la sociedad se comienza a perseguir pero hace falta que se juzgue y condene, porque si resulta que está tipificado como delito no grave, a los gobernadores que encarcelen, junto con sus cómplices, pronto los veremos en la calle gozando de libertad condicional. Lo justo sería que además de privación de libertad, se obligara a restituir el daño económico y social. Este último puede cuantificarse incluyendo a los más de 17.5 millones de pobres que continuarán sumidos en la pobreza por la falta de trabajo, de educación y de servicios de salud.La Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR debería intervenir para localizar los bienes y dinero robado para destinarlo al combate a la pobreza localizada en esas entidades saqueadas, aun cuando en los demás estados, no obstante que no se han detectado robos escandalosos, no están exentos de que los haya.Por otra parte, el principio de “Daño Social” no existe en la legislación mexicana, por lo que habría que legislar sobre la materia, porque va más allá del resarcimiento del daño económico; no es sinónimo de la recuperación de activos, por el contrario se trata de la posibilidad de exigir reparación por los daños sociales causados. Es una figura que busca compensar las consecuencias de los actos de corrupción.
