2015 terminó como un magnífico año para la industria automotriz mexicana, que creció de manera espectacular en su mercado interno, producción y exportación. Pero una de las noticias que se generó a principios de diciembre y llegó a las redes sociales apenas a finales del último mes del año pasado, no fue nada buena para nosotros, aunque pudiera parecer esperanzadora para algunos. Hablo de la carta que Consumer Union, una división que se define como de “políticas y acciones” de Consumer Reports, envió a Mary Barra, Jefe Ejecutivo de General Motors global, en la que el organismo se muestra indignado por el hecho de GM aún vende vehículos inseguros en los llamados países emergentes. Por más que tengamos que aplaudir la iniciativa, ésta resulta nada realista y el probable resultado es nulo, es decir, GM no debe tomar ninguna acción basada en una carta recibida, por más que venga de un organismo muy respetado y respetable. Lo peor de todo es que GM tiene la razón.Desde la creación de LatinNCAP, la variante latina del instituto que prueba la seguridad pasiva de los autos, se puso en evidencia lo obvio: los coches vendidos en la región no son tan seguros como en el primer mundo. Es tan claro, tan aplastantemente fácil de percibir, que llama la atención que sólo ahora el público y los medios de comunicación hablen de ello. Es como quedarse sorprendido por la mayor cantidad de pobres en África comparada a Europa; o abrir los ojos al descubrir que el nivel de educación es inferior en Brasil comparado a Japón. Somos más pobres que Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia y varios otros. Todo mundo lo sabe. La única diferencia ahora es que un organismo del primer mundo, salga en defensa de los consumidores del tercer mundo —sí, ya lo sé, la expresión hoy políticamente correcta es “países emergentes”, lo que no cambia nuestra situación, sólo el apodo que a ella se da— lo que es loable pero totalmente irrealista.Porque no olviden que fabricar de autos es un negocio como cualquiera y como en todo negocio, el objetivo es generar dinero. Para hacerlo se enfrenta a varias cosas como la competencia, los costos internos y los precios de mercado. Claro, sin olvidar de la legislación. Y como ésta es distinta en cada país, los productores se adaptan a ellos y a sus leyes, sean regulaciones determinadas por la autoridad o por el mercado.El correcto destinatario de la cartaTomemos como ejemplo el Aveo, citado en la carta destinada a GM. Chevrolet México terminó 2015 vendiendo cerca de 75 mil unidades del auto producido en San Luis Potosí. Cerca de 68 mil entre esos son vendidos sin ABS y bolsas de aire. Su precio de lista va de 163 mil a 221 mil pesos. Ponerle esa seguridad mínima —hoy ya requerida en algunos países como Brasil o Chile— significaría invertir alrededor de 8,500 pesos por automóvil. Esto implicaría aumentar el costo de producción del Aveo en cerca de 578 millones de pesos ( alrededor de 34 millones de dólares). Hacerlo necesariamente forzaría subir el precio y con esto seguramente ver el número de ventas bajar considerablemente, como es normal en ese segmento ultra-sensible a los precios. Menos ventas, menos utilidad, obviamente.Entonces entran en acción las leyes de mercado. Porque sus rivales tienen también versiones sin esa seguridad mínima. El más fuerte y famoso es el Nissan Tsuru, cuyo precio empieza en 138,600 pesos. Pero también están enemigos como el Hyundai Grand i10 o el VW Gol sedán. En otros segmentos hay autos sin esa seguridad como el Ford Figo; el Nissan March o el mismo Chevrolet Spark. ¿Por qué sólo GM sería responsable de usar ese nivel de seguridad?Sí, Consumer Union hace la carta a General Motors y queda muy bien ante su público, mostrándose como un organismo responsable por defender a una audiencia sobre la cual no tiene mucho que ver. Pero para que realmente fuera correcto lo que hizo, la misma carta debería ser enviada por lo menos a Carlos Ghosn, de Nissan y a Mark Fields de Ford, al igual que una de agradecimiento a Sergio Marchionne de FCA, dado que todos sus autos (con excepción de un Mitsubishi) vendidos en México cuentan con esa seguridad reclamada. Porque no puede haber exigencia o justicia sólo para uno o unos cuantos. Por eso, el verdadero destinatario de una carta como la enviada a Mary Barra, debe ser Enrique Peña Nieto. Sin esto, hasta ahora lo que hizo Consumer Union, me suena a pura y simple demagogia.
