El Gobierno ya movió pieza con respecto a la consabida, rutinaria, previsible demanda de los concesionarios del transporte público para que se les conceda un aumento en la tarifa: “No”.Sin embargo, la experiencia enseña que cuando el Gobierno dice “No” a algo, por estridente que la negativa haya parecido, el vocablo puede tener muchos significados. Pocas veces, al final del cuento, prevalece el “No” como algunos ingenuos lo interpretaron en el primer momento.-II-Así pues, es muy probable que el desenlace de las deliberaciones y conciliábulos que a partir de mañana viernes tendrá la pomposamente denominada “Comisión Tarifaria” para analizar el tema, sea —digamos por ejemplo— un “No” rotundo y categórico a la hipotética tarifa de nueve pesos, pero, en cambio, “considerando los aumentos que en el último año ha habido en los insumos”, como concesión graciosa de la “h.” Autoridad, la aprobación a la de ocho. Es decir, solución salomónica: lo justo para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo: con los concesionarios, para que no se diga que se les impide solventar los gastos que implica la prestación del que esencialmente es un servicio público —y, adicionalmente obtener un lucro lícito-—, y con los usuarios.En el caso de estos últimos, los “sondeos” que se hagan en cuanto se apliquen las medidas previsibles, remitirán a la consabida cantaleta: todos estarían dispuestos a pagar más por el servicio… si éste satisficiera los mínimos requisitos de eficiencia y dignidad.-III-Al conceder el incremento previsible —y, peor aún, si ésta vez hiciera efectivo el “No” y llegara a negarlo—, la Autoridad condenará a los usuarios a seguir soportando un servicio calamitoso… Autorizada (o denegada) la nueva tarifa, volverá a ser omisa, sistemáticamente —como, desde tiempo inmemorial, lo ha sido—, para supervisar la calidad del transporte público, para vigilar que se cumplan al pie de la letra los lineamientos que se establecen a fin de mejorarlo, para llevar a cabo la reestructuración (que fue, por lo demás, “compromiso de campaña” de la administración actual), y para revocar, en pleno ejercicio de la autoridad, las concesiones cuando, de conformidad con leyes y reglamentos, haya motivos para ello.El desenlace de la película —que, como suele decirse, “ya la vimos”…— es previsible: si se concede el incremento que formalmente solicitarán los concesionarios, malo: si no se concede…, peor. Y el usuario, como de costumbre, seguirá siendo el tonto de Patolandia.
