Para decirlo sin anestesia: la decisión de revertir el aumento —autorizado a finales del año pasado— a las tarifas del transporte público, como vía para forzar la mejoría del servicio, es demagógica. Es —también hay que decirlo— una confesión de incompetencia de la autoridad. Es —permítase la analogía— algo similar al padre de familia que, incapaz de establecer normas claras y de estar atento a su puntual cumplimiento, pretende resolver los conflictos que surgen, a punta de coscorrones, nalgadas y chanclazos. -II- La decisión de exigir el regreso a la tarifa de los seis pesos a raíz de la “chuza trágica” del viernes pasado frente a la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, además de demagógica, es una actitud pusilánime. En el entendido de que el episodio detonaría, fatalmente, la irritación de la comunidad universitaria —y, por contagio, de la sociedad en general—, la autoridad se sacó de la manga una estratagema al más puro estilo Poncio Pilatos: antes de que los universitarios se le echaran encima, decidió lavarse las manos y endosar la factura de los platos rotos, íntegra, a los concesionarios del servicio. Se preocupó de que no fuera a pensarse —¿o “a descubrir”..?— que la autoridad es incompetente para establecer las reglas de operación del que esencialmente es un servicio público; resolvió que los villanos de la película serían los camioneros, y que sobre su crisma se orientaran, llegado el momento, las iras de la turba enfurecida. -III- Castigar a concesionarios, permisionarios, subrogatarios y anexas con la reducción de la tarifa, además de ser demagógico y pusilánime, será, en el mediano plazo, contraproducente. Si los egresos implícitos en la prestación del servicio (insumos, salarios, gastos de administración, valor de reposición de las unidades...) se incrementan continuamente, y los ingresos, lejos de ir a la par, van a la baja —por una decisión gubernamental atrabiliaria, populista, decidida sobre las rodillas—, la consecuencia inevitable será el deterioro en la calidad del servicio; es decir, exactamente lo contrario de lo que se pretende... y de lo que la sociedad merece y demanda. Si el orden demuestra la eficiencia de un gobierno, el desgarriate es síntoma inequívoco de su ineficiencia. En una sociedad bien gobernada, los servicios públicos se ponen en manos de técnicos especializados en las materias correspondientes; no de oportunistas, acomodaticios, chambistas y vividores de la política: eternos aprendices de todo y eternos oficiales de nada...
