Jueves, 01 de Diciembre 2022
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Jalisco

Fiscalía Anticorrupción logra sólo tres sentencias

En un análisis del Imco se destaca que sólo ocho Estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas

El Informador

Desde 2018, la Fiscalía Anticorrupción estatal inició tres mil 907 investigaciones, de las cuales sólo tres han derivado en sentencias condenatorias, tras los fallos en el Poder Judicial.

El elevado número de indagatorias y los pocos casos llevados ante un juez muestran el rezago en los diagnósticos presentados durante este año sobre el trabajo de las Fiscalías Anticorrupción que operan en el país.

El último se trata del estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el que Jalisco se ubica en el onceavo lugar a nivel nacional, junto con otras cuatro Entidades, en el promedio de investigaciones judicializadas, pues sólo 1% llegó a los juzgados. Lo anterior, considerando sólo el periodo de enero de 2019 a mayo de 2020, en el que se tenían 28 judicializaciones de dos mil 799 averiguaciones previas.

La Fiscalía de Jalisco se mantiene rezagada frente al desempeño de otras, pues en el análisis del Imco se destaca que sólo ocho Estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas.

Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción, respondió que las sentencias no son el único indicador con el que se puede medir la eficiencia. “Tenemos diversas carpetas que han concluido con la suspensión del proceso a prueba y con acuerdos reparatorios. En muchas se han obtenido reparaciones de daños”.

El año pasado, la dependencia tuvo cero acuerdos reparatorios y siete suspensiones condicionales del proceso.

De la Cruz recordó que la Fiscalía tiene menos de cuatro años. “La duración de un procedimiento no es menor a dos, a tres años. Estamos en los tiempos normales para llegar a sentencias”.

En el diagnóstico del Imco se concluye que si bien existen esfuerzos para avanzar en el combate de este problema, actualmente ninguna Fiscalía cumple con los estándares analizados en su nivel óptimo. Se añade que una cantidad importante de las investigaciones están en trámite, son enviadas al archivo temporal o están bajo no ejercicio de la acción penal. “A su vez, las sentencias condenatorias que han obtenido son escasas”. 

La Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción investiga las desapariciones forzadas de que fueron víctimas manifestantes por la muerte de Giovanni López. EL INFORMADOR/G. Gallo

Por otros delitos, dos de cada 10 denuncias en Fiscalía Anticorrupción

Un día después de las desapariciones forzadas cometidas por elementos de la Fiscalía del Estado en contra de jóvenes que se manifestaban el 5 de junio de 2020 en torno a las instalaciones de esa dependencia, la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación para determinar las posibles responsabilidades de los servidores públicos que participaron.

En el Informe “México: Una mirada más cercana a las Fiscalías Anticorrupción”, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, se menciona que estas corporaciones estatales tienen competencia sobre una gran variedad de casos, algunos de los cuales pueden tener poco que ver con la corrupción en estricto sentido, y que pueden incluir otros delitos y violaciones de los derechos humanos.

Un ejemplo de alto perfil es el caso de Jalisco, donde la Fiscalía especial está investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas por esos agentes.

De acuerdo con la estadística de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, durante el año pasado se abrieron 798 carpetas de investigación, de las cuales 191 corresponden a otros delitos.

En estas últimas se reporta que se inició una averiguación previa por desaparición forzada de personas.

Además, otras 161 carpetas de investigación se iniciaron por el delito que resulte. Y el resto obedece a los casos de tortura, amenazas y robos, entre otros.

En el diagnóstico se destaca que actores de la sociedad civil en Jalisco han recomendado reformas tanto para añadir como para eliminar delitos del mandato de la Fiscalía Anticorrupción.

Se explica que “del pequeño porcentaje de denuncias que han llevado a las condenas obtenidas por la Fiscalía,  muchas son casos de abusos policiales y otros delitos graves, pero no necesariamente de corrupción”.

Otro caso que se resalta en el estudio son las declaraciones de la fiscal de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, quien en diciembre del año pasado señaló que un porcentaje significativo de las denuncias contra las autoridades municipales habían sido por abuso de autoridad.

Este último, se precisa, es un tipo penal amplio que incluye, por ejemplo, la demora injustificada o la negativa de las autoridades para brindar servicios al público.

En el caso de Sonora, se reporta que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción ha criticado la saturación de la Fiscalía especializada debido a que investiga delitos de todo tamaño, tales como un soborno “de 200 pesos a un policía” o “la distracción de 10 sacos de cemento”.

“En términos generales, diversos actores identifican la necesidad de que las Fiscalías prioricen la investigación de prácticas de corrupción a gran escala”, señala el informe.

Avalan reforma 2.0

En septiembre pasado, el Congreso del Estado aprobó un paquete de modificaciones a 17 leyes y a la Constitución estatal, conocido como la reforma anticorrupción 2.0.

Los legisladores realizaron modificaciones de último momento, entre éstas, facultar a la Fiscalía Anticorrupción para identificar y asegurar los bienes en los delitos asociados a la corrupción. En el Código penal estatal se incluyen como delitos relacionados con corrupción la defraudación fiscal y el uso de recursos de procedencia ilícita. Y se considera una sanción de cinco a 15 años de prisión.

En la modificación constitucional se da autonomía técnica y de gestión a la Contraloría del Estado como Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado.

Aunque se modificó de último momento para suprimir la posibilidad de que la Comisión de Selección remueva a integrantes del Comité de Participación Social (CPS), activistas y el propio organismo señalaron ausencias y deficiencias en la reforma anticorrupción 2.0.

Criticaron que en materia del servicio profesional de carrera se incorporó lo opuesto a lo propuesto en la iniciativa original, que pretendía privilegiar la capacidad, integridad y paridad en los cargos. Además de que no se crea una ley de designaciones públicas.

También omiten dotar a la Fiscalía Anticorrupción de una Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción. Y se descartó tipificar los delitos contra el desarrollo urbano y corrupción en los negocios y el deporte.

De 2018 a la fecha, la Fiscalía inició tres mil 907 investigaciones, pero sólo tres han derivado en sentencias condenatorias. SUN/Archivo

¿Qué dice la ley?

Delitos perseguidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Se sancionan los actos vinculados con la corrupción en los que se involucran servidores públicos, así como particulares:

  • Ejercicio indebido y abandono del servicio público.
  • Abuso de autoridad.
  • Cohecho.
  • Peculado.
  • Concusión.
  • Delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos.
  • Uso ilícito de atribuciones y facultades.
  • Enriquecimiento Ilícito.
  • Delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público.
  • Desaparición forzada de personas.
  • Tortura.
  • Ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de influencias.
  • Fraude procesal.

TELÓN DE FONDO

Pocas sentencias

En los casi cuatro años que tiene de operación, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco cuenta con sólo tres sentencias condenatorias: una en 2020 por abuso de autoridad y  dos en este año, una por peculado y otra por uso ilícito de atribuciones y facultades. 

La primera se dictó en noviembre del año pasado en contra de Ezequiel “N”, elemento de la Ciclopolicía Municipal de Tonalá, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones. 

La condena es de un año y cuatro meses de prisión, así como 10 meses y 20 días de inhabilitación, según reportó la dependencia estatal a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2018. Alrededor de las 19:15 horas, el joven Juan Daniel “N” esperaba su camión en la esquina de Francisco I. Madero y Avenida Tonalá.  En ese momento pasaron dos ciclopolicías y uno de ellos,  Ezequiel “N”, se acercó a la víctima  y  le dijo que se lo llevaría.

En la narración de los hechos, se añade: “El joven le preguntó: ‘¿Por qué?’ Y extendió los brazos en señal de que le pusieran las esposas, y el policía lo golpeó con el bastón de práctica. El joven trató de huir, pero el elemento sacó su arma y se detuvo. Luego golpeó al joven en la cabeza. El otro policía intervino para separarlos y el agresor aprovechó para huir, mientras su compañero auxiliaba a la víctima”.

El panorama no es alentador

En el Informe “México: Una mirada más cercana a las Fiscalías estatales anticorrupción” de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, se destaca que el panorama no ha sido del todo alentador en esta materia, ya que muchos Estados no han logrado los resultados significativos en las investigaciones y los procesos penales.

Debido a los cuestionamientos de la sociedad civil y los medios de comunicación con relación a la falta de las condenas obtenidas por varias de las nuevas Fiscalías anticorrupción, éstas han argumentado su poco tiempo de funcionamiento (los procesos penales en México pueden durar varios años) y las suspensiones del trabajo de los Poderes Judiciales en 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

“Para que el Sistema Nacional Anticorrupción en México alcance su potencial, es esencial que estas Fiscalías cuenten con la capacidad y apoyo necesarios para atacar eficazmente los delitos relacionados con la corrupción”, se subraya.

Entre las preocupaciones de las Fiscalías, se añade, se encuentran los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, que son insuficientes para permitir su investigación, ya que es probable que dichos delitos sean denunciados o detectados después de que ciertos actores implicados dejen el poder.

“Si bien lo anterior subraya la necesidad de mejorar la pronta detección de estos delitos, se mantiene la preocupación por los casos en los que ya se haya producido algún retraso que pueda impedir la sanción de los delitos”.

El próximo año, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco contará con un presupuesto de 62.4 millones de pesos. EL INFORMADOR/G. Gallo

CONGRESO DE JALISCO

Señalan bajo presupuesto

Para el próximo año, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco contará con un presupuesto de 62.4 millones de pesos. Aunque representa un ligero aumento con respecto al actual, está por debajo del que tuvo el año pasado, cuando le fueron asignados 66.2 millones.

Lo anterior significa que Jalisco sigue rezagado  en el presupuesto per cápita para el combate a la corrupción.

En el diagnóstico elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, se destaca que la Fiscalía de Sonora, además de tener más tiempo operando y obtener el mayor número de condenas, así como más órdenes de aprehensión que las corporaciones analizadas (Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Veracruz), también tiene el mayor presupuesto per cápita.

“Mientras tanto, Jalisco y Veracruz, que ocupan el tercer y cuarto lugar entre los Estados más poblados del país, informaron contar con presupuestos notablemente menores en relación con el tamaño de sus poblaciones”, se puntualiza.

En 2020, Sonora tuvo un presupuesto de 66.3 millones de pesos, lo que significa un per cápita de 22.51 pesos.

Aunque Jalisco tuvo una bolsa asignada por casi la misma cantidad, con 66.2 millones de pesos, el presupuesto per cápita es de 7.93 pesos.

Detectan rezagos

De acuerdo con el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil, las 29 Fiscalías Anticorrupción del país evaluadas, entre las que se encuentra Jalisco, carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

Sólo cinco Estados: Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz, reportaron que el presupuesto de la Fiscalía especializada es asignado de manera independiente a la Fiscalía del Estado, “lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones”.

Se señala que durante 2019 y 2020 recibieron capacitación los ministerios públicos, policías y peritos de sólo cuatro Entidades (Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora).

En el Estado de México se cuenta con el mayor número de ministerios públicos (55). Mientras tanto, las dependencias de Guerrero, Colima y San Luis Potosí cuentan con el menor número de ministerios públicos, “sin que exista una justificación en términos de extensión territorial o población”. Las primeras dos cuentan con tres agentes ministeriales. Y  la última con  dos.

Sólo 14  Fiscalías Anticorrupción: Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones a nivel local y federal para realizar investigaciones en materia de corrupción.

“Aunque las Entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, éstas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son  insuficientes”, concluye el estudio.

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