Un sistema de videovigilancia pirata fue detectado por el Gobierno de Jalisco en San Juan de los Lagos, dentro de la auditoría que se realiza a la Policía municipal tras el desarme de sus agentes por posibles nexos con el crimen organizado.Entre los primeros hallazgos destacó la instalación de una red de cámaras que no corresponde al Ayuntamiento. Se encontraban en distintos puntos del municipio, pero al no ser parte del sistema institucional, la Secretaría de Seguridad del Estado las retiró.La autoridad remarcó que tampoco existe certeza sobre la cantidad de elementos que conforman la corporación, pues de los 160 policías que refirió inicialmente sólo 101 se presentaron a las instalaciones de la Academia de Policía de Guadalajara para su capacitación e investigación; de éstos, 13 renunciaron voluntariamente.El primer informe documentó que 70 agentes realizaron el trámite de la licencia colectiva de portación de arma de fuego, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque el resto no contaba con la autorización, “todos estaban armados”.En el caso del comisario Hugo Armando Martínez Zacarías se confirmó que ni siquiera tiene aprobados sus exámenes de control y confianza. Y tras una revisión en su oficina se localizaron “pequeñas cantidades de droga en su escritorio”, además de que hay un director operativo registrado con un nombre que no corresponde a quien desempeñaba el cargo.“Hasta el momento, estos hallazgos son de carácter administrativo. Alguno podría rozar el derecho penal, por lo que, al concluir la investigación, se dará parte al Ministerio Público”, explicó el Gobierno jalisciense.El alcalde Jesús Ubaldo Medina informó que desde el martes se presentó el comisario tras no ser localizado durante la intervención de la Policía. “Estaba fuera del municipio”. La razón de su ausencia fue por “asuntos personales”, pero el munícipe admitió que no tenía conocimiento. Quien tampoco se había presentado era el escolta de Martínez Zacarías, pero ya ingresó a la Academia tapatía, confirmó el primer edil.Los policías ministeriales tienen el menor porcentaje de aprobación, según el análisis a cuatro instituciones de seguridad y justicia en Jalisco realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.De mil 697 operativos y altos mandos evaluados en la Fiscalía del Estado, 79% aprobó, 17% reprobó y el resto está pendiente de evaluación.En el contexto del desarme a la Policía de San Juan de los Lagos por sus presuntos vínculos con grupos criminales, el Sistema documenta que de los 12 mil 151 miembros de las corporaciones municipales en Jalisco, 81% aprobó los exámenes de control y confianza, 16% no lo hizo y el restante está pendiente de evaluar.La evaluación de control y confianza se compone de cinco exámenes: toxicológico, psicológico, médico, investigación socioeconómica y polígrafo.El Consejo Nacional de Seguridad Pública indica que se emite el certificado a policías, agentes de los Ministerios Públicos y peritos, así como altos mandos de las corporaciones, conforme a las capacidades de los Centros Estatales de Evaluación y Confianza.A partir del ejercicio 2014, el seguimiento de avances se centra en personal del servicio profesional de carrera y sus altos mandos, “excluye al personal administrativo y la policía complementaria y homóloga”.Jorge Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), recuerda que existe una base de datos a nivel nacional, la cual registra los policías que fueron dados de baja, ya sea por corrupción o despidos. Y los reprobados no puedan ser contratados en otro nivel de Gobierno. “Hay un registro que lo lleva Gobernación, pero un protocolo extra para seguimiento no hay... sería deseable para saber qué hacen después los elementos”.Por otro lado, Rogelio Barba Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), puntualiza que es prioritario cuidar el aspecto de los derechos humanos de los agentes. Por ejemplo, en ocasiones hay policías a los que les falta poco tiempo para jubilarse, pero reprueban el examen por una situación familiar complicada.“Y se vuelve un problema laboral y humano. Deben tener en observación a la persona, ya no de manera operativa, sino administrativa. Y si presenta estrés o alguna situación similar, la institución los tiene que apoyar. Se ha deshumanizado el proceso de coerción policial”.Con un cumplimento mayor están los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: de una plantilla evaluada de cuatro mil 905, destaca que 86% pasó las pruebas. Por último, los que tienen un mejor puntaje son dos mil 050 elementos del ámbito de Prevención y Reinserción Social evaluados: 87% aprobó.Según el análisis, los cuatro rubros significan una plantilla de 21 mil 509 elementos, de los cuales 20 mil 803 ya fueron evaluados. En general, 82% aprobó.El promedio a nivel nacional de aprobación es de 89% entre los policías y mandos, lo que significa que Jalisco está por debajo de la media. El porcentaje se calcula sobre el universo total de elementos.¿Quién es quién?Los federalesEl Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que en las evaluaciones a 58 mil 534 elementos de dependencias federales, 96% aprobó los resultados.CLAVESObjetivo. El resultado integral de la evaluación de control y confianza que se aplica a las corporaciones está orientado para identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones institucionales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios de la seguridad y justicia.Pruebas. Se destaca que el examen toxicológico se aplicará de forma sorpresiva y preponderantemente masiva a todo el personal de las corporaciones de seguridad. Las fases de psicología, poligrafía, medicina e investigación socioeconómica se realizarán de forma focalizada, a partir de elementos derivados del análisis de la información recabada con anticipación.Estudio. En la prueba psicológica se profundizará en las características de personalidad, capacidades o competencias requeridas para el cumplimiento de la función del puesto. Y la médica se centrará en la detección de patologías que se vinculen directamente con las actividades desempeñadas.Recurso. La fase de investigación socioeconómica identificará riesgos en el entorno de los servidores públicos o aspirantes mediante la investigación en distintas fuentes de los ámbitos familiar, escolar, laboral, social, económico, financiero, de vivienda, patrimonial, así como jurídico y administrativo.Polémico. Por último, el polígrafo tiene como objetivo fortalecer el nivel de confiabilidad y seguridad, a través del reconocimiento de conductas, principios y valores acordes a la corporación.LA VOZ DEL EXPERTOCarlos Flores (del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social)El investigador Carlos Flores destaca que es importante conocer los tipos de resultados no aprobatorios en las pruebas de control y confianza, debido a que las causas influyen en el procedimiento posterior. Dice que es diferente determinar que un elemento no es confiable por presuntos nexos con grupos criminales o porque es adicto a alguna sustancia. Eso no significa que no deba existir un desarme, aclara.“Por ejemplo, si sale mal en la prueba psicológica porque tiene estrés postraumático, o porque está sometido a una situación familiar complicada o algún problema personal, tienes que desarmar a la persona, pero no judicializarla. Debes canalizar al elemento a la atención psicológica”.Acentúa que se debe vincular a proceso en caso de que se pruebe una colaboración con bandas del crimen.“Sería muy grave no remover al personal porque, aunque no tenga armas, puede seguir pasando información a los delincuentes”.Menciona que es fundamental que las investigaciones sean sólidas y sostengan que los actores tienen los nexos. Además, es un agravante el hecho de que un funcionario utilice el conocimiento que posee y recursos del Estado para darles un fin delictivo.TELÓN DE FONDOPor lo menos cinco alcaldes cuyas corporaciones de seguridad fueron desarmadas en la pasada administración, afirman que el Gobierno estatal las olvidó luego de esas medidas.Coinciden en que no cuentan con seguimiento y que, aunque fueron focos de atención tras los operativos, todavía enfrentan carencias en equipamiento y capacitación.El presidente municipal de Bolaños, Manuel Villalobos, apuntó que después de la intervención de 2017 todavía arrastran una falta de parque vehicular. Faltan hasta cargadores para las armas.El primer edil de La Barca, Enrique Rojas, contestó que en su caso, de 2016, les entregaron patrullas en mal estado, con las llantas ponchadas y fallas mecánicas.Pese a que Jilotlán de los Dolores estuvo en la mira de las autoridades estatales en 2015, su alcaldesa, Ydalia Chávez, también alzó la voz por los pendientes en la llegada de armamento, que ya se compró.La corporación de Tlajomulco pasó por la misma situación en 2017. La actual administración refirió que, al llegar, se encontraron principalmente con un déficit de patrullas.La Policía de Tlaquepaque fue la última intervenida en el sexenio pasado, en febrero de 2018. La alcaldesa, María Elena Limón, acusó que dicha acción fue “un acto sin bases ni justificación”, pues “nunca se demostró que la Policía estuviera coludida con el crimen organizado”.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Tejada Montaño (académico del ITESO)Jorge Tejada Montaño destaca que la intervención para desarmar a la Policía de San Juan de los Lagos servirá para limpiar, purgar y rescatar a los buenos elementos, quienes están en peligro ante las posibles amenazas de grupos criminales.“Los elementos corren peligro en la medida que tengan información sensible, esto será inevitable mientras siga la hegemonía del cártel que opera la zona”.Aunque esto ayudará por un tiempo, el negocio de estas organizaciones criminales “es muy grande”, por lo que no podrán estar indefinidamente sin ejercer alguna influencia o control a nivel político, y con la colaboración, posiblemente obligada, de policías. “Sobre todo porque la zona de los altos tiene un problema complejo, por el contacto con Michoacán y las rutas hacia Zacatecas”.Subraya que se podrá ver que la intervención fue justificada según los oficiales que sean trasladados para investigarlos.La organización Causa en Común indica que en 2020 ya suman 84 policías asesinados en el país, al menos, principalmente en Guanajuato y Estado de México, con 10 y ocho fallecimientos, respectivamente. En Jalisco reportan tres elementos que han perdido la vida.A principios de este mes, la asociación también dio a conocer el reporte “Asesinato de Policías en México”, donde reveló que de enero de 2018 a diciembre de 2019 fueron asesinados 898 agentes en el país. De esa cantidad, 458 pertenecían a corporaciones municipales.En otro rubro, acentúa que los cinco ejes principales para el desarrollo policial son: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación. Según las conclusiones del análisis, presentado en 2018, todas las corporaciones incumplían con la ley porque tienen elementos operativos sin control de confianza vigente.Además de que 12 corporaciones no tienen las instalaciones y equipamiento necesario para realizar la evaluación de competencias básicas. “Únicamente Campeche, Hidalgo, Puebla y Querétaro tienen a todos sus mandos con la evaluación vigente”.Desde entonces señalaron que Guerrero, Jalisco, Nayarit y Oaxaca no realizaron evaluaciones de desempeño en 2015, 2016 y 2017. En ese periodo, remarcaron que en la Entidad no realizaron convocatoria de ascensos. “Durante la visita refirieron que esto se debe a que no pueden jubilar a los elementos, por lo que no hay vacantes y el promedio de edad es alto”, añade el organismo.SalariosSigue: #DebateInformador ¿Confía en la Policía de su municipio?Participa en Twitter en el debate del día @informador
