Enfrentan contratistas problemas de inseguridad en cuatro estados

CIUDAD DE MÉXICO (26/ENE/2011).- El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Oscar de Buen, reconoció que los estados de Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Chihuahua es donde se presentan los mayores problemas de inseguridad para los contratistas y para las obras que desarrollan.

Sin embargo, dijo que hasta ahora las obras no se han detenido, pero “debemos estar alertas y protegidos”.

“La información de la cual disponemos nos permite señalar que las obras están en marcha, estamos trabajando en ellas y no se han diferido por cuestiones de inseguridad”, añadió.

Apenas la semana pasada el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Correa Abreu, reveló que los constructores del país han sugerido frenar al menos 20 obras públicas por problemas de inseguridad: “ya no las quieren hacer ni denunciar por miedo”, dijo el funcionario.

“La inseguridad sí afecta. Hay inseguridad en muchas partes y regiones del país donde los constructores ya no quieren trabajar, ni siquiera en obra pública, mucho menos en obra privada, porque además de secuestros a empresarios, se registran plagios de trabajadores de obra, ingenieros, residentes, tipógrafos, así como robo de maquinaría”, expresó.

Miguel Zárate Hernández, presidente de la CMIC en Jalisco, reiteró que los constructores se suman a las víctimas de la inseguridad que son extorsionados telefónicamente y sufren secuestros exprés.

Aseguró que los efectos de la ola de violencia se reflejan en la caída de las inversiones. “Del capital recibido por concepto de inversión en el sector de la construcción, entre 10 y 20% prefiere buscar otro destino”.

El 7 de septiembre de 2010, por ejemplo, mil trabajadores decidieron suspender las obras del Puente Baluarte, que se ubica en la supercarretera Durango-Mazatlán, en la Zona Sierra del Pueblo Nuevo, Durango, debido al clima de inseguridad. Este proyecto es considerado como uno de los más importantes del sexenio.

Al poblado Chavarría Nuevo, donde se encontraba uno de los campamento de esta construcción, arribo un grupo armado que se robó vehículos de la empresa Tradeco, de acuerdo con el reporte que recibió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Desde 2005, los constructores del país han denunciado el robo de maquinaría pesada, lo que genera pérdidas a constructoras, distribuidoras y arrendadoras de maquinaría.

La CMIC calcula que el robo promedia 600 máquinas al año, entre equipo de construcción y equipo agrícola.

Los robos son efectuados por bandas de la delincuencia organizada, conformadas por dos y hasta 16 personas, que procuran lugares cercanos a vías rápidas y de fácil acceso a carreteras, de ahí que la cámara decidió crear un padrón en todo el país para tener el control de los equipos y del personal que los opera.

En conferencia de prensa, De Buen dijo que la SCT cerró 2010 con un subejercicio de dos mil 300 millones de pesos, equivalentes al 5% del presupuesto, debido fundamentalmente a “problemas relacionados con proyectos que no cumplieron la normatividad como contar con un proyecto ejecutivo autorizado por la Secretaría de Hacienda”. Ese monto de recursos que dejaron de ejercerse equivale al costo que los daños provocados por fenómenos meteorológicos en la red federal el año pasado, estimado por Oscar del Buen en dos mil 500 millones de pesos. El subsecretario reconoció que cuatro de cada 10 proyectos de infraestructura no cubren la normatividad, sobre todo carecen del estudio ejecutivo correspondiente, lo cual dificulta la ejecución de la obra.