En los últimos siete años se triplicaron las demandas laborales contra el Ayuntamiento tapatío por despido injustificado. Mientras 222 exempleados con cargos de directores o jefes, principalmente, iniciaron juicios en 2012, en este año ya van 693.El Ayuntamiento responde que los anteriores gobiernos heredaron un “grave problema” por las “fallidas estrategias jurídicas” para enfrentar los casos. Por ello, la Sindicatura se dio a la tarea de solucionar los juicios que se arrastraban desde la administración priista 2010-2012.Desde 2012 se han presentado dos mil 328 juicios ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. La alcaldía contesta que, de los más de mil 600 expedientes de la pasada administración, 478 concluyeron en laudos; en tres se llegó a un convenio y 29 ya se pagaron. El resto está en proceso o se dio por concluido el juicio por falta de pruebas o desistimiento de los demandantes.Durante la pasada Legislatura y lo que va de la actual, el Congreso del Estado ha recibido 950 solicitudes de suspensión por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en contra de autoridades municipales por juicios laborales, principalmente alcaldes; es decir, seis peticiones en promedio por semana.La pasada Legislatura recibió 850 solicitudes de suspensión contra alcaldes, síndicos y regidores, de los cuales, la Comisión de Gobernación inició 80 procedimientos de sanción. De éstos, 60 concluyeron con un convenio entre los extrabajadores que demandaron a los Ayuntamientos y las autoridades municipales. El resto sigue en proceso.Pese a que varios alcaldes han estado a punto de ser sancionados, el único castigo que se aprobó en la pasada Legislatura fue el de un síndico de Tomatlán, por un laudo de 2010 que no se había pagado.La presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, Martha Elizabeth Alcaraz, informó que desde el pasado 13 de noviembre en que se instaló este órgano legislativo, comenzaron a recibir más notificaciones de suspensión. Ahora son 950.Recordó que la mayoría de los juicios laborales corresponde al periodo de 2002 a 2012, “el rezago es de mucho tiempo… el pago de salarios caídos llevó a que sean impagables”.Actualmente, el órgano técnico de la comisión trabaja a marchas forzadas para dar respuesta a las peticiones de suspensión de autoridades emitidas por los tribunales y juzgados, “pero estamos recibiendo una cantidad de asuntos con tiempo vencido y eso nos lleva a solicitarle al Tribunal que nos amplíe el tiempo para dictaminar”.En estos momentos, apuntó, se encuentran regularizando los procedimientos debido a los cambios de administraciones que se dieron el pasado 1 de octubre, “nos lleva a que las nuevas autoridades, con justa razón, se defienden de que no están enterados. Necesitamos reponer ese procedimiento para que, efectivamente, sean notificados en tiempo y forma, y se les considere el derecho de hacerlo… de tener conocimiento más que nada”.La legisladora detalló que las solicitudes de suspensión son recibidas por el pleno del Congreso y turnadas a la comisión para su análisis y la recopilación de pruebas. La sanción marca una suspensión de 15 días sin goce de sueldo.“Estamos en revisión, en una especie de organización de cada uno de los juicios laborales para ver cuántos procesos tenemos de un solo actor. Estamos encontrando que tenemos muchos requerimientos del mismo juicio laboral. Ante el hecho de que no se le paga el laudo, acuden a solicitar el amparo, también del Tribunal Administrativo”.Actualmente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón requiere al Congreso que resuelva en tres días tras recibir la notificación, “es muy restringido para emitir una resolución definitiva”.La diputada precisó que la ley marca que, para el procedimiento de estudio y dictaminación de la suspensión de una autoridad, son 45 días, “el que nos den tres días a nosotros, sí es mucha diferencia. El argumento, también, con justa razón, puede ser que esos días ya estaban agotados en la anterior legislatura”.Sin embargo, consideró que el Tribunal sí les otorgará el tiempo que requieren para resolver los asuntos.De las 950 notificaciones, en su mayoría corresponden a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. A éstos se suman Puerto Vallarta, Tala, Tonalá y Juanacatlán, “(este último) a pesar de ser un municipio pequeño sí tiene una cantidad importante”.Las notificaciones que recibe el Congreso del Estado por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para suspender a los alcaldes ante el incumplimiento de pagos de laudos, representa 90% de los asuntos que son turnados a la Comisión de Gobernación.De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Infolej del Legislativo, en lo que va del primer mes de la actual Legislatura, se han turnado un total de 42 asuntos a la comisión, de los cuales 38 corresponden a notificaciones del Tribunal.El mayor número corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, con siete notificaciones de laudos entre los años 2004 y 2011.Una de éstas fue en contra de Enrique Alfaro Ramírez. Tan sólo un día antes de tomar protesta como gobernador del Estado, el exalcalde tapatío libró un proceso de suspensión ante el Congreso por el laudo bajo el expediente 984/2010-G1.En 2015, al inicio de la administración municipal de Alfaro, la Contraloría revisó los expedientes de juicios laborales. De acuerdo con documentos públicos de la dependencia, el 984 estaba considerado entre los asuntos de mayor cuantía en los que se detectaron irregulares.El municipio presentó 16 denuncias penales en contra de éste y otros casos en los que se detectaron anomalías.El año pasado, el Congreso inició también un procedimiento de suspensión en contra de Alfaro por el incumplimiento en el pago de dos laudos laborales por 200 mil y tres millones de pesos. Sin embargo, recibió amparos para evitar la sanción. Esas demandas se presentaron en pasadas administraciones; es decir, el entonces alcalde no era el responsable del despido injustificado.En ese entonces, los integrantes de la Comisión de Gobernación informaron que las autoridades habían promovido más de mil amparos en contra de estos procedimientos de suspensión.Debido al cúmulo de los casos que se tienen en esta comisión, la actual presidenta consideró que fue adecuada la reestructuración de las comisiones legislativas que se dio en la presente Legislatura, sobre todo en lo que respecta a la que ella preside. Anteriormente, este tipo de asuntos eran atendidos de forma separada por las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal.“Creo que la fusión fue muy atinada, porque hay temas como el de los laudos, en los que los procesos se repetían, porque correspondía a las dos comisiones. Las dos dictaminaban y eso hacía que los procesos fueran más largos. Los tribunales, tanto el del Arbitraje, como los juzgados de distritos, marcan tiempos muy reducidos para resolver”.Los 950 asuntos notificados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón al Congreso del Estado para suspender a las autoridades municipales por el incumplimiento en el pago de los juicios laborales, ascienden a los 500 millones de pesos (MDP) de deudas.“La verdad es una cantidad muy grande que, a pesar de estar distribuido, ni los municipios de la zona metropolitana tendrían la manera de pagarlo”, reconoce la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso, responsable de dar seguimiento a estos procedimientos.Sin embargo, se ha estimado que entre todos los laudos que adeudan los 125 municipios y siguen en proceso, la bolsa podría ser de alrededor de cinco mil millones de pesos. Esta cantidad, por ejemplo, es casi cuatro veces el presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Tonalá, que es de mil 319 millones de pesos.Desde la pasada Legislatura, los diputados han recibido solicitudes de los alcaldes para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, apoye a los municipios con el pago de laudos que se arrastran desde hace más de una década. Sin embargo, el Ejecutivo ha respondido que no cuenta con recursos para este fin.La diputada aclaró que, en lo que va de la actual legislatura, los munícipes no han hecho nuevas solicitudes en ese sentido.Adelantó que se hará un análisis de la situación global para definir si es posible que tanto el Congreso como el Ejecutivo puedan llegar a un acuerdo para apoyar a los municipios.Por la magnitud del rezago que se arrastra en la resolución de las solicitudes de suspensión, la legisladora estima que podrían concluir la revisión de todos los expedientes en los dos primeros meses del próximo año, “estamos haciendo todo lo posible por sacar los asuntos para evitar sanciones mayores”.Sin embargo, añade que estos procesos se alargan debido a que tanto los extrabajadores que ganaron los laudos como las autoridades municipales se amparan en contra las decisiones de las demás autoridades, “y por eso se ha ido alargando”.EL ANÁLISISLuis Antonio Rocha Santos (de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG).Para el académico de la UdeG es necesario que el Congreso del Estado forme una comisión especial en la que se analicen los casos y en las que participe el Ejecutivo estatal para encontrar una solución a los problemas de laudos que enfrentan los municipios, principalmente por los asuntos que se arrastran desde hace más de una década.“Son disposiciones que se pueden considerar excesivas porque muchos laudos que dictan en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o sentencias que dictan en el Tribunal están condenando a los municipios a pagar cantidades estratosféricas, exorbitantes, que no tienen capacidad de pagar muchos municipios”.Los que sí tiene la capacidad para realizar convenios y cubrir las adeudos, como es el caso de Guadalajara, se ven afectados porque esas cantidades en lugar de aplicarse a la realización de obras y al mantenimiento de los servicios públicos, los tienen que aplicar a pagar laudos millonarios, señala.Recordó que cualquier cantidad por pequeña que sea, cualquier salario que hubieran percibido los extrabajadores, acumulada con tantos años de salarios caídos se convierten en cantidades estratosféricas para los municipios, “afortunadamente (desde 2013) para los nuevos juicios ya se establece un límite en el que nada más se podrá obligar a los municipios a cubrir un año de salarios caídos”.El académico comentó que es muy grave el problema, pues los municipios no sólo arrastran deudas, sino que los presidentes municipales, los tesoreros o encargados de la hacienda pública están siendo amenazados con destituciones, con multas que complican más la situación.En los últimos tres años, los convenios firmados entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los extrabajadores que han demandado al municipio, principalmente por despido injustificado, le han costado a la hacienda municipal, en promedio, más de medio millón de pesos.De acuerdo con información otorgada por el Ayuntamiento vía Transparencia, se reportó que de 2015 a la fecha se ha logrado llegar a un acuerdo de pago con 204 extrabajadores, con un costo total de 108.4 millones de pesos.El municipio respondió que no tiene la información de los convenios firmados de 2015 hacia atrás, pues las pasadas administraciones no entregaron la estadística correspondiente.Por ello sólo se tienen datos de la pasada administración. Entre octubre y diciembre de 2015 se llegó a un acuerdo con cuatro demandantes que representaron un costo de 1.2 millones de pesos.Durante la gestión anterior, el año en que más convenios se firmaron fue durante 2016, con un total de 86 por un monto global de 35.1 millones de pesos. Sin embargo, aunque los del año pasado fueron menos, estos representaron un gasto más alto, pues se firmaron 20 convenios menos con un costo para el municipio por 37.6 millones.En lo que va de este año se han convenido con 48 exempleados, que costaron 34.4 millones de pesos.Según el Ayuntamiento, el convenio más alto que se ha pagado en los últimos tres años ha sido por 3.6 millones de pesos. Se trata del laudo 1364/2008-D1 a favor de la ex titular de Vinculación y Seguimiento de la Dirección de Cultura.Doble efectoLa diputada Martha Alcaraz subrayó que se tienen casos de extrabajadores que demandaron a los Ayuntamientos por despido injustificado, pero ahora ocupan un cargo de elección popular en los mismos.Sigue: #DebateInformador¿Deben sancionar a los funcionarios que despiden injustificadamente?Participa en Twitter en el debate del día @informador
