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Miércoles, 20 de Febrero 2019
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Jalisco

Dan descuentos a mitad de correlones; alistan nuevo plan de fotoinfracciones

De las 3.9 millones de multas que sí fueron pagadas hasta octubre pasado, dos millones se saldaron gracias a los descuentos aplicados por la autoridad

El Informador

Tras la polémica que generó el sistema de fotoinfracción en la pasada administración, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) trabaja en el rediseño del programa que será presentado “en breve”, confirma su titular, Mario Silva. En la anterior gestión se cuestionó que el sistema tenía fines recaudatorios, pero ahora la autoridad priorizará el enfoque de seguridad vial.

Entre 2013 y 2018 se aplicaron 5.5 millones de fotoinfracciones contra los conductores que excedieron los límites de velocidad en las vías de mayor siniestralidad de la metrópoli, de las cuales 1.6 millones siguen pendientes de pago. Sin embargo, de las 3.9 millones de multas que sí fueron pagadas hasta octubre pasado, más de la mitad (dos millones) se saldaron gracias a los descuentos aplicados por la autoridad (en seis años, el Gobierno sancionó con mil 851 millones de pesos por este concepto).

Durante la administración pasada se aplicaron diferentes estrategias para que los dueños de vehículos se pusieran al corriente en el pago, con descuentos de entre 25% y 70%. Los plazos también se modificaron debido a las quejas con relación a que las notificaciones llegaban una vez que vencía el periodo para pagar con descuento.

Destaca que, a mediados de la pasada administración, el programa comenzó a generar polémica. Los contratos con la empresa Autotraffic, responsable de su operación, fueron cuestionados por las modificaciones que se autorizaron para la compra de más equipamiento y el incremento en el porcentaje que ésta cobraba por cada fotomulta emitida, que alcanzó hasta 40 por ciento.

Por eso el compromiso de las autoridades estatales fue que la implementación del programa sería transparente y para ello se creó el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, responsable del manejo de los recursos recaudados por fotoinfracciones.

Actualmente están en funcionamiento 35 de las 50 cámaras, pues se trabaja en su rediseño. EL INFORMADOR/Archivo

Seguridad vial, misión del nuevo plan de fotomultas

El nuevo programa de fotomultas será presentado con el enfoque de seguridad vial y de control de velocidad. Además del protocolo, se darán a conocer los medios de impugnación y el componente educativo, “creo que es importante que entendamos que las medidas que se implementen para salvar vidas son necesarias, sea una vida, sean 100 vidas, las vidas que sean…”, remarcó Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan).

Insistió en que ese es el objetivo del programa, el cual se desvirtuó con el paso del tiempo, “hubo muchísimos errores y omisiones administrativos que han mermado la percepción de la ciudadanía sobre la efectividad la transparencia”.

Al igual como se hizo en Guadalajara con el tema de los parquímetros, acentuó, se requiere implementar medios transparentes de impugnación y verificación en tiempo real.

En 2017, el Tribunal de lo Administrativo del Estado reportó que en los últimos seis años habían ingresado 16 mil 273 demandas por fotomultas, de las cuales se habían resuelto 13 mil 301; de éstas, 12 mil 664 fueron a favor del ciudadano. Tanto el Tribunal como la Secretaría de Movilidad comenzaron a reportar una baja en la presentación de denuncias por este concepto.

“El programa en global lo presentará el gobernador en breve. Este es un asunto que tiene más que ver con los datos y las zonas que queremos controlar y eso ya puede ocurrir en breve. No sería un asunto que ocurre de la noche a la mañana, y son decisiones técnicas que se van a presentar acompañadas de un protocolo”.

A más de año y medio de que el Gobierno del Estado se hiciera cargo del programa de fotomultas y anunciara la cancelación del contrato con la empresa Autotraffic, el sistema aún no opera en su totalidad. El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, informó que actualmente están en funcionamiento 35 de las 50 cámaras, pues se trabaja en su rediseño. “Hay un par de unidades móviles y que también funcionan como radares. Todo va a salir a funcionar en la calle y va a salir por la meta de salud pública, de la reducción de muertes por exceso de velocidad por combinación alcohol volante y por otros factores de riesgo”.

Debido a que el Imeplan absorbió algunas de las competencias del extinto Instituto de Movilidad, ahora éste será el responsable de la administración, mantenimiento, ubicación y recolocación de los equipos, que deberán mantenerse en los puntos de mayor siniestralidad, como son Periférico, carretera Chapala, González Gallo, Juan Pablo II, Colón y Lázaro Cárdenas, entre otros.

Informó que se continuará con el sistema actual de fotomultas. Sin embargo, será necesario hacer algunos ajustes, pues algunos de los equipos han sido vandalizados.

Dijo que se darán a conocer los protocolos para que la población tenga la certeza de que son equipos que pasan por mecanismos de calidad, de protección de datos, que están verificados, “que hay auditorías, porque pues es lo que molesta, que tomen cinco veces la misma foto en el mismo punto”.

Equipamiento total

6 radares móviles para la detección de exceso de velocidad.

8 radares fijos para la detección de exceso de velocidad con su carcasa.

8 carcasas exteriores adicionales preparadas para recibir radares fijos para detección de exceso de velocidad.

10 sistemas de control de luz roja en semáforo.

24 pantallas preventivas de velocidad.

3 pantallas informativos.

5 sistemas de videovigalancia móvil.

Baja recaudación

Durante el primer año en el que el Gobierno del Estado se hizo cargo de la operación del programa de fotomultas, la recaudación por este concepto fue a la baja.

En 2013, los ingresos por las multas aplicadas a través de medios tecnológicos fueron por 155 millones de pesos. Para el siguiente año se incrementó en más de 90 millones. En 2015 alcanzó los 372 millones de pesos.

Durante 2016, la recaudación anual fue de 429.3 millones, mientras en 2017, cuando el Gobierno puso el programa en pausa durante dos meses, los ingresos fueron por 387.3 millones de pesos. El último corte es que, entre enero y octubre del año pasado, se habían recaudado apenas 254.9 millones.

Antes de darse por finalizado el contrato con Autotraffic, la empresa recibía 40% por cada fotoinfracción cobrada (el costo de las multas es de 730.40 pesos).

De 2013 a 2018, el Gobierno del Estado pagó un total de 414.4 millones de pesos a la empresa. Los pagos anuales fueron en aumento con la modificación de los contratos para la adquisición de más equipamiento.

Mientras en 2013 se le hicieron pagos por 61.6 millones de pesos a la empresa, para 2017 los cheques emitidos alcanzaron los 102.3 millones de pesos.

Los últimos pagos se realizaron durante el año pasado. Como parte de su finiquito, se emitieron cheques por 28 millones de pesos, a pesar de que se había informado que el último pago sería por 26 millones.

Tras realizarse el finiquito, el equipamiento que antes era operado por Autotraffic ya es propiedad del Estado, “mucho del debate de este asunto era sobre la naturaleza…, que si eran cámaras que no eran propiamente equipamiento del Gobierno. Es equipamiento del Gobierno”, destacó el titular del Imeplan, Mario Silva.

NUMERALIA

Ingresos por fotomultas

Año Ingresos
2013 155.7 millones de pesos.
2014  248.2 millones de pesos.
2015 375.3 millones de pesos.
2016  429.3 millones de pesos.
2017  387.3 millones de pesos.
2018  254.9 millones de pesos*.

Pagos a Autotraficc

Año Ingresos
2013   61.6 millones de pesos.
2014 59 millones de pesos.
2015 71 millones de pesos.
2016  92.3 millones de pesos.
2017  102.3 millones de pesos.
2018  28 millones de pesos*

*Enero-octubre.

Reportan menos accidentes

Aunque la pasada administración argumentó en varias ocasiones que el programa de fotomultas no era recaudatorio, ya que había contribuido a salvar vidas, en el último informe de Gobierno se omitió este sistema y se destacó que la reducción de accidentes obedeció al Operativo Salvando Vidas y otras campañas de difusión. Estas medidas lograron que, mientras en 2012  se registraron 175 muertes en accidentes viales con presencia de alcohol en la ciudad, al mes de octubre del año pasado se registraron sólo dos, de acuerdo con el documento.

Debido al operativo y las campañas, se agrega en el informe, el Gobierno del Estado cumplió con el compromiso de reducir la incidencia de accidentes en 35%. Esto si se comparan los 297 mil 760  ocurridos entre 2007 y 2012, con los 168 mil 377 registrados de 2013 a 2018.

Relanzamiento

Tras dos meses de no hacerse efectiva la multa por conducir a exceso de velocidad, a mediados de 2017, la pasada administración relanzó el programa de fotomultas con el objetivo de que la ciudadanía se convenciera de que se trata de acciones preventivas y no recaudatorias.

La entonces Secretaría de Movilidad reportó que se balizaron los límites de velocidad en torno a los puntos donde estaban instaladas las cámaras y con avisos previos a un kilómetro, 750, 500 y 250 metros, así como la calibración de todos los equipos.

El sistema de fotoinfracción comenzó a operar en 50 puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con 38 cámaras fijas y 12 móviles.

En 2015 se registró el mayor número de fotomultas en la ciudad: 1.3 millones de sanciones. EL INFORMADOR/Archivo

Prevén 200 MDP para fideicomiso

Para este año, el Gobierno del Estado proyecta una bolsa de 200 millones de pesos para la operación del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, que maneja los recursos recaudados a través de las fotoinfracciones.

El fideicomiso se constituyó en 2018 con el objetivo de transparentar el destino de los ingresos que se tenían por la aplicación de estas multas. Para el año pasado, en el Presupuesto de Egresos se proyectó una bolsa de 393 millones de pesos; sin embargo, hasta octubre pasado, los pagos por este concepto se encontraban 130 millones de pesos por debajo de esa cifra. En diciembre pasado, el fideicomiso tenía un saldo de 14 millones.

En un principio, se planteó que el fondo se utilizaría para acciones de seguridad vial y movilidad sustentable, pero los recursos se destinaron para otros fines, principalmente, para gastos relacionados al transporte motorizado.

Por ejemplo, a finales del año pasado este medio dio a conocer que ya se habían erogado alrededor de 160 millones de pesos. Para el finiquito y la cobertura de algunos adeudos que se tenían con Autotraffic, el Gobierno del Estado destinó casi 75 millones de pesos.

El segundo gasto más alto fue para apoyar a los transportistas. El año pasado, las autoridades estatales realizaron una modificación al contrato de fideicomiso para que parte de estos recursos se destinaran a los transportistas que ya se habían sumado a la ruta-empresa, con subsidios por hasta 60 mil pesos. En total, se entregaron apoyos por el orden de los 42 millones de pesos. Además, les dieron 8.5 millones para el sistema de recaudo que opera en las unidades sumadas a este nuevo modelo.

Sin embargo, la pasada administración realizó más gastos a través de este fideicomiso, los cuales no se reportaron en la respuesta otorgada vía transparencia sobre el destino que se le dio a estos recursos.

Durante la sesión del pasado 23 de octubre de la Comisión de Adquisiciones de la Subsecretaría de Planeación se autorizó incluir al Instituto de Movilidad en la compra de gasolina vía monederos electrónicos, la cual sería cubierta a través del fideicomiso de fotoinfracciones.

Aunque las autoridades no informaron sobre estos gastos, de acuerdo con cheques emitidos por la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), entre agosto y diciembre de 2018 se realizaron seis pagos a favor de la Secretaría de Movilidad por el concepto de compra de gasolina por el orden de los 21.5 millones de pesos.

El último pago por 10.2 millones de pesos se realizó el 5 de diciembre, tan sólo un día antes del arranque de la actual administración.

GUÍA

En la Ciudad de México aplican “fotocívicas”

El Gobierno de la Ciudad de México cambió el sistema de fotomultas por uno de “fotocívicas”; es decir, en lugar de que el ciudadano que comete la infracción pague un monto económico, ahora deberá tomar cursos de seguridad vial o realizar servicio comunitario.

El nuevo modelo se comenzó a implementar a partir de este mes, luego de que en noviembre pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara que se pondría fin al negocio de las fotomultas, considerado como recaudatorio y corrupto.

En el inicio del sistema se otorgarán 10 puntos a cada matrícula. Con cada infracción se irán perdiendo puntos que marcarán el tipo de sanción cívica que recibirá el conductor. Por ejemplo, de tres a cuatro fotos deberán tomar cursos en línea. A las cinco fotos o cinco infracciones deberá acudir a una sensibilización presencial. De seis a 10 realizará dos horas de trabajo comunitario.

Tras presentar el programa, el Gobierno de la ciudad capitalina reconoció que en experiencias internacionales, los radares de control de velocidad han demostrado ser una buena herramienta de prevención. Sin embargo, su implementación en la Ciudad de México presentaba los siguientes problemas: era un programa recaudatorio, no preventivo ni correctivo, opaco y sin evaluación rigurosa.

“La seguridad vial es un tema prioritario para el nuevo Gobierno. Se busca reducir el número de víctimas mediante educación, capacitación, infraestructura segura y un esquema de sanciones basado en puntos para el cambio de conductas sin reducir el énfasis en la seguridad del usuario”.

Para poner en marcha el nuevo sistema, se reubicaron las cámaras y radares para instalarse en torno a escuelas y lugares de alta siniestralidad.

En abril, dos nuevas agencias metropolitanas

Además de la Agencia Metropolitana de Seguridad, los nueve municipios que conforman la urbe pondrán en marcha otras dos: Bosques Urbanos y Servicio de Infraestructura para la Movilidad, las cuales estarán operando a partir de abril próximo, revela Mario Silva.

La Agencia de Infraestructura se creará con la transferencia de la dirección de Infraestructura Vial, así como parte de los recursos que eran destinados para el Instituto de Movilidad, que dejó de operar en la actual administración.

“Tampoco implica ni la contratación de nuevo personal ni un gasto diferente al gasto que está programado para este 2019”.

A través de esta agencia se administrarán cuatro proyectos: semáforos, fotoinfracción en el componente de cámaras y su ubicación, el sistema de MiBici y sus señales, equipamiento y señalización de los corredores de transporte ruta-empresa, y el mantenimiento de las ciclovías.

“¿Puede ir a más? Sí, pero eso depende de los municipios y del Gobierno del Estado. El gobernador Enrique Alfaro ya dijo: ‘Yo pongo esto’, ahora tenemos que ver qué ponen los municipios para que la agencia tenga una acción más amplia”.

Comenzará su operación con recursos estatales y se buscaría también apoyos del Fondo Metropolitano, “pero inicialmente arrancamos con recurso estatal, puesto que se trata de nómina y de gasto operativo que ya estaba etiquetado para el ejercicio 2019”.

Para este año, Jalisco recibirá sólo 360 millones de pesos del Fondo Metropolitano, el cual tendrá una bolsa de tres mil 300 millones de pesos para todas las metrópolis del país, un presupuesto similar al del año pasado, cuando se dio un recorte de 70 por ciento.

Los recortes a este fondo pusieron en pausa algunos de los proyectos que formaban parte del programa multianual de obras para los municipios metropolitanos, como es la ampliación de la Línea 2 del Tren Ligero.

A pesar de que al inicio de su gestión como titular del Imeplan se puso en pausa la creación de las agencias metropolitanas, Silva aclaró que esto se debió a la falta de recursos. Sin embargo, a la llegada de la actual administración se detectaron organismos públicos descentralizados que sólo existían en el papel.

Con la reingeniería que se hizo se pudo concentrar una bolsa presupuestal que ahora permite la puesta en marcha de estas agencias, salvo en materia de servicios públicos.

La Agencia de Bosques Urbanos administrará inicialmente nueve parques, “el Parque Metropolitano que está en Zapopan, el Parque Montenegro que se encuentra en El Salto y el Parque Solidaridad que está entre los límites de Tonalá y Guadalajara (entre otros)”, entre otros.

Destacó que el objetivo es generar economías de escala, pues  se integra con el personal que ya se tiene, permitirá compartir maquinaria, equipo técnico como son los expertos en sanidad forestal.

La Agencia de Bosques Urbanos administrará nueve espacios, encabezados por los parques Metropolitano (foto), Montenegro y de la Solidaridad. EL INFORMADOR/Archivo

Listo, estudio sobre transporte de carga

Debido a que el Imeplan ya concluyó el estudio sobre el origen-destino del transporte de carga que circula en el Área Metropolitana de Guadalajara será presentado en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política.

Se trata de una radiografía de cómo se encuentra la situación del transporte de carga en la metrópoli, cuál es la población de tráileres que ingresan, cuáles son las frecuencias de paso, las características de las unidades y cuántos entran por cada punto de acceso carretero, entre otras.

Debido a que la regulación de este tipo de transporte le corresponde a la SCT, Mario Silva aclaró que este diagnóstico les puede servir a los Ayuntamientos y  Estado. Por ejemplo, podría ser la base para restringir al transporte pesado en la ciudad, debido a los embotellamientos que se generan en horas pico. “Le puede servir a la SCT para afinar estrategias. El diagnóstico le puede servir al Estado para establecer prioridades, por ejemplo, con estaciones o centrales para transporte de carga. Le puede servir a los municipios para diseñar medidas de operativos”.

Agregó que hay una información que ya manejó  Tlajomulco y que han tomado como referencia en el estudio, “pero nosotros lo vamos a presentar en (este mes) en la sesión de la Junta de Coordinación”. Tlajomulco ha solicitado que el transporte de carga pesada que ingrese a la ciudad sólo sea de las 22:00 a las 6:00 horas.

Dan más competencias al Imeplan

Tras la reestructura de Gobierno implementada por la nueva administración estatal, el Imeplan absorbió algunas de las responsabilidades que anteriormente formaban parte de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Movilidad. “(Al instituto) le corresponde la elaboración de estudios, proyectos y diagnósticos sobre temas relacionados con la movilidad, la dictaminación técnica de los trazos de las rutas de transporte público, la elaboración de normas complementarias a la acción de la Secretaría del Transporte y alimentar al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano en la variable movilidad”, informó el titular del Imeplan.

Actualmente el POTMet no tiene la variable de movilidad de forma completa y, al integrarla, les permite conocer cómo funcionan los corredores de transporte público, “no sólo por la demanda de usuarios sino por la consolidación de zonas urbanas”.

Con las nuevas atribuciones, el Instituto participará en el reordenamiento del transporte público en la transición del modelo hombre-camión a ruta-empresa, con la elaboración de estudios técnicos. “Lo hacemos a partir de una revisión técnica para la programación de cuáles son los mejores corredores”.

En diciembre pasado comenzaron a trabajar con la Secretaría del Transporte. En el caso del organismo les tomará entre dos y tres meses concluir los diagnósticos que serán entregados a la dependencia estatal para que avance en las licitaciones para completar el modelo ruta-empresa. De acuerdo con el compromiso del gobernador Enrique Alfaro, el reordenamiento que corre a cargo de la Secretaría deberá quedar listo en el primer año de Gobierno.

El titular del Imeplan declaró que se deberán hacer ajustes al proyecto de reordenamiento del transporte público iniciado por la pasada administración. “Se tiene que transformar todo esto porque no estaba integrado el POTMet en el programa final de transporte, ni viceversa. No es coherente ni es correcto que dos instrumentos territoriales tan importantes: la vivienda y el transporte público o los usos de suelo no estén integrados en una misma herramienta”.

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