Itinerario

Mas allá de las discusiones sobre la participación o no del Estado en el desarrollo de la cultura, queda aceptada su responsabilidad -al menos en nuestras leyes- de su función como principal promotor cultural.

Bajo este contexto, las autoridades, en respuesta y cumplimiento de la ley, suelen confundir su papel y aplicar soluciones que, en el mejor de los casos, se encuentran alejadas de las necesidades de la comunidad.

Y es que el sesgo erróneo se perfila desde la toma de decisiones, y una de ellas, la más visible, es la designación de los titulares de las direcciones que responden, en el mayor de los casos, a compromisos políticos y no a capacidades comprobadas.

A partir de esa decisión, el sesgo se ramificará proporcionalmente a las facultades e iniciativas de quien dirija, porque en nuestro manejo de administración pública, las políticas culturales serán definidas y aplicadas conforme al concepto que las autoridades tengan de "cultura" y aún más, estarán destinadas a la ciudadanía que empate con el perfil de quien toma las decisiones.
Habría que insistir, por mera obligación de miembro de la polis, que las autoridades deben atender -siempre en su eje de promotores- a las dos siguientes prioridades sociales:

a) La apertura de infraestructura para el desarrollo de las actividades culturales. Si bien no es necesaria una política cultural basada en la construcción de espacios para que exista el desarrollo cultural, sí resulta una de las grandes demandas contar con áreas con acondicionamientos específicos que incentiven el profesionalismo de los artistas y sus espectáculos. Las opciones son diversas y enfocadas tanto a espacios abiertos como cerrados. La infraestructura no deja de ser una de las variables más significativas para medir el nivel de desarrollo de una sociedad.

b) La otra prioridad es un mecanismo que ya está implementado y su aprovechamiento depende de la iniciativa e imaginación de las autoridades. Se trata de la labor de vinculación que se trace entre los artistas de una zona con otras regiones; del intercambio tanto de recursos humanos artísticos y culturales como de los insumos básicos. En este renglón, donde los costos económicos son prácticamente inexistentes, la negligencia oficial es constante por varias razones, pero ninguna con justificación.

Por lo anterior, queda sobradamente aceptado que la labor del Estado en materia de promoción cultural es una obligación; pero también, que esa labor se lleva a cabo con un alto grado de negligencia y desprecio por los ciudadanos directamente afectados, de otra forma no se puede explicar que cada tres años o cada seis, según sea el caso, las políticas culturales sean tan diversas o pintorescas como diverso o pintoresco sean las autoridades.

Martín Almádez