México llegará a una capacidad instalada de 7mil 800 megawatts eólicos al cierre del 2021, lo que implicará un incremento anual de 9%, con un aumento máximo de 700 megawatts que entrarán en operación a lo largo del año. Sin embargo, esto será todo el incremento esperado a lo largo de la presente administración, dadas las condiciones de incertidumbre jurídica, como un total de 400 amparos en proceso contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y falta de robustez en la red de transmisión nacional.Así lo expuso Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) durante la presentación del Congreso Digital México Windpower 2021, que el 26 y 27 de mayo cumplirá 10 años de celebrarse en el país.Desde la primera emisión de este congreso en el país, el aumento en la capacidad instalada eólica ha sido de prácticamente cero a 7 mil 154 megawatts al cierre del 2020, con 68 parques instalados y en operación en 14 entidades del país, explicó el empresario. En ese lapso se han reducido en 70% los costos de generación de esta tecnología y hoy se generan 16 mil empleos directos relacionados con esta industria.Sin embargo, en juzgados especializados en competencia se analizan el día de hoy un total de 400 amparos por parte de distintas empresas que argumentaron violación a derechos adquiridos luego de la modificación del poder ejecutivo aprobada por el Congreso para cambiar el orden de prelación de despacho privilegiando la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso también ante la Suprema Corte su controversia constitucional por la invasión de sus facultades que representarían los cambios a este ordenamiento.“Hay dos cosas importantes que no podemos perder de vista: no en todo el país se genera la misma cantidad de energía por tecnología, la eólica tiene puntos específicos con un alto potencial, pero se necesita una red robusta que permita transportarla, además de que las inversiones se paralizan si no hay certidumbre jurídica y reglas claras a lo largo del tiempo”, dijo el empresario.Rodríguez Olivé explicó que aunque se encuentran suspendidos los ordenamientos de la reforma, los inversionistas analizan las posibilidades de llegar al país, dado que no existen sentencias que anulen definitivamente las modificaciones, mientras que la presente administración continúa emitiendo ordenamientos que afectan la inversión privada, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos.Por lo pronto, la instalación de parques eólicos contratados a largo plazo por la CFE dentro de las tres subastas de la administración pasada lleva un avance de 85% y únicamente falta un megaproyecto que se mantiene en el trámite de consulta libre e informada a los pueblos indígenas de la región.Los 700 megawatts que entrarán en operación en 2021 prácticamente ya están construidos y forman parte de la contratación de estas subastas por lo que sólo están en espera de pruebas para interconexión y arranque de operaciones.Hasta el momento, en México se han invertido 13 mil millones de dólares en la capacidad eólica actual, que representa poco más del 8% de la instalación eléctrica nacional. Al concluir la administración pasada, y dado el potencial del viento en regiones como Tamaulipas y Oaxaca, entre otros, se esperaba superar el 10% de la capacidad instalada al 2024, pero los arreglos que se obtuvieron como exceso de socios de autoabasto o exención del pago de transmisión por considerarse energía renovable, han llevado a que la CFE tenga pérdidas al otorgar apoyos a privados que invierten en el sector, lo que ha provocado los desacuerdos y las modificaciones legales que hoy se desahogan en el poder judicial.La capacidad eólica instalada hasta el año pasado se quedó 12% por debajo de la última prospectiva del sector eléctrico de la administración pasada, que llegaría a 8 mil 128 megawatts instalados.La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estimó que México no alcanzaría para 2024 el 35% de generación limpia comprometida en el Acuerdo de París y estipulado en la Ley de Transición Energética quedando, en un escenario conservador, en 29.8%; esto es 5.2 puntos porcentuales por debajo de la meta, aun antes de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que hoy se contiende en el poder judicial.El regulador antimonpolios publicó este martes la versión final del documento Transición hacia los mercados competidos de energía: Los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana. Esta versión atiende los comentarios recibidos en la consulta pública que se realizó en enero de este año.Cabe destacar que este análisis fue elaborado previo a la aprobación y publicación de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del 2021, la que, desde la perspectiva de la Cofece, elimina las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico.“Con la reforma es previsible que inevitablemente se tendrá un escenario de incumplimiento incluso más pronunciado de las metas comprometidas”, aseguró la Cofece, “esto porque el logro de los objetivos de protección al medio ambiente planteados por México en materia eléctrica quedó anclado a la existencia de una dinámica de competencia en la generación de electricidad, como medio para producirla de manera eficiente y a los menores costos sociales posibles, incluyendo los ambientales. Dado los cambios tecnológicos en esta industria, la generación de electricidad menos costosa suele ser precisamente la que proviene de fuentes limpias”.Cofece consideró que en línea con esta intersección entre competencia y sustentabilidad ambiental, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética contemplan a los Certificados de Energía Limpia como un instrumento para reconocer, monetizar y pagar los beneficios sociales en términos ambientales de generar electricidad con tecnologías limpias.En el documento, Cofece advirtió que los retrasos en el otorgamiento de permisos de generación a su vez retrasan la entrada en operación de estos proyectos. Hasta octubre de 2020, la CRE tenía pendiente de resolver 99 solicitudes de permisos y 153 solicitudes.
