Según la Secretaría del Transporte (Setran), durante el primer semestre del año se cuadruplicaron las sanciones contra camioneros por viajar con exceso de pasaje. Hubo 119 multas frente a las 26 del mismo periodo de 2018.

Además, se duplicaron las sanciones contra las unidades que circulan con las puertas abiertas: de enero a junio se levantaron 487 folios, mientras que el año pasado fueron 216. Y las infracciones por subir y bajar pasaje en lugares no autorizados pasaron de 266 a 736.

El director de Transporte Público, Amilcar López, dice que las rutas que entren al nuevo modelo deben cubrir la demanda, con el total de camiones autorizados, tener el sistema de recaudo y que los conductores estén capacitados para garantizar la calidad.

Aumentan quejas contra el transporte público

Además de los reportes realizados en la Dirección de Atención Ciudadana de la Secretaría del Transporte, los usuarios utilizan las redes sociales para evidenciar el mal servicio.

“El camión está en mal estado…”, tuiteó un usuario el pasado 6 de agosto tras subirse a una unidad de la Ruta 65, que cobra 9.50 pesos. El pasajero expuso el boleto y las fotos del vehículo 2081, que evidenciaban el interior rayado y con ventanas en malas condiciones.

Durante el primer semestre del año, la Secretaría recibió 528 reportes por el mal servicio de los camioneros, a través de la Dirección de Atención Ciudadana y el teléfono de quejas, los cuales superan a los 307 del mismo periodo del año pasado.

En 2018, la dependencia reportó cuatro mil 232 quejas contra todo el servicio del transporte público (camiones y taxis), por la vía del “contacto Semov”, el cual se puso en marcha durante la pasada administración para denunciar las anomalías. Sin embargo, actualmente sólo se pueden realizar denuncias a través del teléfono 3819-2425, así como en Facebook y Twitter.

Aunque no se precisa la información, durante este año, la Setran recibió ocho mil 542 reportes en las redes sociales. En éstas, los usuarios señalan las fallas de las unidades en las que se incluyen tanto las rutas del viejo como del nuevo modelo. Y son principalmente de este último, debido a que son las que cobran la tarifa de 9.50 pesos.

En días pasados, un usuario señaló a dos unidades de las rutas 178 y 177 que circulaban alrededor de 200 metros en sentido contrario en 16 de Septiembre y La Paz. “Jamás se ha evaluado la calidad del servicio del transporte…”, remarcó el quejoso.

Otros pasajeros han evidenciado que los transportistas no dan la parada, “pero son buenos para ir compitiendo… y son buenos para subir la tarifa”. También se señaló a un camión de la ruta-empresa que circulaba sin placas.

Durante la semana pasada, una persona denunció que un camión de la Ruta 380 no se paró para subir pasaje en Periférico y Valdepeñas. Diego, quien toma a diario el transporte para ir a la universidad y al trabajo, comenta que acumula muchos reportes por el mal servicio. Aunque la Setran le responde que le darán seguimiento, añade que nunca le han enviado un mensaje para informarle si el problema realmente fue atendido.

Denuncia

Actualmente se pueden realizar denuncias a través del teléfono 3819-2425. 

TESTIMONIO

“Casi me lleva…”

“El camión iba muy lleno. Me bajé para darle la oportunidad a la gente para que se bajara, pero el chofer arrancó cuando apenas subía un pie. Casi me lleva el camión…”, señala Diego, quien utiliza frecuentemente las rutas 45-A Tetlán y la 37 de San Gaspar para trasladarse a la universidad y al trabajo.

Comenta que las unidades de la primera ruta las están “cambiando a color rojo”, pero se encuentran en malas condiciones.

En la Ruta 37, dice, ha tenido problemas con los asientos. “He visto que están cambiando los camiones de color, pero los asientos siguen en pésimo estado; a veces están quebrados. En ambas rutas me ha tocado ver asientos en mal estado”.

El derrotero de San Gaspar, explica, es uno de los que en hora pico, a la altura de Pablo Valdez y la Hermosa Provincia, va saturado. “Ya va muy lleno, pero sigue abriendo las puertas traseras, sigue subiendo gente”.

Recientemente también le tocó el caso de una joven embarazada, con la que un conductor no tuvo consideración: “El chofer de todos modos la subió por atrás”.

Por ello está en contra de que se aumente la tarifa en tanto no se mejore el servicio.

“Está mal. Entiendo que es una necesidad de tener fondos para renovar, pero no le compete tanto a la gente. Como usuarios estamos pagando por un servicio, no por una renovación. El aumento lo vería más cuando las unidades estén en mejor estado”.

Insisten entransbordo generalizado

• Luego que el Gobierno estatal anunciara la eliminación del cobro entre el Macrobús y sus rutas alimentadoras, y la reducción a la mitad del costo del pasaje de la troncal del Macrobús al Tren Ligero y de éste al Sitren, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) insiste en que el transbordo debe aplicar también en las unidades de la ruta-empresa.
• El presidente estudiantil, Jesús Medina, subraya que el planteamiento “no va para atrás”. Reitera que el beneficio del transporte gratuito debe ser generalizado y no sólo aplicar en las líneas del transporte masivo, “mientras más uses el transporte público, más beneficios deben aplicar en el transbordo. Para eso servirá la tarjeta de prepago”.
• Es uno de los temas que seguirán impulsando en las reuniones que sostengan con las autoridades estatales, como parte de las mesas de trabajo que se establecieron para crear la Contraloría Social para la supervisión del transporte público.

Gasto

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, una familia gasta 19.3% en el transporte público y privado; es decir, dos mil 544 pesos al mes.
• Entre los años 2016 y 2018, el gasto por hogar en el transporte creció 18.16% en el Estado, mientras que el desembolso para los alimentos subió 15 por ciento.
• Actualmente, 1.6 millones de personas utilizan el transporte público en la metrópoli. De éstas, 106 mil 569 reciben algún tipo de subsidio estatal.

Inicia búsqueda de contralores sociales

Tanto el Observatorio Ciudadano de Movilidad como la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se encargarán de establecer las bases bajo las cuales se elegirán a los integrantes de la Contraloría Social, que se conformará para supervisar la operación y la calidad del servicio que brinda el transporte público en la ciudad.

La coordinadora del Observatorio, Belén Vázquez, informa que se pondrán ciertas restricciones: que las personas interesadas sean usuarios del transporte público, que no sean transportistas y que no pertenezcan a partidos políticos, entre otros requisitos que se establecerán en la convocatoria que se lanzará para garantizar que se realice un buen trabajo.

“Muy pocas veces hay estos espacios y aperturas para poder, nosotros como ciudadanos, estar dentro de la toma de decisiones. Mientras más personas se unan, trabajen y estén enfocadas en la misma línea que nosotros, que es salvaguardar al ciudadano y al usuario del transporte público, adelante, son bien recibidas”.

Durante la última reunión que sostuvieron con las autoridades estatales se acordó que la Setran les compartirá todos los protocolos para validar y supervisar el modelo ruta-empresa, además de las que operan bajo el viejo modelo. Se integrará un banco de información con normas, reglamentos y decretos relacionados con la calidad del servicio. Luego se unirán a un grupo de supervisión del transporte de la dependencia estatal para participar en un operativo que les permitirá conocer cuáles son los elementos a verificar. “Es valiosísimo que hagamos este acercamiento”.

Resalta que es necesario conocer a detalle toda la normativa bajo la cual se supervisa al transporte para evitar ambigüedades. Una de éstas, afirma, es la antigüedad de las unidades. Mientras la ley dice que no deberán rebasar los 10 años, en el reglamento se da la posibilidad de que 60% del total de las unidades de un derrotero pueda circular a pesar de rebasar esa vida útil.

Agrega que ya están trabajando en una iniciativa para modificarlo y evitar que los camiones sean viejos, que se les dé una pintada y entren como “un nuevo modelo”.

Lo ideal, remarca, es que ese transitorio se modifique durante esta etapa en la que se otorgarán las acreditaciones para que las rutas se sumen al nuevo modelo y puedan cobrar la nueva tarifa.

La postura

La postura del Observatorio Ciudadano de Movilidad ante los camioneros que busquen migrar al modelo de la ruta-empresa y sobre la operación del transporte es la siguiente:

• Las unidades no podrán pasar de 10 años de vida útil, de acuerdo con el Artículo 89 de la Ley de Movilidad y el Artículo 15 del Reglamento.
• Deben contar con el sistema de prepago, con alcancías que den cambio.
• Tendrán elementos tecnológicos, como GPS y pantalla de información, así como canasta porta-bicicleta.
• Y cuando se sustituyan por unidades nuevas deberán cumplir con todos los elementos de las normas técnicas.
• En términos de programación de la ruta deben cumplir con horarios, itinerarios, despachos, el derrotero establecido en la concesión y el programa de operación. También acatar las condiciones laborales de los operadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
• Crearán un esquema de partición social para verificar el cumplimiento de las unidades, la operación y los elementos del servicio.
• Realizarán un estudio técnico para la ampliación de los subsidios para la población vulnerable.

TELÓN DE FONDO

Rebasan antigüedad permitida

Hasta el año pasado, más de la mitad de las unidades del transporte público concesionado rebasaban la antigüedad permitida. De un total de dos mil 441 vehículos bajo esa figura, mil 602 superaron los años permitidos para circular. Esto, pese a que la Norma Técnica de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo, publicada en 2016, establece que la vida útil de los vehículos es de 10 años.

La entonces Secretaría de Movilidad reportó que mil 602 unidades que prestaban el servicio, incluidas con permisos provisionales y sin regularizar, eran modelo 2007 hacia atrás.

La dependencia respondió también que se contaba con 463  camiones de permisionarios que brindaban el servicio a través de distintas rutas, como 380, 258-A, 52-A, B, C y D, entre otras. De éstas, 238 se encontraban fuera de norma. Incluso, el modelo más reciente correspondía al año 2012.

Por parte de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), Servicios y Transportes contestó que contaba con 234 unidades operadas por la paraestatal y 194 por el servicio subrogado. Los vehículos se encontraban dentro de la norma, pues son modelos que fueron adquiridos entre 2008 y 2018.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) tiene 218 unidades, de las cuales sólo 35 superaron la antigüedad permitida. Estas últimas corresponden a unidades de las rutas alimentadoras del sistema Macrobús.

Aunque se solicitó información de todas las unidades del transporte público que operan en el Estado a través de los diferentes servicios o clasificaciones, las autoridades no respondieron sobre los vehículos del Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome), el cual cuenta con alrededor de dos 500 mil unidades y se encuentra en proceso de liquidación.

Debido a esto, actualmente no es posible conocer el número exacto del total de las unidades que prestan el servicio fuera de la norma, de más de seis mil unidades que se encontraban empadronadas tras la realización del Registro Estatal del Transporte Público.

Además de incumplir con retirar las unidades que tienen más de 10 años de antigüedad, hay otros puntos que también son ignorados, como los horarios y las frecuencias de paso, la limpieza de los vehículos, el límite de velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y no exceder la capacidad de pasajeros, entre otros.

Antes de concluir la administración pasada se reportó que, de 2013 a 2018, se renovaron dos mil 081 unidades.

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