Aunque tradicionalmente los grupos manifestantes se concentraban en las principales vialidades de la ciudad, sobre todo las que desembocan en el Centro Histórico, después del gasolinazo las protestas comenzaron a tener lugar con mayor frecuencia en las autopistas y carreteras de la Entidad.

La delegación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco, confirma que las afectaciones se han recrudecido desde enero del año pasado por el incremento del precio del combustible, aunque asegura que en los últimos cuatro meses se han intensificado las manifestaciones.

“Cada vez se incrementa más la toma de carreteras y lo tenemos marcado prácticamente en tres puntos fuertes, hacia Manzanillo, en la carretera hacia el Pacífico, la salida a Nogales también estamos teniendo tomas de casetas y lo que va al centro de la República, la salida hacia Los Altos”, detalla el delegado José Antonio Rivas.

Aunque no se tiene una cifra de las afectaciones, la delegación reporta pérdidas millonarias por las tomas de casetas y bloqueos que han afectado la circulación en las principales carreteras de la Entidad.

Además de que los transportistas se quedan sin el comprobante fiscal cuando las casetas se encuentran bloqueadas, el delegado lamentó la situación, “estamos teniendo retrasos en nuestros tiempos de trayectos, lo que nos lleva a un mayor consumo de combustible, desgaste del operador y de la misma unidad”.

El problema es que el bloqueo y la toma de carreteras y vías de comunicación, a decir de especialistas, vulneran los derechos de terceros. Para Alberto Bayardo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, “siempre habrá afectación cada vez que hay una protesta, se afectará al resto de la gente porque lo que se quiere es que haya una atención hacia sus demandas”.

Fuente: Secretaría General de Gobierno.

Tras gasolinazo, aumentan protestas en las carreteras 

Además de las manifestaciones en las calles y vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que este año se han detonado por las desapariciones de personas en la Entidad, después del gasolinazo los grupos manifestantes también han optado por tomar las autopistas y carreteras de la Entidad para exigir respuesta a sus demandas.

Los ejemplos sobran. A inicios del año pasado, las protestas contra el aumento de los precios del combustible incluyeron la toma de la caseta de La Joya en la Autopista a Zapotlanejo y un bloqueo intermitente en el entronque a La Barca sobre la Carretera a Chapala.

En los primeros días de 2017, los conductores que circulaban por la Autopista a Zapotlanejo cruzaban la caseta de La Joya sin pagar el peaje acostumbrado. La principal afectación, según los reportes de usuarios, eran las largas filas antes de llegar a la caseta que se extendían por más de dos kilómetros. Otro punto afectado fue la caseta de Sayula, en la carretera Guadalajara-Colima, tomada por alrededor de 20 personas que la mantuvieron abierta a la circulación de forma normal, sin pago de peaje. Mientras que, por la misma carretera, pero en Acatlán de Juárez, manifestantes dejaban que los automóviles pasaran sin cobrar. La situación se repitió en la caseta El Arenal, en la carretera Guadalajara-Tepic, donde los manifestantes cerraron los carriles centrales, dejando circular por los laterales de forma gratuita. En redes sociales, usuarios reportaron que la fila de automóviles se extendía hasta por siete kilómetros.

Los cierres también afectaron la circulación en la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán, en los carriles en sentido a la Zona Metropolitana, y la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, a la altura de la Central Nueva, con el cierre de los dos carriles centrales.

Además de los manifestantes por el gasolinazo, los ejidatarios de El Zapote se han manifestado sobre la Carretera a Chapala por la “falta de voluntad” para llegar a un convenio para el pago de los terrenos del aeropuerto de Guadalajara, provocando molestias a los pasajeros.

Además de las demandas económicas que exigen los ejidatarios y manifestantes contra el gasolinazo, los problemas de salud pública también han llevado a grupos como Ánimo Jalisco, Resistencia Civil Pacífica y Foro Social Ambiental, a tomar varios puntos carreteros en la Entidad.

En agosto pasado, los activistas tomaron las casetas de la autopista Zinapécuaro-Guadalajara, dejando libre tránsito a los automovilistas, como muestra de apoyo a las comunidades de la Ribera de Chapala, pertenecientes al municipio de Poncitlán, donde van en aumento las enfermedades renales.

Este año, la toma de carreteras sigue siendo una constante. En enero pasado, un grupo de 40 personas se manifestaron con un bloqueo sobre la carretera a Colima, a la altura de Las Cuatas, para exigir la liberación de tres mototaxistas que fueron detenidos por resistirse al retiro de sus unidades, que según las autoridades viales presentaban irregularidades.

En febrero pasado, manifestantes bloquearon, quemaron llantas y secuestraron autobuses de pasajeros en los tres ingresos carreteros al municipio de Ocotlán, como muestra de rechazo a la presencia de la Policía Federal en el municipio. Por la misma razón, otros 40 civiles bloquearon la carretera que conduce al municipio de Mazamitla.

Pretenden “liberar” todas las casetas

Con más de dos mil seguidores en redes sociales, la organización Resistencia Civil Pacífica nació a inicios del año pasado para organizar manifestaciones en contra del gasolinazo en Jalisco y liberar todas las casetas concesionadas.

“Luchamos para que el pueblo ejerza el artículo 11 constitucional que garantiza el libre tránsito por toda la República. No debe haber casetas concesionadas pues el Gobierno tiene la obligación de tener carreteras dignas”, defiende una de las impulsoras del movimiento, Mayela Flores.

El problema, a decir de la activista, es que el cobro de casetas no beneficia a la sociedad, pues ese recurso se queda en manos de los concesionarios, “si supiéramos que le llega al Gobierno y se va a escuelas o centros de salud, no tendríamos inconveniente en que se cobre”.

Desde 2017, el grupo ha organizado al menos una manifestación por semana y seguirán liberando más casetas este año, “vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho con la finalidad de que se quiten las casetas, no tienen por qué existir”.

Actualmente están liberadas las dos casetas de la carretera Guadalajara-Colima, mientras que todos los fines de semana son liberadas las cuatro casetas de Guadalajara-Aguascalientes, al igual que la de Cuyutlán, cada domingo.

En lo que refiere a la respuesta de las autoridades, Mayela asegura que el Gobierno no ha dialogado con la organización, “no quieren platicar con nosotros, sólo pasan los federales y nos dicen que sigamos tranquilos para evitar accidentes”. A la par de esta estrategia, el movimiento ha presentado dos mil amparos contra el gasolinazo.

Transportistas ven “vacío de autoridad”

De acuerdo con los registros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco, las manifestaciones y bloqueos de casetas en carreteras se han intensificado en lo que va de este año, por lo que una de las principales preocupaciones del delegado José Antonio Rivas Barba es que este tipo de contingencias afectan la llegada a tiempo de mercancías y ponen en riesgo los productos perecederos. Además, los bloqueos pueden representar penalizaciones por parte de los clientes, ya que así lo marcan en contratos de prestación del servicio.

“Tenemos afiliados que han perdido clientes por cuestiones de llegadas tardías, las empresas ya no manejan grandes inventarios, sino en trayecto estamos siendo su bodega, llegamos a destino y entra a línea de producción”.

El problema es el vacío de la autoridad y la falta de consecuencias ante las afectaciones por los bloqueos y manifestaciones en las carreteras, “muchas veces la Policía Federal está en el punto, pero no se toma una acción… cualquier persona se manifiesta, cierra el tránsito o limita la circulación y no hay consecuencias. La preocupación es que se vaya incrementando cada vez más al no haber consecuencias”.

De acuerdo con Rivas, es complicado limitar el derecho a manifestarse; sin embargo, “pedimos que haya una autoridad que se siente a negociar, que tomen acciones y apliquen mesas de negociación para ver cuáles son las problemáticas y alternativas para abrir el tránsito”.

Para evitar afectaciones al sector autotransporte, la Canacar se reúne mensualmente con autoridades de la Policía Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “seguiremos trabajando con la autoridad muy de cerca no solo a nivel estatal sino federal, y estaremos presionando para que se atiendan estas problemáticas”.

A través de una solicitud de información, Caminos y Puentes Federales (Capufe) respondió que cuando ocurren bloqueos de carreteras se activa el protocolo de actuación a través del Procedimiento en Caso de Bloqueo de Tramo Carretero contenido en el Compendio Operativo para Plazas de Cobro. Así mismo, se presentan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes como el Ministerio Público y la Policía Federal.

Los bloqueos o las tomas de las casetas las estamos viendo más frecuente… no sólo es bloquear el paso del transporte sino que muchas veces solicitan una cooperación.

José Antonio Rivas, delegado de la Canacar.

El problema es que la autoridad federal desconoce el tamaño de las afectaciones: “no es posible cuantificar las pérdidas económicas, ya que solo la autoridad competente es la que podría determinar dichas pérdidas como resultado de sus indagatorias, amén de que en algunas ocasiones los equipos de control de tránsito son inutilizados o vandalizados por los manifestantes, lo cual hace imposible determinar el número y el tipo de vehículos que omitieron el pago de peaje, ya que el personal se resguarda para evitar riesgos de enfrentamiento”.

Suben precio de la leche tras 26 días de bloqueos

En febrero pasado se generaron congestionamientos viales sobre las autopistas a San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Encarnación de Díaz, a causa de ganaderos que se manifestaron con la toma de casetas en demanda de un pago mayor por la leche que producen.

En una ocasión se reportó la presencia de unos 150 ganaderos que, con 20 vehículos bloquearon la vía a la altura del kilómetro 0+500 de la autopista San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno, ocasionando atorones de 10 kilómetros con dirección a Tepatitlán y de unos ocho kilómetros hacia Lagos de Moreno.

David García, presidente de los Productores en Encarnación de Díaz, admitió las molestias y retrasos que ocasionaron a la población durante 26 días; sin embargo, admitió que los bloqueos y manifestaciones sirvieron para aumentar un peso el precio de la leche.

De acuerdo con los productores, desde hace cinco años la leche ha aumentado al público 3.54 pesos, pero en ese mismo lapso a los productores sólo les han ajustado 54 centavos más, por lo que también tomaron la caseta de Aguascalientes-Lagos de Moreno, a la altura de Encarnación de Díaz. Y persistieron en los bloqueos hasta obtener respuesta.

Cuando se liberó el precio de la leche en 1998, agrega, a los productores les correspondía el 55% del precio de la leche al público, pero actualmente perciben ya sólo el 36%. Además del precio también han bajado sus ventas debido a la importación de leche de mala calidad, por lo que piden a las autoridades atender esta situación.

“El bloqueo era para que Liconsa nos dieran precio y ya nos lo dio, nos aumentaron 70 centavos hace un mes y para el 1 de mayo nos subirán otros 30 centavos”, señaló el líder de los lecheros, quien asegura que se vieron afectados 13 mil productores.

El otro pedido al Gobierno Federal es que les garanticen la compra del volumen total de su producción, por lo que siguen en reuniones con las autoridades federales y estatales, “Liconsa nos está comprando solo ocho por ciento del producto nacional y el resto lo tenemos que comercializar nosotros, estamos negociando que nos compren más leche y pidiendo una reunión de trabajo con la industria lechera para aumentar las ventas”.

De acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado, desde el 5 hasta el 28 de febrero pasado los productores de leche levantaron las plumas de control de peaje de la caseta Guadalajara-Lagos de Moreno en el tramo de San Julián, sumando 24 acciones de toma de casetas desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

Atención a las demandas

Aunque la libre manifestación de las ideas es un derecho fundamental en México, la Constitución estipula que sólo serán objeto de inquisición judicial o administrativa en el caso de que ataquen los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Para Alberto Bayardo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, en el caso de los traslados en carreteras, gran parte tiene fines económicos como el transporte de carga con productos perecederos cuya entrega puede retrasarse por las manifestaciones en las vías de tránsito, “las entregas pueden llegar tarde y eso afecta la distribución de alimentos, puede haber mermas porque estaba calculado un tiempo de entrega”.

También se puede ver afectada la derrama económica por el turismo, “si los turistas llegan tarde al destino dejan de consumir”. Incluso, los bloqueos pueden complicar una emergencia médica en traslados hospitalarios y disminuir significativamente los ingresos de las empresas concesionarias de autopistas.

Por su parte, Francisco Jiménez Reynoso, académico del Departamento de Derecho de la UdeG, asegura que la manifestación es un derecho constitucional; sin embargo, “este tipo de protestas generan daños a otras personas y aquí es donde los responsables deben reparar el daño”.

Por ejemplo, si un transportista de alimentos perecederos resulta afectado por el congestionamiento provocado por un bloqueo carretero, recomienda iniciar un procedimiento de deslinde de responsabilidades, contemplado en la legislación federal y estatal de responsabilidad patrimonial.

“Los ciudadanos están ejerciendo un derecho constitucional al manifestarse, pero si hay un daño se tendría que deslindar la responsabilidad, hay un culpable que debe absorber los daños ocasionados”, comenta el investigador, quien detalla que los retrasos de los conductores que se dirigen a sus centros laborales son solo una de las afectaciones de las tomas de carreteras.

Al respecto, David García, presidente de los Productores en Encarnación de Díaz, admite la afectación hacia los conductores y señaló que las casetas se toman durante cierto tiempo para no perjudicar a terceros.

Para Mayela Flores, activista de Resistencia Civil Pacífica, la liberación de casetas no genera caos vial, “si la caseta está liberada es imposible que exista tráfico, que nos digan en qué afectamos a terceros, si fuera ilegal ya nos tuvieran en Puente Grande”. Reconoce que los conductores no pierden ningún beneficio al no pagar peaje, “solo se ven afectados los empresarios”.

El bloqueo de carreteras genera múltiples daños, por lo que se debe deslindar la responsabilidad de los que bloquean o de las autoridades que incumplen con sus obligaciones.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG.

TELÓN DE FONDO

Cada dos días toman las calles en Jalisco

Las manifestaciones contra el gasolinazo, los ejidatarios del Zapote, los maestros contra la reforma educativa, las inconformidades por las tarifas del transporte público, así como los reclamos de seguridad de estudiantes fueron algunas de las movilizaciones que hicieron de 2017 un año récord en Jalisco: 186 manifestaciones.

Es la cifra más alta entre las contabilizadas en la administración de Aristóteles Sandoval. Una cada dos días en promedio. Además, el incremento de las protestas se dio en el actual sexenio, pues en 2012 apenas hubo 55.

De acuerdo con los registros de la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco, 82 fueron contra el Gobierno federal, 76 contra el Estado y 28 contra los municipios, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los grupos que más atención exigieron del Ejecutivo estuvieron los taxistas, quienes se quejaron de la regularización de permisos para taxis; los transportistas, que demandaron un aumento de la tarifa; los dueños de talleres automotrices, que rechazaron la verificación vehicular, y los mototaxis que se rehúsan a regularse. A la lista de grupos se sumaron 16 mil miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que se reunieron en septiembre pasado en la Plaza de la Liberación para exigir mayor seguridad en torno sus planteles escolares y para la sociedad en general.

Sin embargo, los miembros de la sociedad civil no fueron los únicos inconformes, ya que también se sumaron a las protestas funcionarios públicos por la liquidación del Sistecozome, que provocó que conductores de unidades de transportes público en las rutas afiliadas al organismo se dirigieran a Casa Jalisco, en busca del gobernador Aristóteles Sandoval.

A finales del año pasado, los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara también se manifestaron para exigir que la Secretaría de Salud realizara los pagos pendientes al Seguro Popular y evidenciaron el déficit de insumos médicos para atender a los pacientes.

Alberto Bayardo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, asegura que el incremento de las manifestaciones en Jalisco indica que hay problemáticas que no han sido resueltas por el Estado.

Además, las protestas son un indicativo de que no hay buenos canales de diálogo con las autoridades, “si no hay buena atención por parte de las autoridades provoca que la gente salga a las calles, si hay canales buenos de diálogo, la gente no tiene por qué salir a la calle. Si lo hacen es porque no queda otra alternativa, por la falta de mecanismos funcionales de atención a la ciudadanía”.

Este año el tema de las desapariciones de personas ha detonado una movilización de estudiantes.

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