El Ejército tiene responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, según un informe que presentó ayer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. Reveló que la Sedena tenía infiltrado a un soldado para conocer las acciones de los estudiantes de cara a la marcha del 2 de octubre de 2014 y sabía lo que ocurría. Señaló que el militar desapareció, pero sus mandos no hicieron nada para buscarlo.“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes”, dijo.Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que han fallecido o sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, tras reunirse con los familiares de los normalistas para dar a conocer los avances de la investigación, el funcionario federal detalló que de estas 26 personas, 14 pertenecían a Guerreros Unidos, tres eran familiares de miembros de este grupo delictivo, dos eran integrantes de la organización Gente Nueva, y siete testigos involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, policías y gente que proporcionaba información significativa, como es el caso de Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien había iniciado un proceso de colaboración con la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos.Encinas reveló que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes se encuentren con vida.“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.Por otra parte, destacó que ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos.Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato, pero el Gobierno sigue en contacto con sus abogados.Él es considerado el artífice de la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que tanto un grupo de expertos internacionales como la actual Fiscalía han demostrado que fue falsa.Encinas subrayó que los nuevos documentos confirman que se trató de un “crimen de Estado”, en el que están involucrados funcionarios de todos los órdenes de Gobierno y que el Ejército es responsable, al menos, de no impedir las desapariciones. Uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación.Encinas informó que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa -entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes de Guerreros Unidos-, pero reconoció que dentro de estos no está el expresidente Enrique Peña Nieto.A casi ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aldo Gutiérrez Solano es un sobreviviente olvidado. En aquel ataque, una bala le atravesó la cabeza y lo dejó en cama de forma permanente.Durante el tiroteo en el que un grupo del crimen organizado secuestró a los estudiantes, murieron seis personas: tres estudiantes, una mujer que iba en un taxi, el chofer de un autobús que trasladaba a un equipo de fútbol juvenil y un jugador de 15 años. Pero Aldo vivió, aunque con secuelas de por vida.El anexo siete del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, correspondiente a la atención a víctimas, no contiene nombres, pero fuentes cercanas detallaron que se trata de Aldo.El reporte señala que el exnormalista recibe atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de manera sostenida desde el 29 de junio de 2017, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, la Secretaría de Salud federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de un acuerdo “mediante el cual se establecieron compromisos y medidas de ayuda en materia de atención médica y asistencia en favor de dicho joven”.Explica que, “a fin de garantizar en todo momento el derecho a la salud del joven sobreviviente”, la CEAV ha atendido diversos requerimientos de equipamiento médico, como son: cama especial, monitor de tensión arterial y oximetría, aire acondicionado y deshumidificador, aparatos que necesita en su día a día.Además, cuenta con grúa de transporte de su cama al cuarto de terapias, cama ducha, desfibrilador, aspirador y colchón de presión alterna.Además de Aldo, el Gobierno federal ha reconocido que existen víctimas indirectas del caso, quienes han recibido atención en diversas vertientes.Entre ellos destacan 68 familiares de los 43 desaparecidos, que reciben becas para cursar educación básica, media superior y superior en instituciones públicas.También se contabilizan ocho incorporaciones a núcleos familiares ante el Registro Nacional de Víctimas de la CEAV, para el otorgamiento de medidas en materia de alimentación.Ante la CEAV están inscritas 43 víctimas directas y 140 indirectas.De 2018 a la fecha, se han gestionado las medidas de ayuda por conceptos de alimentación y alojamiento a 90 núcleos familiares.Adicionalmente, se ha brindado atención psicológica a 112 personas, además de 228 atenciones médicas.TELÓN DE FONDOEl 24 de septiembre de 2021, el fiscal Omar Gómez Trejo afirmó que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y armado de pruebas para construir la llamada “verdad histórica”.Al refutar la antigua versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gómez Trejo subrayó que eso fue concluido por grupos de expertos internacionales.“No es que no nos guste la ‘verdad histórica’, es que se montó sobre recreación de pruebas, sobre una investigación mal habida y sobre todo, con torturas. Y esos testimonios de torturas ya fueron desechados por la GIEI, por la CNDH, por el tribunal colegiado... Lo importante es que los testimonios fueron de personas mal presentadas, mal detenidas, torturadas y que incluso se grabaron y se documentaron”, declaró en ese entonces en la Ciudad de México.Según la “verdad histórica”, polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.El relato fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.¿Qué opina de las revelaciones del Gobierno?Participa en Twitter en el debate del día @informador
