Javier fue detenido el 7 de abril de 2017 porque presuntamente robó  una casa. Fue a preguntar por un amigo a la Fiscalía cuando le tomaron una fotografía para ingresar, misma que le mostraron a la víctima del robo mencionado, quien lo señaló por el delito cometido. Con una falsa imputación,  Javier pasó dos años en prisión preventiva.

Casos como éste son comunes y no inciden en la reducción de los delitos, advierte el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco.

El próximo 18 de junio se cumplirán 11 años desde que se publicó la reforma constitucional que dio inicio a la transición del antiguo sistema de justicia penal inquisitorio hacia el nuevo acusatorio adversarial, con los juicios orales. Con esto se dio cumplimiento a los tratados internacionales de los que México forma parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que señala en su Artículo 7 que nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento arbitrarios.

La prisión preventiva sólo se impuso en delitos de alto impacto, como homicidio doloso, trata, secuestro o delincuencia organizada. Sin embargo, el pasado 19 de febrero hubo una reforma al Artículo 19 Constitucional, con la que sumaron otros 12 delitos que ameritan prisión preventiva; entre éstos, por el uso de armas de fuego y robo a casas.

Esta reforma dio origen al documento “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, publicada por México Evalúa, donde se expone que la ampliación del catálogo sólo vulnera los principios del nuevo sistema y violenta los derechos humanos. Y lo más importante: no reduce los delitos.

México Evalúa advierte que, en los últimos 25 años, se han modificado en reiteradas ocasiones leyes y códigos penales para incrementar las sanciones y los delitos graves que otorgan prisión preventiva. “A pesar de eso, los delitos graves van en aumento, lo cual indica que incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no tiene efecto alguno sobre la comisión de delitos. En otras palabras: la prisión preventiva oficiosa no reduce la incidencia”.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, advierte que será difícil que los delitos reduzcan, pues se requiere que el sistema de justicia se consolide. “Ellos creen que, con esta medida, se detendrán más personas, pero tengo mis dudas por la impunidad que estamos viviendo en México, y Jalisco no es la excepción”.

La reducción en la incidencia se logrará, en cambio, con más capacitación entre los policías, Ministerios Públicos y jueces. “Y que se den castigos por un trabajo deficiente”.

Contaminan sistema

El 4 de abril pasado, el Senado de la República declaró reformado el Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva, tras el aval de 20 legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Con esto, ni tres años le dieron al nuevo sistema de justicia para su consolidación, que se  estimaba tomaría entre los cinco y nueve años, según diversos estudios.

“Con estas medidas están contaminando un nuevo sistema de justicia con prácticas que tuvimos en México con el sistema inquisitivo, en virtud de la ineptitud e ineficacia de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia en México”, considera Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.

La reforma aprobada, explica, va contra el espíritu del nuevo sistema y de la presunción de inocencia, avances que se habían logrado con la implementación del mismo.

Fue el camino más fácil para las autoridades, pues optaron por aumentar las sanciones en lugar de enfocarse en una profunda capacitación de los operadores del nuevo sistema, que son los generadores de la famosa “puerta giratoria” de la impunidad.

Ésta consiste en que las personas detenidas por algún delito que amerita prisión entran y salen fácilmente en libertad debido a los errores y fallas de policías, agentes del Ministerio Público y jueces.

“Si tuviésemos autoridades que trabajaran pulcramente desde el primer respondiente, pasando por el juez de control, por los Ministerios Públicos y el juez de oralidad, esta reforma sería innecesaria. Si todos hicieran su trabajo, el que se atreviera a proponer una reforma de esta naturaleza lo tildarían de que está mal. Es un remiendo, un parche, en virtud de la impunidad que tenemos en la puerta giratoria, pero que atenta contra el espíritu mismo de la reforma que tuvimos el 18 de junio de 2008”.

Delitos de prisión preventiva antes de la reforma del 19 de febrero:

• Delincuencia organizada.
• Homicidio doloso.
• Violación.
• Secuestro.
• Trata de personas.
• Delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Delitos que se agregaron al catálogo de prisión preventiva:

• Uso de programas sociales con fines electorales.
• Enriquecimiento ilícito.
• Ejercicio abusivo de funciones.
• Delitos en materia de hidrocarburos.
• Abuso sexual en agravio de menores.
• Violencia sexual en agravio de menores.
• Feminicidio.
• Robo a casa habitación.
• Robo a transporte de carga.
• Desaparición forzada.
• Desaparición cometida por particulares.
• Delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

“Prisión preventiva no bajará la violencia”

Según la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el decomiso de armas de fuego se desplomó en comparación con lo logrado durante la gestión de Felipe Calderón en 77%, en el acumulado entre ambos periodos. La cifra más alta se alcanzó en 2011, cuando se decomisaron 40 mil 966, mientras que en 2018 (hasta octubre) sumaban sólo cuatro mil 976.

Este desplome se presentó pese a que el anterior sistema de justicia estaba vigente y las procuradurías y fiscalías de todo el país podían hacer uso pleno de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa. Esto significa que, aunque había más facilidades para encarcelar a los presuntos delincuentes, las autoridades no aseguraban más armas de fuego.

Tal observación se advierte en el trabajo “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, de México Evalúa.

El documento cuestiona la efectividad de la reforma constitucional del 19 de febrero, donde se amplió el catálogo de delitos que ameritan privar de la libertad a los señalados mientras enfrentan su proceso, de seis a 18 ilícitos. Entre los delitos en esta ampliación están los relacionados con las armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.

Este análisis explica que, desde 1997, el Congreso mexicano había abordado 149 iniciativas de reforma relacionadas con el uso de armas de fuego, de las que 96.6% fueron rechazadas, retiradas o congeladas durante años. “De este total, 13 buscaron incluir los delitos relacionados con armas de fuego en el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva de manera oficiosa”.

Durante todos estos años, el Legislativo ha tratado de justificar esta ampliación en los delitos como una medida para combatir la violencia en el país; incluso, el análisis reconoce que la proliferación de armas aumentó los homicidios.

No obstante, el trabajo de México Evalúa puntualiza que la posesión y proliferación de armas de fuego no depende de la prisión preventiva para las personas detenidas por delitos relacionados con ellas.

“El problema central de la violencia con armas de fuego es la falta de capacidades institucionales. La mejor vía para evitar  el uso de  éstas es obstaculizar cada vez más el acceso a éstas, en contraste con la penalización con cárcel temporal y sin juicio destinada a las pocas personas que llegan a ser descubiertas en posesión de un arma”, detalla el trabajo.

La obstaculización al acceso a las armas puede aumentarse con la creación de una agencia, ajustes a la legislación para el comercio de armas y mecanismos de control, rastreo e investigación, entre otras propuestas que hace este estudio.

En cinco años, casi se duplican armas en casas

En casi cinco años, los hogares donde se han adquirido armas de fuego casi se han duplicado en el país, al pasar de 463 mil 151 en 2013 a 818 mil 843 en 2018, según el estudio “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, de México Evalúa.

El trabajo cita y compara cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

México Evalúa pone de relieve que la cantidad de hogares que han adquirido un arma de fuego en 2018 contrasta con la cantidad de armas registradas por la Sedena, que sumó apenas 109 mil 698 en ese año.

“Es obvio que el número de armas en circulación supera por mucho a las legalmente registradas por la autoridad. Esto preocupa, mucho, pues evidencia que el país tiene un grave problema de circulación de armas a través del mercado negro. Lo más alarmante es que el Estado no cuenta con las herramientas para combatir el problema”.

El incremento de armas de fuego en circulación en los hogares se puede justificar con la creciente violencia que se vive en el país; no obstante, va a la par  del aumento del uso de las armas.

“El número de personas asesinadas con este tipo de armas pasó de 10 mil 464 en 2015 a 23 mil 873 en 2018, lo que implica un crecimiento de 128% en apenas 36 meses”.

Para dimensionar el problema, se recordó que en 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios dolosos se perpetraba con armas de fuego, mientras que en 2018, 70 de cada 100 homicidios fueron a través de este medio. La misma tendencia se mantiene en las lesiones dolosas.

César Octavio Pérez Verónica, presidente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuestiona que las autoridades quieran reducir la violencia al aumentar las penas por delitos relacionados con armas de fuego, cuando a la par buscan armar al país.

“Es un contrasentido el hecho de que el propio Gobierno federal esté señalando que va a dar facilidades para que las personas puedan contar con armas de fuego. Hace unas semanas fue un boom porque decían que habría una laxitud para que las personas fueran a registrar sus armas para la legítima defensa”.

Acentúa que una medida de este tipo es para dejar la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la ciudadanía. “La situación de la violencia y la inseguridad está enredando al propio Gobierno y nos está llevando como siempre”.

RECOMENDACIONES

Propuestas para reducir las armas de fuego

1.- Creación de una agencia mexicana de control de armas

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el monopolio del control de las armas distribuidas de manera legal en México entre las corporaciones de seguridad y los particulares, no cuenta con el mandato ni los incentivos para investigar cuando las armas son robadas o cedidas ilegalmente a otros particulares.

Una agencia se encargaría de un censo nacional de armas, del rastreo de las rutas del tráfico ilegal e implementar planes de desarme.

2.- Legislar para cumplir con el tratado sobre comercio de armas

Pese a que México forma parte de este tratado, no hay cambios en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos desde su publicación, en 1972. Algunos ejemplos serían que la Secretaría de Marina registre su armamento; que se fortalezca el control de las armas en posesión de las Policías locales y capacitar o certificar el manejo de armas de fuego antes de otorgar licencias de posesión.

3.- Mecanismos de control, rastreo e investigación

Aunque el principal abastecedor de armas de la delincuencia está en el mercado negro, las corporaciones policiales también aportan buena cantidad tras el robo o extravío de armamento. Sin embargo, no está claro si existen protocolos para averiguar qué ocurre cuando se pierde un arma, qué pasa con los que las extravían y cómo se investigan estos extravíos o robos.

4.- Sistemas de detección temprana

Consiste en establecer leyes para que los trabajadores de los hospitales reporten de inmediato cuando ingresan heridos de bala, además, acciones de vigilancia e investigación sobre las víctimas que abandonan los nosocomios, pues se podrían generar operativos para desmantelar células criminales.

5.- Policía fronteriza que detenga el tráfico ilegal

Los cuatro Estados que tienen colindancia en el Norte con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas) tienen siete mil tiendas y centros de exhibición de armas de fuego, lo que aunado a las facilidades allá para adquirir armamento deriva en un tráfico ilegal hacia México. Y los fabricantes presionan para que estas facilidades no se restrinjan.

Por ello se recomienda que se recluten y capaciten a policías para ser desplegados en la Frontera Norte a fin de detectar y detener el tráfico de armas, según  el estudio “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”.

Caso polémico

A principios de abril de 2017, Javier se enteró de que un amigo suyo fue detenido por un delito, por lo que se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía, en la Calle 14, para apoyarlo para que le designaran un abogado, pues éste trabajaba en la Policía del Estado. En el ingreso le tomaron una fotografía.

A la par, el Ministerio Público avisó a una víctima que había interpuesto un par de denuncias por otro hecho  meses atrás (por robo a casa habitación), en una ocasión donde ni siquiera hubo detenidos. A ésta le mostraron las imágenes del detenido y también de Javier.

La víctima reconoció en la fotografía a Javier como una de las tres personas que habían participado en el robo en el que sustrajeron una computadora, un celular, 250 mil pesos en joyas (que no se acreditaron con peritajes) y alrededor de 300 mil pesos en efectivo, según sus dichos.

Con este señalamiento detuvieron a Javier el 7 de abril. El juez de control lo vinculó a proceso y dio al Ministerio Público un año y medio para realizar las investigaciones, así como un año más para la investigación complementaria, pues la víctima añadió a la denuncia que la habían amenazado con un arma, detalle que había omitido meses antes. Javier estaría ese tiempo en prisión preventiva.

Sin embargo, el día del incidente el policía se encontraba asignado a un incendio en el bosque La Primavera desde las siete de la mañana. Como prueba estaba la bitácora, que indicaba la unidad en la que partió y un registro de las actividades que realizó en atención al incidente. “Era imposible que estuviera donde cometieron el lugar del ilícito”, refirió Felipe, su defensor.

El Ministerio Público tomó el expediente del policía para solicitar al juez un aumento en la pena, pues es un agravante en robos que un servidor público cometa el delito. El legajo de documento incluía la bitácora con la asignación, que probaba su inocencia.

Pese a esto, el Ministerio Público lo señaló por robo calificado por el monto total del dinero, joyas, computadora y teléfono.

Así, la defensa mostró al Ministerio Público que la bitácora comprobaba que Javier no pudo haber participado en el robo. Pero en lugar de desistir, la autoridad sacó del expediente la presunta arma de fuego y reclasificó la acusación a robo indeterminado. Con esto, el procedimiento se extendería casi un año y medio más.

El defensor ofreció entonces a Javier concluir el caso con un mecanismo alterno, en el que debía reconocer el robo y resarcir a la víctima con 50 mil pesos sin que éste tuviera la responsabilidad. “Ese acuerdo reparatorio cuenta como sentencia absolutoria porque se extingue la acción penal”, dijo el abogado.

Con esto, a mediados de abril pasado, Javier pudo recobrar su libertad tras más de dos años de prisión preventiva. Este escenario es contemplado en el documento de México Evalúa sobre la prisión preventiva, publicado el 2 de junio.

“Los ciudadanos que encaran la incertidumbre sobre su respectivo proceso y contemplan la posibilidad de pasar hasta dos años privados de la libertad -el tiempo que puede durar una investigación- son fáciles de presionar para admitir hechos que no cometieron. Esto, a nivel de hipótesis, representa un grave problema porque propicia que personas inocentes entren a la cárcel, al tiempo que las autoridades dejan de invertir tiempo y esfuerzo para dar con los verdaderos responsables; es decir, desincentiva la investigación. Aunado a la injusticia de encarcelar a inocentes, puede ocasionar una mayor saturación del sistema penitenciario”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Combate temporal

José Luis Guízar Abarca (presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco)

Aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva podrá reducir en el corto plazo los ilícitos, pues más personas serán procesadas dentro de las cárceles. Sin embargo, esto solamente será temporal, pues cuando salgan libres, si no eran criminales consumados, dentro de los centros penitenciarios terminarán por adiestrarse y ser verdaderos criminales, considera José Luis Guízar Abarca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco.

“Los que están entrando y son primodelincuentes (que delinquen por vez primera) y no tienen conocimiento pleno en la delincuencia, entrando a la penal van a salir contaminados, eso es por lógica, y vamos a tener muchísimos delincuentes. Y si hay muchísimos delincuentes habrá muchos delitos y entonces la sociedad va a tener más problemas”.

Considera que el nuevo sistema de justicia penal comenzaba a marchar bien. En el Colegio ya han dialogado sobre las pasadas reformas y  concluyeron que éstas atentan contra la presunción de la inocencia y que provocarán una mayor saturación en los penales, más  violaciones a  los derechos humanos de las personas que delinquen por primera vez y habrá más personas inocentes que son inculpadas.

“Vamos a pensar en que un detenido al final sea declarado inocente. ¿Quién le va a resarcir o regresar lo que sufrió durante un año o hasta dos en prisión preventiva? Sale absuelto y esos años que se pasó adentro, ¿quién le va a reparar el daño?”.

El Estado puede implementar otras medidas para no mezclar a los verdaderos criminales en las cárceles con las personas que cometen delitos por vez primera o que incurren en ilícitos de bajo impacto, como colocarles brazaletes o mantenerlos bajo supervisión en libertad.

De este modo se pueden concentrar en mantener en prisión a los verdaderos criminales y tratar de reinsertar a la sociedad a los que cumplan sus condenas.

Los integrantes del Colegio de Abogados buscarán ahora prepararse para afrontar las reformas. “Nosotros estamos en contra de este catálogo y veremos qué es lo que el Colegio de Abogados puede hacer técnicamente desde el derecho, con controversias constitucionales, los amparos y tendremos que echar a andar la maquinaria técnica del derecho”.

Descarta violaciones a los derechos humanos

La ampliación del catálogo de los delitos no violentará los derechos humanos de los detenidos, pues los  agentes del Ministerio Público tendrán que hacer un trabajo profesional de investigación para presentar los datos de prueba que puedan ser admitidos por los jueces para dictar la prisión preventiva, manifiesta Rogelio Barba Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara.

“Yo no creo que se esté violando el principio de presunción de inocencia, siempre y cuando el agente del Ministerio Público no tenga ninguna duda en que el hecho que se comete corresponde a las personas que se presentan como responsables del delito”.

Si el Ministerio Público aporta datos importantes, garantiza, esta reforma resultará incluso beneficiosa. “Eso fuerza a la estructura del sistema penal para que sean más profesionales”.

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