GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2017).- Representantes de organizaciones civiles presentaron oficio con dos mil firmas para solicitar al Gobierno del Estado que dentro del presupuesto 2018, de la Secretaría de Educación, se etiqueten los recursos necesarios para echar andar el programa de inclusión de personas sordas en la educación pública y se cumpla la reforma aprobada hace unos meses en el Congreso, que establece la obligación contar con una educación bilingüe bicultural para estudiantes sordos. La disposición plantea que las escuelas públicas cuenten con intérpretes de señas mexicanas."Hace falta que se haga un censo más enfocado de las personas con discapacidad. Las personas sordas son las que nos encontramos en mayor grado de analfabetismo. También se necesita investigar cuántas personas hay en edad de educación básica. Nosotras como personas sordas no tenemos el acceso a la información con claridad. Hay personas que se han graduado y no reciben una oportunidad", explicó Nallely Patricia Parra integrante de la Asociación de Educación Incluyente.La diputada Fela Pelayo, promotora de la reforma, reconoció que falta un diagnóstico para conocer cuántas de las 75 mil personas sordas que viven en Jalisco están en edad escolar, sostuvo que es la Secretaría de Educación quien debe realizar el análisis y definir si arranca con un programa piloto o cómo aplicará la reforma.Los representantes de las organizaciones anunciaron que realizarán una manifestación el próximo sábado 23 de septiembre, en conmemoración de la semana internacional de la lengua de señas y las personas sordas. La movilización, convocada a las cuatro de la tarde, partirá del cruce de avenida Chapultepec y Vallarta rumbo a plaza Liberación.SABER MÁSEn julio pasado el Congreso avaló reforma para tratar de garantizar a las personas que viven una discapacidad auditiva, su derecho de recibir educación en lenguaje de señas mexicanas. Con lo aprobado, todas las dependencias públicas estatales y municipales tendrán que contratar intérpretes de señas, o capacitar personal, se especifica que en todos los actos públicos gubernamentales se deberá contar con un intérprete, igual que en las dependencias que presten servicios públicos.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
