El terremoto del 7 de septiembre dejó 2.3 millones de damnificados, más de 85 mil viviendas afectadas (31,500 en Oaxaca y 55 mil a Chiapas). El censo de daños dejado por el sismo del pasado martes 19, en tanto, apenas está por hacerse, pero se sabe que son más de 3,500 los edificios dañados en la Ciudad de México, y falta por conocer en detalle los daños a viviendas en Morelos, Puebla y Guerrero. Este fin de semana, millones de mexicanos dormirán en albergues, en plazas, en la calle o con familiares y amigos. Muchos no tienen ya hogar; muchos de estos damnificados no pueden siquiera entrar a su casa por ropa o documentos. Al drama de los damnificados por daño a sus viviendas hay qué sumar los daños a negocios, oficinas, talleres, fábricas, es decir, los espacios de producción de la vida. Falta cuantificar los daños en escuelas, mercados públicos, oficinas de gobierno, y también a iglesias y templos. Como hace 32 años cuando un inmenso terremoto afectó al Distrito Federal, Jalisco y Michoacán, la primera solidaridad emergió de abajo, de los propios familiares, vecinos y pobladores. Otra vez vemos esta reacción solidaria, y las largas filas de personas en los lugares de rescate o en los centros de acopio. Pero el tamaño de la tragedia es tan grande que no bastará esta primera reacción solidaria. La reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Ciudad de México y Guerrero será larga y muy costosa. Por más solidaria que sea la gente, no habrá suficientes recursos. Los recursos los tiene secuestrados el Estado y tenemos qué obligarlo a que los entregue para integrar un fondo de reconstrucción que repare la vida, lo más dignamente posible, a los millones de damnificados. Es tiempo de parar todos los abusos de la clase política y gubernamental. La clase política pensará que ya hizo su “aportación solidaria” regresando parte o todo el dinero del financiamiento público. No basta. Hay qué pensar, por ejemplo, en desaparecer los organismos electorales profesionales y pensar en concejos electorales que no necesiten del gasto en elecciones ni en un sistema permanente parasitario. Hay que eliminar los altos sueldos y prebendas. Pero apuesto que la clase política no se suicidará. Es necesario pensar en otras formas de gobernarnos, de juntar y repartir los recursos de la propia sociedad, sin las mediaciones de gobiernos y una clase política. La crisis y emergencia nacional que dejan los sismos de septiembre son una oportunidad de repensar nuestras formas de gobernarnos. Y nos dejan ver qué tan estorbosos y parasitarios son las formas de gobiernos liberales y sus aparatos de control. Es necesario reconstruirnos desde abajo, no sólo las viviendas caídas; también el país entero.
