La tragedia del 19-S desencadenó una furia social contra la clase política. Ante la imagen de una sociedad civil que da un paso al frente, los políticos fueron vistos como mezquinos y atascados de privilegios en una coyuntura que exige austeridad. El costo de la reconstrucción alcanzará los 37 mil millones de pesos, de acuerdo al Presidente Enrique Peña Nieto, mientras que sólo a nivel federal el proceso electoral de 2018 costará 25 mil millones (25% para partidos y 75% para el árbitro electoral). Es decir, si sumamos todas las elecciones locales, el costo de los comicios andará cercano a la cifra proyectada para reconstruir Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla o la Ciudad de México. El asunto de fondo es: ¿deben los partidos políticos financiarse con tanto dinero público? ¿No es posible avanzar hacia un modelo en donde el gasto del Estado sea menos significativo y las donaciones privadas o de militantes más cuantiosas?Primero debemos partir del diagnóstico: quién paga las campañas en México. ¿Realmente se financian con dinero público? La respuesta es: mayoritariamente no. De acuerdo con Integralia, la consultora que encabeza el ex consejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, el 80% del dinero que se gastan los partidos políticos en la campaña, proviene o de desvíos de recursos públicos de gobiernos-corrupción- o inversiones privadas no reportadas-más corrupción. Es decir, estamos en el peor modelo de todos: los recursos públicos son muchísimos y los recursos privados o que se privatizan en la práctica, son gasolina para reproducir la corrupción. Las campañas en México son una de las variables más importantes para entender la corrupción sistémica. Es decir, en la realidad: las elecciones están privatizadas casi por completo. Constructores, desarrolladores, grandes intereses económicos, son los principales financiadores de la campaña y, luego, exigen una retribución a su “arriesgada” inversión. Ante el fracaso del modelo actual de fiscalización, el esquema de financiamiento es una simulación: rebases de topes, dinero ilegal, dinero desviado y, a parte, toneladas de dinero público auditable. Y para qué necesitan tanto dinero los partidos políticos: simple, para comprar voto, para movilizar. Lamentablemente, en la sociedad, hay quien vende su voto y, ante eso, siempre habrá quien quiera comprar. Y en un país pobre y desigual, la compra de votos no se prohíbe por decreto presidencial. El debate más importante es: cómo hacemos que sea totalmente ineficaz e inoperante la compra de voto que se convierte en uno de los elementos que más encarece la democracia. Sólo hay una que es infalible: elevando la participación de la ciudadanía en las elecciones. Entre más ciudadanos salgan a votar, en libertad, y defendiendo sus posturas políticas, menos posibilidad existe de cooptar la voluntad popular y que el gasto de un candidato sea decisivo para explicar el resultado de una elección. Tan claro como el agua: con 80% de tasa de participación en el Estado de México, los métodos de compra sistemática del voto de la campaña de Alfredo del Mazo no hubieran sido decisivos para que ganara la contienda. Es lo rescatable de la Ley Sin Voto No Hay Dinero que se aprobó en el Congreso de Jalisco. No sólo busca reducir el costo de nuestra carísima democracia, sino que apuesta por poner las condiciones necesarias para que los partidos políticos y el árbitro electoral se comprometan a incentivar la participación de la ciudadanía. ¿Quieren dinero? Construyan proyectos y propuestas interesantes que resuelvan los problemas de la ciudadanía y que saquen al ciudadano a votar. Detrás del enojo que hay contra la clase política y los partidos, no se debe borrar el objetivo de construir una democracia sólida por y para los ciudadanos. Tengamos la mirada más puesta en aquello que queremos construir.
