La mala noticia es que desde hace 10 meses Miguel Ángel Mancera permitió la suspensión de partes del mencionado reglamento, relativas —ni más ni menos— a cómo debe ser la supervisión, por parte de un perito independiente, del diseño y la seguridad estructural de los edificios a construirse en la capital de la República. Según fuentes con conocimiento de primera mano, la historia es como sigue. Grupos inmobiliarios llevan años presionando a las autoridades para que se modifique el reglamento de obras en lo tocante a la supervisión del diseño estructural de los inmuebles. Los constructores argumentan, todo según las fuentes consultadas, que sus costos se elevan dado que el reglamento de construcción del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias obligan a tener a un corresponsable en seguridad estructural, y a contratar, encima y por fuera, a un supervisor del diseño de esa estructura. La industria de la construcción alegaba, además, que el supervisor les generaba costos añadidos pues muchas veces se iniciaba una obra y para cuando llegaban las observaciones del supervisor éstas suponían deshacer el camino andado. (Uno pensaría que si el proyecto está bien hecho no tendría que haber correcciones serias, y que de haberlas, si esas correcciones son para el bien de todos lo de menos es cuándo lleguen pero vale, ahí está esa queja de nuestros constructores). El tema es que el gobierno (es un decir) de Mancera cedió a las presiones de los inmobiliarios y en noviembre pasado dejó de aplicar el criterio relativo a la supervisión externa para los proyectos, esto a la espera de las propuestas de un grupo de trabajo, instalado ex profeso, que redactaría una nueva norma sobre revisión estructural. Ese grupo de trabajo fue creado por el Comité Asesor de la Ciudad de México en Seguridad Estructural, instancia surgida precisamente tras el terremoto de 1985 y que sería formalizada durante la administración de Oscar Espinosa. Los ingenieros trabajaron en una nueva norma, que fue lo que entregaron a Mancera horas antes del nuevo terremoto. El texto propuesto da al corresponsable contratado por las inmobiliarias la labor de supervisión estructural (ahorro para las constructoras, una persona realiza las dos tareas). Asimismo, dispone que la supervisión sea en paralelo con el desarrollo del diseño, por lo que no deberían ocurrir graves desfases entre observaciones y corrección, de forma tal que se evitarían los costos de corregir obra avanzada. La ciudad ganará porque con la nueva norma el revisor del diseño deberá rendir cuentas al gobierno de la Ciudad de México, y porque se especifica claramente el tipo de informes que la autoridad esperará de ellos. La única duda es por qué se decidió suspender el reglamento mientras un grupo redactaba la nueva norma. ¿Cuántos edificios se habrán colado —nunca mejor dicho— estos meses sin revisar? Edificios que el reglamento cataloga como del grupo A (escuelas y hospitales), del B1 (oficinas en inmuebles sobre terreno blando) y del B2 (viviendas en esquinas). Edificios de ese tipo, de los que ahora se cayeron, sin supervisión estructural. Mancera tenía planeado anunciar la nueva norma el martes en el marco de la conmemoración del terremoto de 1985. Tenía. Hoy tenemos una ciudad en emergencia, un reglamento que no se aplica a cabalidad desde noviembre, y una nueva norma de supervisión estructural guardada en un cajón. ¿Poooor?
