Avalan sanciones a empresas que realicen acoso telefónico, con multas millonarias
La reforma busca frenar la insistencia telefónica para promocionar productos, servicios o tarjetas de crédito, particularmente cuando el consumidor ya manifestó su negativa a recibir la publicidad
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que endurece las sanciones contra empresas que realicen llamadas o comunicaciones comerciales de manera reiterada y persistente, sin autorización de los consumidores.
La modificación a los Artículos 18 Bis y 127 establece multas de 56 mil hasta 2.3 millones de pesos para las compañías que incumplan las disposiciones.
La reforma, impulsada por la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, busca frenar el acoso telefónico utilizado para promocionar productos, servicios o tarjetas de crédito, particularmente cuando el consumidor ya manifestó su negativa a recibir la publicidad.
Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la tranquilidad de las personas no debe depender de tener que rechazar repetidamente las ofertas comerciales.
“Esta reforma representa una herramienta que inhibirá el acoso telefónico comercial”, afirmó.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, destacó que las nuevas sanciones buscan evitar que las empresas continúen realizando llamadas de manera insistente, sin respetar los horarios ni la decisión del consumidor.
La reforma también establece que los proveedores serán corresponsables por el manejo de los datos personales cuando recurran a terceros para realizar campañas publicitarias.
El dictamen mantiene la prohibición de enviar publicidad a los consumidores que hayan manifestado expresamente su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro correspondiente.
De acuerdo con datos citados en el dictamen, México se encuentra entre los países con mayor incidencia de llamadas no deseadas, con un promedio estimado de 20 a 25 llamadas spam por usuario al mes.
Con las nuevas multas, el Senado busca que las sanciones tengan un efecto disuasorio y obliguen a las empresas a respetar la privacidad y las decisiones de los consumidores. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.
CT