Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito; FGR investiga
La dependencia federal subrayó que el proceso penal continúa y recordó que el exfuncionario goza de la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la detención de Héctor “N”, exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien es investigado por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
LEE: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, niega investigación de Estados Unidos tras reportaje de NYT
La aprehensión fue realizada en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por el propio SAT en noviembre de 2022, luego de detectar presuntas irregularidades durante un procedimiento de verificación patrimonial.
La dependencia federal subrayó que el proceso penal continúa y recordó que el exfuncionario goza de la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.
La investigación comenzó por una denuncia del SAT
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Héctor “N” laboró en el SAT entre 2011 y 2018.
Tras una revisión de su situación patrimonial, las autoridades detectaron posibles inconsistencias que derivaron en la presentación de una denuncia ante la FGR por el probable delito de enriquecimiento ilícito.
Actualmente, la carpeta de investigación permanece en integración en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), instancia encargada de las indagatorias.
La dependencia reiteró que cualquier conducta irregular cometida por servidores públicos será investigada conforme a la ley y aseguró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción.
¿De qué acusan al exfuncionario?
Según la FGR, la investigación apunta a que el exservidor público habría incrementado su patrimonio de manera injustificada durante el tiempo en que desempeñó funciones dentro del SAT.
Además, las autoridades federales sostienen que presuntamente recibió un inmueble como forma de pago por un contrato de prestación de servicios que, de acuerdo con las investigaciones, nunca habría sido ejecutado.
Estos hechos constituyen el principal sustento de la acusación por posible enriquecimiento ilícito, aunque será el proceso judicial el que determine si existe responsabilidad penal.
Así fue la detención en Veracruz
La Fiscalía General de la República informó que la captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz.
Para ejecutar la orden judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo labores de inteligencia, análisis patrimonial, verificaciones de domicilio y vigilancias fijas y móviles que permitieron confirmar la presencia del exfuncionario.
Tras su detención, Héctor “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
La FGR señaló que durante el operativo se le notificaron sus derechos, se le entregó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención y se respetó el debido proceso, conforme a los protocolos legales.
Anticorrupción destaca acciones contra servidores públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aprovechó para recordar que recientemente impuso sanciones a 39 servidores públicos por faltas administrativas graves y no graves.
Entre las medidas aplicadas se encuentran amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 20 años y una multa solidaria superior a 1,192 millones de pesos, derivada principalmente de irregularidades detectadas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, la dependencia informó que un funcionario adscrito al SAT en Quintana Roo fue suspendido por 90 días tras emitir fuera de plazo un crédito fiscal superior a 205 millones de pesos correspondiente al ISR, IVA, recargos y multas.
Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones contra servidores públicos continuarán y enfatizaron que toda persona señalada en un proceso penal mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme emitida por un juez competente.
EE