Interpol confirma cancelación de ficha roja de Inés Gómez Mont y Puga

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo,Víctor Manuel Álvarez Puga, da un giro radical. Hoy te explicamos por qué la Interpol canceló su búsqueda internacional, qué pasará con sus órdenes de aprehensión y cómo este revés impacta uno de los casos de presunta corrupción más mediáticos en México.

El fin de la cacería internacional

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó de manera formal y definitiva la cancelación de las fichas rojas que pesaban sobre la reconocida presentadora de televisión y el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta resolución administrativa, que entró en vigor a finales de septiembre de 2026, desactiva por completo el mecanismo de rastreo global que mantenía a la mediática pareja en la mira de las autoridades migratorias y policiales en más de 190 países desde el año 2021.

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De acuerdo con información de Milenio, la baja se hizo efectiva el 25 de septiembre, aunque el público se enteró cinco días después, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó en su conferencia matutina.

El comité especializado del organismo policial con sede en Francia determinó dar de baja los expedientes tras evaluar exhaustivamente un recurso extraordinario promovido por la defensa legal de los acusados. Los abogados defensores argumentaron con éxito que el proceso judicial iniciado en territorio mexicano contenía una presunta motivación de carácter político, lo cual transgrede directamente el artículo 3 de los estatutos de la organización, además de advertir sobre el inminente riesgo de sufrir una detención arbitraria bajo la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa.

La postura del Gobierno de México

A pesar de este contundente revés en el ámbito de la justicia internacional, la situación jurídica de los implicados dentro del territorio nacional no ha sufrido modificaciones sustanciales. La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente la decisión del organismo internacional durante su habitual conferencia matutina, asegurando con firmeza que el gobierno mexicano no se quedará de brazos cruzados y exigirá respuestas claras y transparentes sobre los motivos exactos que llevaron a esta sorpresiva resolución global.

En este mismo sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra preparando una robusta estrategia legal para solicitar formalmente que las notificaciones de búsqueda sean reactivadas a la brevedad posible. Las autoridades mexicanas insisten categóricamente en que las órdenes de aprehensión emitidas por jueces locales siguen plenamente vigentes, por lo que, si la pareja decide en algún momento pisar suelo mexicano, podrían ser detenidos de manera inmediata para ser presentados ante los tribunales correspondientes.

Claves del caso y acusaciones vigentes

Para comprender a fondo la magnitud de esta noticia y su impacto en la opinión pública, es fundamental recordar la gravedad de los delitos que originaron esta persecución sin precedentes. A la pareja se le acusa formalmente de estar profundamente involucrada en una compleja red de operaciones financieras ilícitas que presuntamente desvió miles de millones de pesos del erario público a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma y contratos irregulares con diversas dependencias federales.

• Delitos imputados: Se les acusa formalmente de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado en agravio del Estado.
• El monto millonario: Las investigaciones oficiales señalan un presunto desvío de casi 3,000 millones de pesos, estrechamente vinculados a contratos anómalos para el equipamiento de centros penitenciarios.
• El modus operandi: Se investiga el uso sistemático de empresas fachada para simular la prestación de servicios, triangular recursos públicos y evadir el pago de obligaciones fiscales.
• Estatus actual: Aunque ya no son buscados activamente por Interpol en el extranjero, ambos siguen siendo considerados prófugos de la justicia por la FGR en territorio nacional.

El impacto de esta cancelación trasciende la esfera del espectáculo y plantea serios cuestionamientos sobre los procedimientos de extradición y la solidez técnica de las carpetas de investigación presentadas por nuestro país en el extranjero. Mientras el equipo de defensa celebra este fallo internacional como una victoria crucial contra lo que consideran una persecución desproporcionada, las autoridades mexicanas enfrentan el enorme reto de replantear su estrategia jurídica para evitar que este emblemático caso de presunta corrupción quede en la impunidad.

JM