Tensión en Honduras: Reality show ligado a Salinas Pliego amenaza a una comunidad con despojo

Un conflicto territorial estalla en Honduras por la grabación de "Survivor", un reality show de supervivencia. Pobladores garífunas enfrentan un desalojo policial en Playa Uva, Cayos Cochinos, para ceder el espacio a una producción transmitida por TV Azteca. Detrás de este proyecto televisivo figuran intereses empresariales vinculados a Ricardo Salinas Pliego.

Las acciones desataron protestas de comunidades que defienden sus hogares ancestrales frente a la ocupación.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) mantiene el campamento "Por la Vida" en resistencia pacífica. Los habitantes originarios denuncian que un centenar de policías navales llegó a la zona para ejecutar una orden judicial de expulsión.

El cerco de seguridad impuesto por las autoridades impide a los pescadores locales salir a trabajar y restringe el acceso al agua potable. Además, las tortugas carey enfrentan obstáculos insalvables para desovar en esta temporada, interrumpiendo un ciclo biológico de gran importancia para el ecosistema marino.

Intereses corporativos en el paraíso

El sitio en disputa pertenece a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, un consorcio con gran influencia en la región. El accionista mayoritario de esta entidad es Fundación Azteca Honduras, propiedad del empresario mexicano, según información de medios de circulación nacional. Esta presunta relación genera suspicacias sobre el uso de influencias para asegurar el control del territorio insular.

La empresa española Cuarzo Producciones está a cargo del rodaje de la nueva temporada de "Survivor" en estas playas.

El juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula ordenó retirar a los ocupantes no autorizados mediante el uso de la fuerza pública.

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Resistencia y apoyo internacional

Míriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, declaró el campamento en estado de alerta máxima tras conocer la resolución. La dirigente advirtió sobre una represión inminente contra los pobladores y confirmó que permanecerán en plantón por tiempo indefinido para proteger sus tierras de la invasión comercial.

Más de 30 organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos viajaron al país centroamericano para brindar respaldo. Su objetivo principal es detener la expulsión, documentar los abusos contra los pobladores y visibilizar el conflicto a escala global para ejercer presión sobre las autoridades locales.

Un conflicto con raíces profundas

Los defensores exigen cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pueblos originarios. Estos fallos internacionales reconocen y protegen los territorios ancestrales de San Juan, Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, obligando al Estado a garantizar su preservación.

El acoso coincide con la reciente aprobación de la Ley Agropecuaria impulsada por sectores conservadores. Esta legislación protege megaproyectos privados, turísticos e inmobiliarios, y penaliza cualquier oposición ciudadana al considerarla una amenaza contra el interés nacional, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica.

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FF