Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral
Las protestas realizadas la semana pasada se vieron terriblemente afectadas por una ola de violencia que ha terminado con el presidente imponiendo medias
El gobierno de Javier Milei dispuso este martes una serie de medidas para ordenar la cobertura mediática de las protestas previstas en los alrededores del Congreso, en medio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Entre ellas, se delimitó un espacio exclusivo para el estacionamiento de móviles de prensa durante los días de movilización.
A través del Ministerio de Seguridad, las autoridades informaron que la vereda ubicada en Hipólito Yrigoyen al mil 700 —una de las arterias cercanas al Palacio Legislativo— será el único sector habilitado para las unidades periodísticas que participen en la cobertura del operativo de seguridad previsto para el 18, 19 y 20 de febrero.
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La decisión se da en la antesala de las manifestaciones convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que llamó a movilizarse este jueves en rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que será discutida en el Congreso y que ha generado tensión entre el Gobierno y distintos sectores sindicales.
Buscan aprobación de diputados
Tras la aprobación del proyecto de reforma laboral el pasado miércoles en el Senado, el oficialismo busca obtener luz verde en la Cámara de Diputados esta semana.
Para eso, deberá obtenerse un dictamen de mayoría en la comisión de Trabajo, Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que ha sido citada a debatir este miércoles, según figura en la agenda parlamentaria. El proyecto modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.
Entre sus puntos centrales, reduce las indemnizaciones por despedido y las licencias laborales por accidentes o enfermedad, brinda al empleador la posibilidad de no abonar las horas extra, y limita el derecho a huelga.
Denuncias por supuesto terrorismo
La protesta realizada el pasado miércoles frente al Congreso contra la reforma laboral terminó en una batalla campal, con disparos de proyectiles de goma, chorros de agua y gases de la Policía y el lanzamiento de piedras y cócteles molotov por los manifestantes, en una jornada de alta tensión que se saldó con 12 policías heridos y más de 70 manifestantes detenidos.
Por los incidentes registrados ese miércoles, la cartera de Seguridad presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal y este martes, presentó una denuncia penal por el delito de instigación pública a cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, a través de la cual solicitó la investigación de un perfil de la red social Instagram denominado 'Pedagogía para la acción' en el que se difunden técnicas de resistencia ciudadana.
En el comunicado oficial publicado este martes, el Ministerio de Seguridad recomendó a la prensa "evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad" y advirtió: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera argentina, convocó este lunes una huelga general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció este martes que desde el frente de sindicatos acompañarán la huelga con una manifestación.
"El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín", expresó Aguiar en su cuenta de la red social X.
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El Gobierno de Milei ha implementado desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, el llamado 'protocolo antipiquetes' a través del cual ha prohibido que las protestas sociales se realicen sobre la calle, restringiéndolas exclusivamente a la vereda.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó este lunes en entrevista con Radio Rivadavia que desde su cartera están analizando endurecer el 'protocolo antipiquete' con medidas como la revisión de bolsos y hasta la prohibición de banderas por su posible utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.
TG