Crisis en Polonia tras entrada a la fuerza del presidente a la sede del Constitucional
La disputa por el control del máximo órgano judicial evidencia la creciente confrontación entre el Ejecutivo y la oposición conservadora, que acusa al Gobierno de vulnerar la separación de poderes
El conflicto en Polonia entre el Gobierno central y la Presidencia de la República alcanzó un punto crítico cuando el presidente Karol Nawrocki irrumpió en la sede del Tribunal Constitucional para restituir en su cargo al vicepresidente del organismo, Bartłomiej Sochański, quien había sido destituido previamente por el primer ministro, Donald Tusk.
Los principales órganos judiciales de Polonia, incluido el Tribunal Constitucional, se han convertido en importantes focos de disputa entre el actual Gobierno proeuropeo, encabezado por el primer ministro Tusk, y el principal partido de la oposición, Ley y Justicia (PiS), de orientación nacionalista y conservadora, al que pertenece el presidente Nawrocki.
Críticos en Polonia y en la Unión Europea acusan a PiS, que gobernó el país entre 2015 y 2023, de ejercer control político sobre instituciones judiciales clave, incluido el Tribunal Constitucional. Las reformas impulsadas por ese partido llevaron a la Unión Europea a imponer sanciones económicas a Polonia.
El actual Gobierno de Donald Tusk llegó al poder en 2023 con la promesa de restablecer la independencia del poder judicial. Desde entonces, sus esfuerzos se han visto obstaculizados por los vetos de dos presidentes consecutivos alineados con PiS, incluido el actual mandatario, Nawrocki.
La tensión escaló a principios de septiembre tras el nombramiento de Maciej Berek, exasesor y ministro del gabinete de Tusk, como juez del alto tribunal. Sin embargo, el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, se negó a reconocer el nombramiento al considerar que Berek no cumplía los requisitos.
Berek prestó juramento directamente en el Parlamento el 14 de octubre de 2026, un paso clave que aceleró el actual enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo y la Presidencia.
Ayer, el Gobierno suspendió de sus funciones a Święczkowski, presidente del Tribunal Constitucional, y a Sochański, vicepresidente del organismo. Sectores afines al Ejecutivo intentaron tomar el control administrativo del tribunal para desbloquear su funcionamiento, mientras la policía se desplegó y acordonó la sede en Varsovia ante las protestas y los forcejeos registrados en las puertas.
El Gobierno de Donald Tusk defiende que sus acciones son necesarias para desbloquear una institución paralizada y eliminar los efectos de la influencia política ejercida por PiS. Sostiene que la toma de juramento de Berek es un mero trámite formal y que el presidente no puede vetar arbitrariamente las decisiones del Parlamento.
«El restablecimiento del Estado de derecho es nuestra obligación», escribió el primer ministro Tusk en X el viernes por la noche. «Después de años de ausencia de legalidad bajo PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere una acción decidida. No hay otra manera».
La oposición conservadora y la Presidencia denuncian lo ocurrido como un «golpe de Estado» y una violación flagrante de la Constitución. Sostienen que el Ejecutivo está pisoteando la separación de poderes al recurrir a la fuerza policial y a suspensiones administrativas para doblegar a los órganos judiciales independientes.
«Este es un ataque descarado y criminal contra el orden constitucional», escribió en X el viernes por la noche el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro. «Por eso hago un llamado a una resistencia pública, firme, solidaria y sin miedo».
El presidente Karol Nawrocki interrumpe su viaje a Senegal ante la crisis
El presidente polaco, Karol Nawrocki, quien se encontraba de camino a Senegal, anunció que decidió regresar a Polonia debido a la situación. «En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Estoy acortando mi vuelo a Senegal. Regreso», escribió en X.
Alrededor de la 1:00 de la madrugada del sábado, Nawrocki se presentó en el Tribunal Constitucional e ingresó por la fuerza, acompañado del vicepresidente Bartłomiej Sochański, con el propósito de restituirlo simbólicamente en su despacho y rechazar las órdenes del Ejecutivo.
La acción buscaba reafirmar el control de la Presidencia sobre la institución y respaldar a su equipo directivo en medio del enfrentamiento con el Gobierno.