Una transición energética justa para cerrar brechas en América Latina
La transición energética no tiene vuelta atrás. El siguiente paso es decidir cómo queremos llevarla a cabo y, sobre todo, cómo conseguimos que se convierta en una oportunidad de crecimiento, competitividad y bienestar para Iberoamérica.
Esta fue una de las principales conclusiones del diálogo que mantuvimos la semana pasada en la mesa de debate ‘PNUD-CEAPI Talk’, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, en el marco de la 81º Asamblea General de la ONU. Empresarios, instituciones y organismos multilaterales de ambos lados del Atlántico compartimos la convicción de que América Latina no puede limitarse a ser proveedora de los recursos que necesita esta nueva economía; debe participar plenamente en las cadenas de valor que está generando la transición energética.
La región parte de una posición singular. América Latina cuenta con abundantes recursos naturales, un enorme potencial renovable y una población emprendedora, pero también afronta déficits de infraestructura, dificultades regulatorias y una necesidad creciente de atraer capital para transformar sus recursos en desarrollo. La transición energética puede contribuir a cerrar esas brechas si somos capaces de conectar inversión, innovación, políticas públicas y proyectos concretos.
La transición que ahora comienza tendrá igualmente consecuencias durante décadas y marcará las oportunidades de las nuevas generaciones: una oportunidad para cerrar brechas.
América Latina parte, además, de una posición privilegiada. Cerca del 60% de su electricidad procede ya de fuentes renovables, una proporción elevada en comparación con otras regiones. El reto es convertir esa virtud en una ventaja económica: más inversión, más industria, más empleo y más productividad.
Para ello necesitamos también cambiar nuestra mirada sobre la minería. La electrificación, las redes, el almacenamiento y las nuevas tecnologías requieren minerales críticos. América Latina tiene una oportunidad extraordinaria, pero no basta con extraerlos. Necesitamos desarrollar cadenas de valor, combatir la minería informal, generar empleo cualificado, aumentar los ingresos fiscales y garantizar estándares ambientales y sociales exigentes.
Por eso hemos defendido en Naciones Unidas, como ya hice hace pocas semanas en el Parlamento Europeo, la necesidad de un pacto por la minería que permita agilizar los trámites y dar seguridad jurídica a las inversiones. Una regulación previsible puede crear las condiciones para que la actividad legal, responsable y sostenible crezca, al tiempo que se reducen los efectos negativos asociados a la minería ilegal como los daños medioambientales, el crimen organizado o la falta de seguridad de los trabajadores.
El sector privado ya está demostrando ese interés. Un buen ejemplo es Enrique Riquelme, socio de CEAPI y fundador y presidente de COX, compañía que ha identificado en América Latina una región estratégica y prevé invertir hasta 10.000 millones de euros en infraestructuras críticas durante los próximos cinco años. Su apuesta incluye mercados como México y demuestra que, cuando existen proyectos de dimensión suficiente y marcos que permiten invertir a largo plazo, el capital encuentra oportunidades.
Pero el sector privado no puede hacer este esfuerzo solo. Necesitamos instituciones financieras, bancos de desarrollo y alianzas público-privadas capaces de compartir riesgos y convertir oportunidades en proyectos financiables. CAF, por ejemplo, ha planteado dedicar el próximo año el 50% de sus proyectos a iniciativas verdes, una movilización de recursos que puede contribuir decisivamente a esta transformación.
La transición también debe ser justa. La energía limpia debe ser, al mismo tiempo, accesible y competitiva. No habrá verdadera transición si las empresas no pueden producir de forma eficiente o si millones de ciudadanos y pequeños negocios quedan fuera de esta revolución energética. Invertir en redes, infraestructura y generación renovable debe traducirse en productividad, empleo y mejores oportunidades en los territorios.
La transición energética no debe entenderse únicamente como una obligación climática. Para América Latina es también una oportunidad económica: para atraer inversión, desarrollar industria, crear empleo y modernizar infraestructuras.
Las grandes transiciones energéticas del pasado transformaron nuestras sociedades. La que tenemos por delante hará lo mismo. La diferencia es que hoy conocemos mejor sus implicaciones y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que permitan a las próximas generaciones aprovecharlas.
El desafío es que América Latina no sea únicamente protagonista de esta transición, sino que consiga convertirla en más valor y más oportunidades dentro de sus propias fronteras.