Una traición a la justicia cotidiana
Ninguna democracia funciona sin justicia, y la más importante no es la que se dicta en los grandes tribunales, sino la que toca la vida diaria: la que resuelve un divorcio, fija una pensión alimenticia, tramita una adopción, reparte una herencia, recupera una casa o define los términos de un arrendamiento. Es la justicia que miles de hogares necesitan y la que más pesa cuando falla.
Por eso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en 2023, representó un avance. Introdujo juicios y audiencias orales, expedientes electrónicos, trámites a distancia y mecanismos alternativos para resolver controversias. Es una ley que, como pocas, fue redactada con cuidado técnico y con visión de vanguardia. Su valor estaba en acercar la justicia a quien la necesita.
Hoy se ha diferido su entrada en vigor, con horizonte de 2027 a 2030. Son tres años más de espera para miles de justiciables. Por eso voté en contra de la iniciativa. La razón de fondo fue clara: aplazar sin revisar y sin un plan equivale a renunciar a la justicia.
Mi argumento se apoyaba en los recursos. Durante estos años debió destinarse dinero a infraestructura, sistemas y capacitación. De hecho, se estima que la implementación requería del orden de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de presupuesto no contempló recursos suficientes para la implementación, sino cifras más simbólicas que reales. Diferir la ley sin esos recursos no fue una pausa responsable.
Lo que está en juego no es abstracto. Hay mujeres que esperan una pensión alimenticia que no llega. Hay niñas y niños que necesitan una adopción y siguen esperando una resolución. Hay familias que buscan certeza sobre un patrimonio heredado o no escriturado. Hay arrendadores e inquilinos que necesitan reglas claras y personas que quieren regularizar su propiedad. Cada uno de esos casos es una vida en pausa.
Preguntarse por qué la Federación y los estados no están listos lleva a una conclusión incómoda: la justicia cotidiana no parece ser prioridad. La energía política se ha concentrado en otros frentes, incluida la reforma al Poder Judicial de carrera, mientras al justiciable se le trata como un asunto secundario. Pasan los años, el presupuesto no llega y el país sigue sin una justicia cotidiana moderna y eficaz.
Diferir sin revisión ha sido una traición a las mujeres que esperan una pensión, a los niños que esperan una familia, a quienes buscan certeza sobre su patrimonio y a quien quiere regularizar su casa. Es una traición a la justicia y, por extensión, a la democracia, que se mide en la capacidad del Estado para resolver los conflictos de su gente.
La discusión no era si la reforma era perfecta. La pregunta era si estábamos dispuestos a pagar lo que cuesta hacerla funcionar. La respuesta ha sido no. Con ello se ha perpetrado una traición a muchos mexicanos y mexicanas.