Una Fiscalía Antitortura que sirva
En Jalisco no hay una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura. Sin embargo, datos del Registro Nacional del Delito de Tortura revelan que en nuestra Entidad se han abierto 457 expedientes por este ilícito en un periodo que comprende del primero de enero de 2018 al 30 de junio 2026. En cuanto a los señalados, alrededor de 7 de cada 10 casos son policías municipales, y el resto son agentes estatales y ministeriales.
Pero, ¿qué entendemos por tortura? Comete tortura el servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona “con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin”, según el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La tortura física se ha sofisticado en los últimos años, me compartió Denisse Montiel, especialista en el tema y codirectora del CEPAD: antes los tratos brutales dejaban secuelas visibles; hoy, los maltratos y golpes se aplican en zonas y formas que no dejan huellas visibles. Esto incluye la asfixia seca o húmeda, toques y descargas eléctricas. En cuanto a tortura sicológica, la amenaza de desaparición es muy común, así como la desnudez forzada.
En la Fiscalía del Estado, según testimonios de detenidos documentados por el CEPAD, hay un espacio denominado “las perreras” (unas especie de jaulas) en donde se cometen este tipo de actos.
Ahora, ¿por qué la tortura es una práctica cotidiana de los cuerpos policiales, pero no se castiga? Porque la Fiscalía del Estado es juez y parte. Los funcionarios dentro de la actual Dirección de Investigación para Prevenir y Sancionar el delito de Tortura deben actuar contra sus propios compañeros.
Por eso es una buena noticia la reciente publicación en el periódico oficial del Estado -tras más de un año de retraso- de la reforma constitucional para crear la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de Jalisco que deberá cristalizarse en medio año tras la formulación de las leyes secundarias.
Esta reforma dota de autonomía técnica y presupuestal a la nueva Fiscalía para garantizar su independencia.
La tortura ocurre todos los días, pero no se castiga. Sociedad civil, expertos y diputados tienen un gran desafío por delante para que, ahora sí, con la aportación de todos y todas, tengamos una Fiscalía Antitortura que sirva.