Uber y Didi: el problema es político
Si este caso ocurriera en Estados Unidos, el feminicidio de Karla Margarita Pérez en Zapopan se traduciría en una demanda millonaria contra Uber, pero estamos en México.
Tras el feminicidio de la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez a manos de un conductor de Uber Moto, la Secretaría de Transporte (Setran) sancionó a las empresas que ofrecen este servicio ilegal.
Días después del crimen, la Setran informó que retiró 41 motocicletas de circulación y multó a Uber, DiDi e inDrive con 22 mil pesos a cada una por ofrecer esta modalidad prohibida.
El monto de la multa para Uber y DiDi, considerando que son compañías globales con miles de millones de dólares en ingresos anuales, representa una proporción infinitesimal cercana al 0.0000% de sus ganancias.
El desafío al Estado mexicano, en este caso al gobierno de Jalisco, alcanza proporciones de burla, pues Uber y DiDi siguen ofreciendo al día de hoy el traslado de pasajeros en motocicleta. Solo inDrive suspendió esa opción.
Estas “sanciones” llegan, además, tarde y de forma reactiva, porque las dos empresas ofrecen este servicio ilegal desde hace un año, sin acciones enérgicas de la Setran para inhibir realmente la operación de un servicio ilegal.
Ya una diputada local sugirió elevar las multas, pero es una alternativa irrisoria, pues no hay montos lo suficientemente grandes para frenar a estas plataformas gigantes.
El castigo a la empresa es de carácter administrativo, una multa insignificante, cuando su responsabilidad debería ser incluso penal ante un servicio inseguro que, en Estados Unidos, obligaría a Uber a pagar una indemnización millonaria.
Ayer, Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, reconoció que han tenido reportes de acoso, tocamientos indebidos y abusos por parte de choferes de motocicletas hacia usuarias. Es decir, conocían el problema, sabían del peligro.
Ningún operativo puede controlar este servicio con más de un millón de motos que circulan en Jalisco; la única vía es obligar a las plataformas a eliminar esa opción.
No estamos ante un conductor que se pasó un semáforo, sino ante un problema de salud pública por la alta accidentalidad de las motos y el riesgo para la vida e integridad del pasajero, principalmente de las mujeres.
Los mecanismos de presión y la fuerza del Estado deben usarse para que ambas plataformas eliminen ese servicio de su aplicación.
En este punto no se necesita un policía vial -tampoco burócratas, empresarios de lo público o administradores-, sino un político profesional que entienda de gobernabilidad y les plante cara a dos empresas globales que hacen lo que quieren con la movilidad de nuestra ciudad.
Hay que sentar a los representantes de Uber y DiDi, los verdaderos tomadores de decisiones, y leerles la cartilla.