The Morning Show… de cuarta
El Gobierno de Claudia Sheinbaum abrió en junio un espacio semanal desde Palacio Nacional para confrontar información que considera falsa. Lo conduce Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo. “Derecho de Réplica” no sustituye al “Detector de mentiras”; lo acompaña. Uno corrige, el otro exhibe. Ambos parten de la misma premisa: el Gobierno no sólo tiene una versión de los hechos, también puede señalar públicamente cuál versión considera inválida.
Hasta ahí, nada que una democracia no pueda soportar. El poder tiene derecho a defenderse y la prensa a equivocarse.
Lo interesante ocurre fuera de cámara.
México extinguió al IFT, un órgano constitucional autónomo, y trasladó la regulación del sector a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Conserva independencia técnica, pero perdió la separación constitucional que tenía el antiguo regulador frente al Ejecutivo.
Al mismo tiempo, la nueva discusión sobre derechos de las audiencias entra en terreno sensible. Los lineamientos en consulta hablan de información veraz, plural y oportuna; de distinguir información de opinión; de evitar contenidos falsos o descontextualizados.
La CRT puede supervisar, requerir, revisar incumplimientos y sancionar. La ley contempla, además, la suspensión precautoria de transmisiones por violaciones relacionadas con derechos de las audiencias.
Nada de eso convierte automáticamente a México en un país censurado. Tampoco sería serio afirmar que una nota exhibida en Palacio Nacional termina después en un expediente administrativo. No existe evidencia de esa cadena.
Pero la política rara vez se entiende observando cada instrumento por separado.
La Presidencia produce diariamente la versión oficial. Desde el mismo Palacio se construyó un formato para confrontar a quienes publican una distinta. Y, mientras eso ocurre, el organismo encargado de regular una parte del ecosistema informativo quedó institucionalmente más cerca del Ejecutivo.
La pregunta ya no es si el Gobierno puede responderle a un periodista. Puede.
La pregunta incómoda es otra: ¿qué distancia debe existir entre quien es objeto del escrutinio, quien decide públicamente qué información considera falsa y quien posee capacidad institucional para supervisar el espacio donde esa información circula?
Las instituciones suelen parecer razonables mientras las administra alguien en quien confiamos. La prueba comienza cuando imaginamos exactamente las mismas facultades en manos del adversario.
¿Defendería Morena este diseño si dentro de seis años otra fuerza política ocupara Palacio Nacional? ¿Consideraría saludable que ese gobierno tuviera una emisión semanal para exhibir periodistas mientras un regulador más próximo al Ejecutivo vigila derechos de las audiencias?
Si la respuesta depende del nombre del gobernante, la discusión nunca fue sobre libertad de expresión.
Fue sobre poder.
La censura antigua necesitaba una llamada para detener una publicación. La moderna puede ser mucho más elegante: no impedir que alguien hable, sino conseguir que cada palabra pronunciada contra el poder tenga un costo creciente.
Quizá por eso la mañanera no deba preocuparnos por lo que dice, sino por todo lo que, poco a poco, está aprendiendo a hacer, y por la distancia institucional que estamos dispuestos a entregar mientras miramos la pantalla.
paola.nadine@gmail.com