Un tanque de dinamita
Tanta polvareda en el paisaje nacional suele tapar acciones de trascendencia que se pierden entre el ruido y el estruendo de un escándalo tras otro. Pero no desaparecen: siguen avanzando pese a no contar con la atención de la opinión pública. Tal es el caso de la caída de Iván Cazarín, el temido criminal apodado “El Tanque”, detenido hace casi tres meses. Su captura convirtió a Jorge Amílcar Olán en un tema prioritario para la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, al igual que a su hermano Luis Alberto, les hizo favores y prestó servicios que repercutieron en los negocios de sus socios y prestanombres: los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y prominentes miembros del Grupo Tabasco.
Sheinbaum no tenía mucha idea de quién era “El Tanque” hasta después de su captura, cuando le explicaron la relación que tenía con Jorge Amílcar. Su atención al tema surgió de la intensidad con la que los medios de comunicación trataron el caso del amigo de los López Beltrán, en particular de Andrés, conocido como Andy, quien está siendo investigado en Estados Unidos. El interés de Washington por ambos se hizo explícito a principios de octubre, debido a la cantidad de información que estaba solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Amílcar. Hasta el momento no hay una acción legal formal contra él en Estados Unidos, pero existe el temor en Palacio Nacional de que lo detengan en Europa y lo extraditen. A “El Tanque” sí lo quieren en Washington, y su eventual extradición generaría inquietud en Palenque.
Pero en todo este entramado hay algo que probablemente desconoce la Presidenta: Cazarín es el camino para llegar a José Alfredo Pérez Astorga, un personaje que está fuera del radar de muchos y que resulta fundamental para comprender el panorama de las presuntas redes y complicidades criminales en el sur del país. Pérez Astorga fue administrador central de Fiscalización del SAT y respondía a Rosalinda López Hernández —quien falleció en 2024—, hermana del senador Adán Augusto López Hernández. Como intermediario de la familia, trabajaba con Melchor López Hernández, quien, al igual que su hermano Adán Augusto, tiene una notaría.
En este espacio publiqué, en octubre del año pasado, información sobre las investigaciones emprendidas en Estados Unidos contra las redes criminales de políticos mexicanos. Señalé que la notaría de Melchor coordinaba acciones oscuras con Rosalinda, quien dejaba asuntos en “tránsito” por evasión de impuestos o en litigio, que su hermano resolvía en las oficinas del SAT en Guadalajara y León. A partir de ese negocio, Adán Augusto y su cuñado, el entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón —esposo de Rosalinda—, diseñaron un mecanismo de financiamiento para nuevas empresas durante el sexenio pasado, utilizado como matriz en el negocio del contrabando de combustible.
López Astorga era el brazo derecho de Rosalinda y se convirtió en el cancerbero de las redes de protección tendidas por los hermanos López Hernández y la familia de López Obrador. Al mismo tiempo, se involucró en todos los asuntos relacionados con las industrias del tequila y el tabaco, así como con las escrituras de las empresas del Cártel Nueva Generación, que, a través de “El Tanque”, estableció vínculos con varias figuras del Grupo Tabasco e, indirectamente, con los López Beltrán.
El funcionario del SAT tuvo un gran poder, aunque prestado, que le permitía frenar actuaciones federales contra grupos político-criminales que operaban bajo su protección. La importancia del obstáculo que desapareció con su salida se hizo evidente en agosto pasado, cuando la Marina aseguró un cargamento procedente de Vietnam con 52 millones de cigarros ilegales en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La acción afectó fuertes intereses y, para sorpresa de las autoridades, quien pidió que liberaran el cargamento fue Andy, con lo que, según el autor, quedaron expuestos sus presuntos vínculos con la red que protegía López Astorga.
López Astorga regresó a su natal Veracruz y, según una fuente, colabora con la gobernadora Rocío Nahle, quien nombró a su hermano Ernesto secretario de Desarrollo Económico y Portuario estatal. Desde ese estado, “El Tanque” operaba en todo el sur del país como responsable regional de actividades criminales desde Veracruz hasta Chiapas. Además, fue el motor de la expansión del cártel en la frontera con Guatemala, con el presunto apoyo de los gobernadores de Tabasco y Chiapas.
La salida de López Astorga de los asuntos en Jalisco y la persecución nacional del Cártel Nueva Generación afectaron las operaciones criminales en el Sur del país, donde finalmente las autoridades federales pudieron capturar a “El Tanque”, quien controlaba la extorsión, el tráfico de drogas, los secuestros, el lavado de dinero y el robo de hidrocarburos. Al anunciar su detención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no mencionó otros presuntos delitos señalados en investigaciones periodísticas, como su involucramiento en el Tren Maya a través de Luis Alberto, hermano de Jorge Amílcar. Este último sería la llave para llegar a los negocios oscuros y presuntamente ilegales de Andrés y Gonzalo, hijos de López Obrador, así como del Grupo Tabasco.
Los presuntos vínculos criminales de estos personajes y las implicaciones de eventuales acciones unilaterales de Estados Unidos, si Sheinbaum mantiene su negativa a procesarlos, forman parte, según el columnista, de las deliberaciones frecuentes en Palacio Nacional. Washington habría solicitado desde hace casi año y medio que fueran procesados y cumplieran sus sentencias en cárceles mexicanas. Ante ese escenario, se desarrollan posibles respuestas a eventuales peticiones estadounidenses. Pero la Presidenta, hasta ahora, se mantiene firme en la defensa de López Obrador y sus hijos y en evitar que algo pueda incriminarlos.
El caso de López Astorga es un ejemplo. Si bien “El Tanque” es una pieza muy relevante en el entramado criminal y puede describir sus nexos con políticos, López Astorga sería todavía más importante en esta red del obradorismo en el triángulo del sur del país —Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde se encuentran los intereses económicos del ex presidente—, porque podría mostrar el diseño criminal no desde la óptica del crimen organizado, sino desde la perspectiva de la clase gobernante que, según esta investigación, se convirtió en parte orgánica del Cártel Nueva Generación.
Solo hay un problema: López Astorga se mueve con discreción y permanece por debajo del radar del gabinete de seguridad. Hay pocas denuncias públicas en su contra, principalmente periodísticas. Es un fantasma en toda esta red, razón por la cual les ha resultado tan funcional a lo largo de los años.
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