Chihuahua, un pantano de simulaciones
En abril publiqué en este espacio que la cadena de contradicciones al explicar por qué cuatro agentes de la CIA participaban en un operativo en la Sierra Tarahumara, como parte de una colaboración bilateral contra el crimen organizado, había convertido al entonces fiscal César Jáuregui en un fusible natural para resolver un diferendo político entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora panista Maru Campos. Esa previsión se cumplió, pero Jáuregui no es solo un chivo expiatorio de su desaseo, sino que su caso exhibe cómo dos políticas, enredadas, encontraron una mala solución al condenarlo, metiéndose a chapalear en un pantano de simulaciones.
La decisión política fue efímera. Campos quedó como una traidora para muchos que la apoyaron cuando la Presidenta la acusó de violar la Ley de Seguridad Nacional. Y Sheinbaum quedó como una política que negocia la justicia, que es precisamente lo que ayer negó hacer. Tantas explicaciones para decir lo contrario y contrarrestar las críticas criticando a quienes las formularon muestran que la credibilidad no está de su parte. Campos, a quien rápidamente veían como una líder en construcción, se desplomó. Para Sheinbaum, remar a contracorriente se ha convertido en un ejercicio cotidiano.
El episodio que pretenden cerrar tuvo su origen a finales de abril, cuando dos agentes de la CIA que habían participado en un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación en la comunidad de El Pinal tuvieron un accidente en la serpenteante terracería de la Sierra Tarahumara, al viajar a toda velocidad en un convoy de cinco vehículos. El director de la Agencia de Investigación, un agente de la corporación y un agente de la CIA salieron expulsados del automóvil, mientras que el cuerpo de uno más, que quedó atrapado en el vehículo, se incineró. Los cuatro murieron. En el tercer vehículo viajaban su jefe y otro agente de la agencia estadounidense.
Ninguno de los cuatro agentes era extraño para Jáuregui ni para la gobernadora. La operación en la que participaron consistió en el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo, uno de los que se trasladaron desde Sinaloa cuando estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, hace casi dos años. Era la tercera operación que realizaba la CIA con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua este año. La primera fue en febrero, en Ojinaga, contra miembros del grupo de Los Menchaca, brazo armado del Cártel de Juárez. La segunda fue a finales de febrero y se prolongó hasta los primeros días de marzo, en Santa Bárbara, a 36 kilómetros al sur de Parral. La CIA buscaba detener a miembros del grupo criminal de Los Salgueiro, cuyo líder, Noel Salgueiro Nevárez, detenido hace 15 años, fundó Gente Nueva, organización aliada de Los Chapitos.
La tercera operación, en El Pinal, la única que concluyó con éxito, comenzó dos días antes de que murieran los agentes, cuando elementos de la CIA volaron drones para recolectar información y preparar el desmantelamiento del narcolaboratorio. Algunos agentes de la CIA eran mexicano-estadounidenses, vestían uniformes tácticos de la Agencia Estatal de Investigación y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas tácticos. El Ejército participó en la seguridad perimetral, pero probablemente no reconoció a ningún extranjero debido al camuflaje de los uniformes especiales. Además, como el Gobierno de Chihuahua mantiene bajo llave las imágenes del operativo, no se puede realizar un análisis antropométrico.
Sheinbaum se enteró de lo que había sucedido en Chihuahua a cuentagotas y por la prensa mexicana y estadounidense. Su Gobierno no tenía información de nada. Rápidamente acusó al Gobierno de Campos y a la Fiscalía estatal de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al aceptar que agentes extranjeros participaran en operativos contra el crimen organizado. Es cierto.
Las operaciones de la CIA en Chihuahua violaron la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y establece que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos deberán contar con la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informar de cualquier reunión, comunicación o interacción que mantengan con ellos.
La violación de la ley por parte de la gobernadora Campos tiene como antecedente —y, estirando un poco, justificación— la firma de un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022 —posterior a la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional—, que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera.
El acuerdo nunca fue impugnado y se suscribió cuando el secretario de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard y uno de sus principales colaboradores era el actual canciller, Roberto Velasco.
No había duda de la violación a la Ley de Seguridad Nacional, pero la Presidenta fue quitando gradualmente responsabilidad a la gobernadora hasta que ahora, entregada la cabeza de Jáuregui, la exoneró de toda culpabilidad. Como cabeza de Gobierno —la Fiscalía estatal no es autónoma—, tendría que haberse actuado contra Campos con la ley en la mano, iniciar un juicio de procedencia para destituirla y proceder por el delito de traición a la patria. Lo que sucedió es que una puso el jabón y la otra se lavó las manos. Que pague Jáuregui por todos en este caso de justicia selectiva, tan practicada por sucesivos gobiernos mexicanos.
La diferencia entre el antes y el después es el cinismo con el que en la actualidad se aplica la justicia selectiva. Chihuahua es solo una simulación de aplicación de la ley, que no es tal, ni en el estado ni en otros casos paradigmáticos: el ofrecimiento de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para dar información de seguridad a Estados Unidos con el fin de resolver sus problemas criminales, que la muestra, a juicio del autor, como delincuente confesa de un delito que permitiría juzgarla por traición a la patria; y la acusación de la Fiscalía General por el mismo delito contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por haber secuestrado y entregado a una autoridad extranjera a Ismael “El Mayo” Zambada.
Como es de todos conocido, no ha sucedido nada. Aunque Sheinbaum tiene castigada a Ávila, no hay más que defensas públicas para ella. Y sobre Guzmán López nunca se pidió que fuera extraditado para juzgarlo en México. La omisión es la confirmación de que aquí la justicia sí es política, más allá de la verborrea mañanera.
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