Políticos para certificar
Al igual que lo hizo en su primer periodo de Gobierno en agosto de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador llevaba poco más de nueve meses como presidente de México, ayer Donald Trump envió un documento al Congreso de Estados Unidos donde exige arrestar y procesar a los funcionarios públicos mexicanos que estén coludidos con los cárteles de la delincuencia organizada.
Esta vez, adquiere otra dimensión porque la lectura obligada es que se convierte en automático en una presión más para que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum detenga y les entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y siete de nueve funcionarios y exfuncionarios (dos ya se entregaron a la justicia estadounidense) a los que acusa de estar coludidos con el narco y el Departamento de Justicia pidió desde finales del mes de abril.
Esta nueva insistencia del Gobierno de Trump coincidió con el discurso de defensa de la soberanía que dio ayer la Presidenta en el marco del desfile militar que encabezó por la conmemoración de la Independencia del país, y que ha sido su estrategia para justificar su negativa de detener a Rocha y compañía, argumentando además la falta de pruebas.
El documento que envió Trump al Congreso se llama Determinación Presidencial Anual sobre los Principales Países de Tránsito o Producción de Drogas Ilícitas, que la ley estadounidense mandata enviar a los presidentes cada año fiscal como parte de su estrategia de seguridad nacional.
Es como el trámite que se estableció desde 1986 durante la presidencia de Ronald Reagan, conocido como el proceso de certificación que los Gobiernos de Estados Unidos se autoasignaban para evaluar las políticas de combate al narcotráfico de los países, especialmente de los latinoamericanos. Desde entonces, en los tiempos del PRI como partido hegemónico, muchos sectores lo rechazaban por considerar esa certificación una medida intervencionista y una amenaza a la soberanía nacional.
Los debates más intensos se dieron desde su inicio hasta el 2002, que aunque México lograba la certificación, muchos congresistas reclamaban que se tratara con más rigor a las autoridades mexicanas por los escándalos de corrupción y complicidad entre algunas figuras de la clase política y corporaciones policiales y militares con el narcotráfico, que quedaron evidenciados con el episodio del secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, en Guadalajara, en 1985.
En los últimos Gobiernos de Estados Unidos, especialmente durante la gestión de Barack Obama, este mecanismo quedó prácticamente desactivado como instrumento de presión, hasta que en agosto de 2019, Trump amagó, en tiempos de AMLO, con incluir a México en la lista de 22 países que podrían ser “descertificados” por incumplir compromisos internacionales en el combate al narcotráfico.
En espera de lo que esta vez responda la Presidenta a este nuevo amago de Trump, que formalmente envió al Congreso estadounidense, mañana continuamos con los detalles del contenido de este informe que generó ya un gran impacto entre la clase política y gubernamental, no sólo de la 4T sino de todos los partidos políticos en México.