Periodistas en la mira
La cuenta de asesinatos de periodistas inició muy temprano en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
A dos días de cumplir el mes uno de su Gobierno, inició este trágico conteo, que sumado con los de sus antecesores, en las últimas dos décadas ha colocado a México como uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo.
El primer periodista caído en la actual administración federal fue Mauricio Cruz Solís, un joven colega de apenas 25 años, a quien se le arrebató la vida y su carrera en pleno centro de Uruapan. Michoacán, minutos después de hacerle una entrevista que transmitió en vivo en su portal “Minuto por Minuto”, al alcalde de ese municipio Carlos Manzo Rodríguez, la noche del martes 29 de octubre de 2024. El alcalde sólo atinó a decir que al oír las detonaciones pensó que el ataque iba dirigido a él, por la violencia que privaba en esa ciudad y por las amenazas que había recibido de su antecesor, a cuyo Gobierno ligaba con el crimen organizado. Justo casi un año después, como todos sabemos, también lo asesinaron.
Con el asesinato esta semana de Francisco Alejandro Leyva, quien recibió tres disparos mientras comía en un sencillo puesto callejero, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, son ya siete colegas los que han matado en lo que va del año.
Si sumamos los que van en el año nueve meses de gestión de Sheinbaum, con la muerte de quien fuera ex director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORT) y mantenía su actividad periodística con su columna “El Zumbido del Moscardón”, en la que hacía fuertes críticas a la clase política y gubernamental de Oaxaca y del país, en muchos casos por sus nexos con el crimen organizado, la cifra llegó a 19 periodistas caídos.
Si el Gobierno federal, en coordinación con autoridades locales, donde también se presentan a diario ánimos de acallar críticas de periodistas incómodos, no hacen algo distinto a lo que han hecho hasta ahora, esta secuencia trágica seguirá y al paso que vamos, esta cifra roja será mayor a los 47 colegas que fueron asesinados en el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que se igualó el número que se registró en el periodo de gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.
El Gobierno de Sheinbaum, pero también los Gobiernos estatales y locales, están obligados a pronunciarse al respecto, y sobre todo a revisar su política para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la integridad física de periodistas y defensores de los derechos humanos, para por ningún motivo permitir que se llegue a las ya inaceptables cifras de agresiones contra quienes ejercen el periodismo, como ya ocurrió en el primer sexenio de la 4T.