Maru Campos: un plan de retiro dorado

Quién sabe qué pasó entre la gobernadora Maru Campos y César Jáuregui, colaborador cercanísimo de la panista durante al menos tres lustros. La última etapa de esa relación fue como fiscal del Estado, cargo que ocupó de enero de 2023 a abril pasado.

Hoy Jáuregui está en la cárcel del Altiplano, donde le preparan una acusación por un delito sin precedentes en la historia moderna. Morena lo quiere acusar de traición a la patria y exhibirlo en la picota mediática como un mexicano que prefirió servir al Tío Sam al realizar operativos contra el narcotráfico con agentes de la CIA. O al menos eso es lo que se dice oficialmente, porque otras filtraciones le atribuyen presuntos nexos criminales.

En tanto se esclarecen las cosas, lo cierto es que el vínculo entre la gobernadora y su ex fiscal se rompió; que la primera abandonó al segundo, quien, por cierto, tenía una larga carrera política en su Estado y en su partido (por ejemplo, fue dos veces legislador local y líder de bancada).

La caída de Jáuregui ocurrió en dos tiempos. Primero, se vio forzado a renunciar a la Fiscalía de Chihuahua a finales de abril, luego de que se conociera una redada en la sierra en la que habrían participado hasta cuatro agentes de la CIA, dos de los cuales murieron en un accidente.

Su permanencia era insostenible, como antes lo era la de quienes se veían envueltos en un escándalo. Esas formas de “antes” hoy solo aplican si los señalados no son morenistas, porque estos nunca han de renunciar.

Desde entonces han pasado casi seis meses. En ese periodo, Jáuregui siguió con su vida, incluida su aspiración a un cargo de elección popular en 2027. Mientras tanto, la gobernadora hizo lo propio, aunque ya había nombrado a una fiscal especial para investigar la operación conjunta de su Gobierno con la CIA y, el mes pasado, logró una reunión privada con la Presidenta Sheinbaum.

Tales son los antecedentes públicos de la detención de Jáuregui, ocurrida el sábado a manos de autoridades de Chihuahua. Lo que se desconoce es el proceso mediante el cual la gobernadora Campos tomó sus decisiones. Si iba a proceder contra quien fue su secretario de Gobierno estatal, su fiscal y su colaborador desde los tiempos en que era alcaldesa, le falta explicar mucho más que lo expresado en su mensaje de que nadie está por encima de la ley.

Porque, aun sin entrar en el delirio de la Federación -que, con la acusación de traición a la patria, construirá un espantapájaros útil tanto para las campañas como para eventualmente amortiguar cualquier zarpazo que pudiera intentar Trump (el morenismo tendría a un opositor en la cárcel para alimentar el sentimiento nacionalista)-, acusar a tu ex fiscal de delitos que involucran a la CIA requiere una explicación.

La gobernadora tiene que hacerse cargo de su ex colaborador y ex amigo. No puede pretender que se le crea que fue engañada, que estuvo al margen de lo sucedido y, menos aún, que no tiene responsabilidad alguna. Lavarse las manos no es su prerrogativa.

Mientras no se demuestre lo contrario, mientras no exista un esclarecimiento público y convincente de que Jáuregui incurrió en una conducta delictiva que ella no pudo haber advertido y que no la implica de forma alguna, la gobernadora está lejos de quedar libre de responsabilidad política.

Así como la Presidenta Sheinbaum es vista como alguien que negoció entregar Nuevo León al tolerar ahí a una candidata morenista rechazada por la militancia, Campos no puede quitarse de encima el sambenito de que, al entregar a Jáuregui, arregló básicamente su plan de retiro después de 2027. Entregar a su ex colaborador y amigo, y al Estado, a cambio de una jubilación despreocupada.