Lemus y el Segundo Informe de Gobierno
El gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, está envuelto en la dinámica de su Segundo Informe de Gobierno. Este 6 de noviembre debe presentarse en el Congreso del Estado el documento que detalle el trabajo que ha realizado el gobierno estatal en el último año, y aunque el segundo año se cumple exactamente hasta el 6 de diciembre, la legislación jalisciense contempla que sea un mes antes el trámite obligatorio.
En el Congreso, los diputados estatales -que representan a todos los jaliscienses- ya aprobaron el calendario de comparecencias obligatorias de los diferentes secretarios y funcionarios que colaboran con el gobernador Lemus en el ejercicio de gobierno.
En este contexto, hay una discusión pública instalada desde días atrás: ¿Debe haber o no, una ceremonia del informe de gobierno?
El mandatario no está obligado. Basta con entregar en el Congreso estatal el documento en el que se realice el informe de su segundo año de trabajo. Sin embargo, ya se ha asentado la tradición de una ceremonia cargada de simbolismos que expresan también cómo van las cosas en el Estado.
Las posturas toman rutas perfectamente diferenciadas y que podrían definirse en dos enunciados:
a) El gobernador debe encabezar una ceremonia de informe porque efectivamente, el año que está por terminar ha abundado en sucesos que deben ser interpretados por él en un evento público.
b) La sensibilidad particular que priva entre la población, especialmente por la crisis del agua en la Zona Metropolitana, las manifestaciones del 11 y 18 de octubre que concluyeron en hechos violentos y la proximidad del proceso electoral 2027, invitan a recomendar que el mandatario no aparezca públicamente y que se cumpla solamente con los trámites legales.
Independientemente de las consideraciones que se puedan tener al decidir que haya o no un informe público, también debe ponderarse lo que ha ocurrido durante este año; eventos que contaron con la participación del gobierno estatal y que sí pueden exponerse en un acto de informe.
Primero, se enfrentó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, en hechos ocurridos en Tapalpa el 22 de febrero.
Aunque las autoridades de Jalisco no participaron en ello, sí se requirió de la organización y el apoyo para las consecuencias inmediatas: narcobloqueos, negocios y vehículos quemados, carreteras cerradas y daños en el Área Conurbada de Guadalajara y poblaciones importantes, como el epicentro de los hechos (Talpalpa) y Puerto Vallarta.
Desde el Gobierno del Estado se organizaron los operativos de apoyo y recuperación.
Segundo, la organización del Mundial de Futbol, que impactó principalmente en la Zona Metropolitana por los frentes de obra y los análisis críticos de diferentes sectores sociales, que finalmente, avalaron la sede ofrecida por Guadalajara y Zapopan, una de las más concurridas y celebradas, porque además de eventos deportivos, se pudieron organizar eventos festivos de gran nivel.
Como tercer aspecto, puede considerarse precisamente la crisis del agua en la Zona Metropolitana.
Ha sumado un conjunto de eventos que ha generado una posición abierta y analítica por parte de la ciudadana, superando por mucho las tradicionales posturas de los partidos políticos. Hay plena consciencia de que esta problemática tiene raíces en décadas de negligencia y descuido, de falta de inversiones y de contubernios. Y sin embargo, el Gobierno estatal ha debido enfrentarlo.
El proceso será largo, pero con esfuerzo general y un acuerdo político, técnico y financiero clave con el gobierno federal, se emprenderá una ruta de solución.
En síntesis: hay mucho para informar, aunque no todo lo acontecido lleve una etiqueta festiva.