Impunidad prolongada por el Rancho Izaguirre
Ni los casos crecientes de reclutamiento delincuencial forzado contra niñas, niños y adolescentes han hecho reaccionar a las autoridades estatales y federales para esclarecer y deslindar responsabilidades de casos tan graves, que tienen que ver con esta problemática, como el del Rancho Izaguirre y el Rancho de la Vega.
Del primer caso, quedó en el olvido la comparecencia del gabinete de seguridad en el Congreso de Jalisco, para explicar lo ocurrido en aquella finca de La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán, donde en septiembre del 2024 la Guardia Nacional detuvo a diez hombres con un cadáver y dos secuestrados. Y todo lo que pasó después cuando la Fiscalía de Jalisco, en los meses finales de la administración de Enrique Alfaro, dejó ese rancho sin custodia, hasta que en marzo del 2025 el colectivo de madres buscadoras Guerreros Unidos de Jalisco, descubrió ahí cientos de pertenencias personales que tornó un centro de adiestramiento criminal a un posible lugar de exterminio. Esa noticia le dio la vuelta al mundo.
Ya se fue Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, y Gerardo de la Cruz, de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, y se sigue posponiendo la audiencia de imputación en los juzgados de juicios orales del Poder Judicial de Jalisco, contra 12 funcionarios a los que se acusa de omisiones en el caso del Rancho Izaguirre: cinco policías investigadores, dos agentes del Ministerio Público y un directivo de la Fiscalía estatal, así como cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin explicación alguna y por tercera ocasión, esta audiencia se difirió la semana pasada hasta el próximo 18 de septiembre, cuando se cumplan casi dos años del primer episodio delictivo en el Rancho Izaguirre. Habrá que ver si el nuevo Fiscal Anticorrupción de Jalisco, Cipriano Manzanilla, deja que desde el Supremo Tribunal de Justicia sigan pateando el bote o hace algún extrañamiento firme para que ya no se siga posponiendo la rendición de cuentas de estos funcionarios.
Quien tampoco se ha interesado en retomar las indagatorias del caso es la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos. Habrá que recordar que su antecesor enlistó, desde marzo del año pasado, más de una decena de irregularidades en las que incurrió la fiscalía estatal, luego de que atrajo el caso.
Nada se ha dicho tampoco ya del Rancho de la Vega, ubicado a menos de 10 kilómetros del Rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, por el que la FGR detuvo al alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntamente estar coludido con esas dos fincas de adiestramiento criminal, y luego se le vinculó también a las empresas de transporte de hidrocarburos por el caso del huachicol fiscal.
Así la historia de la impunidad prolongada en estos dos casos emblemáticos del reclutamiento delincuencial forzado que ahora ha puesto su mira en niñas, niños y adolescentes, sin que ni eso haga al gobierno dejar sus negligencias.