Feminicidio de Karla: también fue el Estado
El feminicidio de Karla Margarita Pérez es la prueba de que el Estado falló en su deber más elemental: proteger la vida de una mujer. Sin embargo, en este caso se añade una omisión gubernamental, en concreto de Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte.
El lunes 14 de septiembre, Karla Margarita Pérez tomó un servicio de transporte de pasajeros en moto para ir a su domicilio en Nextipac. Nunca llegó a su destino. Estuvo desaparecida tres días.
El miércoles 16 de septiembre por la tarde, la Policía de Zapopan localizó su cuerpo en una brecha junto a un sembradío de maíz, en la colonia Las Agujas, a unos metros del CUCBA de la UdeG.
La estudiante de medicina, originaria de Guanajuato, tenía huellas de violencia y portaba uniforme médico. Junto a su cuerpo encontraron una motocicleta calcinada.
Cuatro días después fue detenido Eduardo Issac N, chofer de la plataforma que trasladó a la estudiante. La Fiscalía estatal informó que el agresor otorgó el servicio a la víctima, la condujo hasta una brecha y le arrebató la vida.
Karla Margarita era estudiante de medicina en la Universidad Cuauhtémoc, ubicada cerca del Estadio Akron.
Sin embargo, su crimen indignó a estudiantes del CUCBA, que protestaron para exigir más seguridad, luminarias en los alrededores, más rutas de transporte público en la zona y que el camión ingrese hasta el centro universitario.
Desde agosto de 2025, Uber y Didi ofrecen el servicio de traslado de pasajeros en motocicletas, que prohíbe el artículo 215 de la Ley de Movilidad de Jalisco. Lo advertí reiteradamente en este espacio.
La alta accidentalidad de las motocicletas se suma a los riesgos para una pasajera expuesta a una agresión como la que sufrió Karla Margarita. Es de suponer que jóvenes y estudiantes son los usuarios más frecuentes de esta modalidad y los más expuestos.
Es más fácil evadir los mecanismos de seguridad de una motocicleta que opera un servicio ilegal de transporte de pasajeros, pues la mayoría carece de placas y seguro, y no existe un registro vehicular confiable.
Mientras esto ocurre, resulta inexplicable que Monraz, titular de Transporte, aparezca en videos promocionales de Uber junto a directivos de la empresa. Uno de abril de este año promovía la “movilidad turística”.
En Jalisco se han cometido 17 feminicidios entre enero y agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. Las omisiones del Estado nos cuestan dinero, recursos, tiempo e inconvenientes. Eso en el menor de los casos, porque también cuestan vidas como la de Karla Margarita.
Tras el feminicidio de la estudiante, la Setran llamó a no usar este servicio en moto y aseguró que este año ha realizado 2 mil 100 supervisiones a vehículos de plataforma.
Podrían ser un millón de inspecciones; eso no modifica el resultado y la permanencia del problema: Uber y Didi lucran con un servicio ilegal y peligroso.
Lo mismo vale decir de la detención del presunto feminicida. La protección de la vida es la misión medular del Estado. La violencia feminicida no acaba diciéndole a las mujeres: “No te preocupes: si te matan, vamos a castigar a tu feminicida”.