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Exige “pruebas” y acusa sin “pruebas”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló ayer, desde el púlpito de Palacio Nacional, los temas tratados la semana pasada durante la visita que hizo a nuestro país Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en lo que ha sido la quinta reunión documentada entre ambos funcionarios en lo que va del año.

Dijo Harfuch: “Principalmente se revisaron extradiciones de los dos países, extradiciones que nosotros necesitamos, extradiciones que ellos han solicitado y continuar con las investigaciones como las que se han llevado a cabo”. Lo anterior quiere decir que, en lo que se refiere a “extradiciones que ellos han solicitado”, es obvio que el tema del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue tratado ampliamente, pues Estados Unidos insiste en la “captura y envío”, mientras que el Gobierno mexicano, “montado en su macho” -como lo ha dicho repetidamente la Presidenta Claudia Sheinbaum-, exige las “pruebas” para justificarlo.

Y precisamente el tema de las “pruebas” -que tanto se maneja desde Palacio- para comprobar un ilícito cobra fuerza y toma impulso ahora que estamos metidos en el “ojo del huracán” de un convulsionado Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz de las acusaciones de la Presidenta Sheinbaum, quien señala a ex presidentes consejeros como responsables de las irregularidades y abusos que hoy se han encontrado.

La Mandataria, en los últimos días, a pesar del cúmulo de “pruebas” en investigaciones periodísticas que, según el autor, demuestran los ilícitos y sus responsables, le ha dado “largas” al asunto, en una sospechosa maniobra, sin exigir que actúe de oficio la Fiscalía General de la República (FGR), pero acusa “sin pruebas” a ex funcionarios del INE. Sobre Luis Carlos Ugalde, quien estuvo al frente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) -del 31 de octubre de 2003 al 14 de diciembre de 2007-, la Presidenta Sheinbaum lo acusó de ser el “ejecutor” del fraude electoral de 2006, que supuestamente fue fraguado entre Vicente Fox -quien era el presidente de la República- y Felipe Calderón -quien era el candidato del Partido Acción Nacional (PAN)-. Mientras que a Lorenzo Córdova -presidente del INE del 3 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023- la Mandataria lo señala como responsable de “no hacer nada” para frenar a las empresas que concentraban la producción de materiales electorales y que han venido provocando la corrupción.

Un claro ejemplo de que, cuando al Gobierno le piden algo, exige “pruebas”, pero cuando se le antoja y le conviene, acusa sin “pruebas”.

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