El Palacio no es el gobernador
En la bóveda de la escalera principal del Palacio de Gobierno de Jalisco, Miguel Hidalgo levanta una antorcha sobre una multitud convulsa. José Clemente Orozco pintó el mural, llamado popularmente “Hidalgo Incendiario”, en 1937, no para glorificar a los funcionarios que transitan por debajo, sino para representar la rebelión contra la opresión. La ironía: fue en ese mismo edificio donde Hidalgo, durante su estancia en Guadalajara, promulgó en 1810 la abolición de la esclavitud. La antigua sede del poder virreinal guarda, en sus propios muros, uno de los símbolos más poderosos de la lucha contra ese poder.
Las imágenes del domingo 18 de octubre pasado, con las puertas incendiadas, los vitrales destruidos y la cantera pintada con aerosol, resultan particularmente dolorosas. El Palacio, cuya construcción se desarrolló durante el siglo XVIII, es quizá la obra capital de la arquitectura de Guadalajara. Su fachada barroca, sus patios y los episodios históricos que resguarda -incluido el intento de fusilamiento de Benito Juárez en 1858- le confieren una importancia que excede por mucho su función administrativa como sede del ejecutivo estatal.
La protesta que llevó a miles de personas al Centro Histórico tenía un motivo legítimo: la exigencia de agua limpia. Nadie tendría que salir a la calle para reclamar agua limpia a un gobierno que debe garantizarla. Y quienes reclamaron pacíficamente no pueden ser responsabilizados, moral o legalmente, por los actos de quienes destruyeron parte del Palacio.
Los organizadores identificaron a grupos violentos y trataron de apartarlos de la marcha. Existen denuncias de que algunos fueron trasladados desde otros lugares y actuaron por encargo, pero todavía no sabemos quiénes los enviaron ni si alguien les pagó. Se debe investigar para establecerlo. Sin embargo, aun si mañana se comprobara que todos los autores materiales fueron provocadores contratados, subsistiría un problema más hondo: la facilidad con que algunos ciudadanos justifican los daños porque el edificio representa al gobierno.
No intervenir físicamente frente a personas armadas no es complicidad. Nadie tiene la obligación de arriesgar su integridad, mucho menos cuando va acompañado de su pareja o de sus hijos. Otra cosa es la indiferencia, o incluso la satisfacción, con que algunos recibieron los destrozos. Esa reacción revela una preocupante falta de conciencia patrimonial: se confunde al Palacio con el gobierno que ocupa sus oficinas, olvidando que el edificio pertenece a todos los jaliscienses. Quienes celebraron el incendio de sus puertas y el destrozo de sus vitrales parecían ignorar que el daño no lo sufría el gobernador, sino el patrimonio de su propia ciudad, del cual también son herederos.
Pero sería igualmente inadmisible que el gobierno trasladara toda la responsabilidad a los agresores. La segunda marcha tenía fecha, recorrido y destino conocidos. Desde esa mañana se reportó la presencia de grupos de choque armados con palos, martillos y bombas molotov. Más aún, según publicó un reconocido diario nacional, ventanas y portones que habían estado protegidos con madera la semana anterior amanecieron sin esa protección. ¿Quién tomó esa decisión y por qué?
Las autoridades explicaron que la orden a la policía fue no caer en provocaciones, para evitar enfrentamientos como los de la protesta anterior. Proteger a los manifestantes era indispensable. Pero protegerlos no debía equivaler a abandonar un monumento histórico. No se trata de exigir un nuevo abuso policial contra una multitud ni de desconocer los peligros de una intervención precipitada. Se trata de preguntar qué medidas preventivas se adoptaron, cuáles se descartaron y por qué un inmueble especialmente protegido por la ley terminó tan expuesto. Había tiempo para prever riesgos, reforzar accesos y diseñar una respuesta proporcional que distinguiera entre ciudadanos y agresores. Presentar como únicas alternativas la represión o la pasividad es una confesión de incapacidad. Si el temor al costo político llevó a permitir que ardiera el Palacio de Gobierno, estaríamos ante una grave cobardía institucional.
Tampoco basta con presentar una factura de restauración. El INAH tendrá que determinar qué puede recuperarse y qué materia histórica se perdió definitivamente. Sabemos que había vitrales restaurados, y otros originales, y que las puertas se perdieron definitivamente. Y la ciudadanía debe exigir la misma diligencia frente a demoliciones, abandono y malas intervenciones autorizadas por las propias autoridades. La defensa del patrimonio no puede depender de quién cometa el daño ni de quién gobierne.
El Palacio de Gobierno no es el gobernador. Pertenece también a los ciudadanos que protestaron frente a él y a quienes todavía no han nacido. Lo que ocurrió exhibe tres responsabilidades distintas: la de quienes lo atacaron, la de quienes justifican la agresión y la de quienes tenían el deber de protegerlo. No podemos reclamar al gobierno respeto a nuestros derechos mientras algunos justifican la destrucción de lo que es de todos, ni pedir responsabilidad ciudadana a unas autoridades que todavía deben explicar cómo fue posible semejante indefensión.
Guadalajara nos necesita a todos para dejar de perderla.