Educación con presupuesto
La educación como rehén de los ciclos presupuestales es un lujo que un país con las aspiraciones de México no puede permitirse.
Aunque nuestra Constitución consagra con claridad el derecho a una educación pública universal, inclusiva, gratuita y laica desde el nivel inicial hasta el superior, en los hechos el sistema adolece de una fisura estructural: la ausencia de un piso financiero blindado. Los derechos sin presupuesto son meras declaraciones retóricas, tinta sobre papel que se desvanece ante la primera crisis o el cambio de prioridades políticas de cada administración.
En este sentido, en los próximos días presentaré una iniciativa para su discusión en el Congreso que busca establecer un piso mínimo de apoyo económico y financiero para la educación en México. Parte de la idea es adicionar una fracción XI al artículo 3º de nuestra Carta Magna para elevar a rango supremo lo que ya contempla, sin éxito vinculante, la Ley General de Educación desde 2002: un financiamiento base garantizado que no sea menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, destinando al menos el 1% de este indicador a la educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Siempre ha sido mi convicción que el fortalecimiento de la educación superior en particular es una condición necesaria para el desarrollo de un país. Ahora que ha habido presiones por parte del grupo en el poder para disminuir el apoyo presupuestal a universidades públicas, mi propuesta adquiere una urgencia renovada.
Los datos oficiales respaldan con crudeza la urgencia de este debate legislativo. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y del IMCO, el gasto público destinado a la función educativa se ha contraído de manera sostenida, pasando de representar el 16.20% del gasto total en 2020 a un desalentador 10.74% en 2025. Medido como proporción del PIB, la inversión educativa ha descendido del 4.50% al 3.20% en ese mismo periodo. Estamos muy por debajo del 5% que promedia la OCDE y a una distancia abismal del 8% que la ley federal establece como meta idónea.
Este rezago estructural tiene rostros y cifras alarmantes. Mientras los países miembros de la OCDE invierten en promedio más de 250 mil pesos anuales por alumno de primaria y secundaria, México apenas aporta una fracción cercana a los 56 mil pesos. Esta asfixia presupuestal impacta de forma directa en las tasas de cobertura y abandono: si bien el 94% de los niños asiste a la escuela entre los seis y 14 años, la proporción se desploma dramáticamente al 34.6% entre los jóvenes de 18 a 24 años. La carencia de infraestructura, capacidad institucional y plazas suficientes en la educación media superior y superior frena de tajo la movilidad social, limitando severamente la competitividad de nuestra economía ante los retos globales.
Fijar un piso constitucional transforma una aspiración sexenal en una obligación exigible por la vía jurisdiccional, blindando al sector educativo frente a los vaivenes de la política coyuntural. Con un esquema transitorio que proyecta alcanzar la meta progresivamente hacia 2030, esta reforma no constituye un gasto estéril, sino la apuesta más rentable y sólida para garantizar el desarrollo sostenible, la justicia social y el futuro de las próximas generaciones en México.
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