La censura disfrazada de derecho de las audiencias
Con esa capacidad que ha demostrado la llamada Cuarta Transformación para distorsionar las figuras e instituciones democráticas en sistemas de control político autocrático, se sacaron de la manga un remedo de defensor de audiencias que no es sino un auditor y un mecanismo promotor de la autocensura, una espada de Damocles al más puro estilo del viejo régimen priista. Así hicieron con la Suprema Corte, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional Electoral, el de Acceso a la Información, etcétera.
Cuando el Estado se autoerige en el promotor del derecho de las audiencias, en el único que sabe cuáles contenidos convienen al pueblo y cuáles no, el resultado no puede ser sino una pérdida real de la libertad de expresión.
La figura de lo que hoy conocemos como defensor del lector nació en un periódico estadounidense, el “Couriere-Journal” en Louisville, Kentucky, en 1967. Su director en aquellos años, Norman Isaacs, lo pensó como un vínculo con los lectores, alguien que ayudara al periódico a cumplir su tarea con mejores estándares de calidad y ética periodística.
Inteligentemente, Issacs lo emuló a la figura del ombudsman, establecido originalmente en la Constitución sueca de 1809 para defender a los ciudadanos de los abusos de poder del Estado.
En algunos países donde la televisión y la radio de Estado tienen una presencia muy importante, como Canadá, la figura de defensor de la audiencia fue pensada justamente para que el Gobierno en turno no usara los medios públicos para su beneficio, sino que asegurara la mayor neutralidad posible en sus contenidos. El defensor de las audiencias en este caso es nombrado por un comité donde el director tiene solo uno de los cuatro votos. Colombia fue uno de los países donde más se desarrolló esta figura en los medios electrónicos. Impulsados por un contexto de violencia, así como por la participación de grandes pensadores en esta discusión (Javier Darío Restrepo, Gabriel García Márquez, Germán Rey y Jesús Martín Barbero, entre otros) los medios colombianos se convirtieron en una referencia latinoamericana en esta materia.
En México el primer periódico que tuvo un ombudsman fue “El Economista”. “Siglo 21” en Guadalajara lo implementó como una especie de auditor interno y “Público”, también en Guadalajara, fue el primer periódico mexicano en tenerlo como figura pública. Impulsado por la transición democrática, a principios del siglo XXI la figura de defensor de las audiencias se hizo obligatoria para la radio y televisión públicas en búsqueda de una mayor neutralidad informativa de estos medios que viven de nuestros impuestos. Cuando vemos el uso propagandístico que han hecho Gobiernos de PRI y PAN y ahora hacen los gobiernos de Morena de los canales de televisión de Estado, es evidente que la figura de defensor de las audiencias no es suficiente para asegurar la neutralidad, se necesita además un espíritu democrático muy escaso en nuestro país.
El riesgo de la propuesta de la Presidencia de la República no está en la figura de los defensores de la audiencia, que, si bien en los medios concesionados, como se llaman oficialmente los de explotación privada, es una decisión que corresponde estrictamente a las empresas, no les vendría mal como un mecanismo para generar credibilidad y confianza. El problema es ese segundo piso llamado Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que le da atribuciones para multar a los medios e incluso para remover defensores que no les gusten.
Hoy, las razones por las cuales un gobierno puede multar o cancelar una concesión están ya estipuladas en la ley de telecomunicaciones. Darle el poder a esta comisión para que revise las respuestas de los medios y sancione los contenidos informativos a través de defensores de la audiencia eternamente amenazados no es sino un revoltoso mecanismo de censura.
diego.petersen@informador.com.mx