Regresiones democráticas
Las elecciones del 2027 serán las más inequitativas y poco confiables de las últimas tres décadas. Hace 30 años, en la elección intermedia de 1997 estrenamos un Instituto Federal Electoral independiente, profesionalizado y, sobre todo, con un Consejo General avalado por todos los partidos. Hoy, tres décadas después esa confianza está perdida. Las elecciones de 2027 serán regidas por un Instituto Nacional Electoral (INE) y un Tribunal Electoral que tienen dueño, actúan de manera sectaria, tienen vocación de Torquemada y hoy, además, están metidos en un conflicto de interés. En una sola semana, fuimos testigos de cinco actos de regresión democrática.
Monitorear las expresiones de burla o ironía en los medios de comunicación, como propuso el INE (y que el Tribunal rechazó porque la norma propuesta es demasiado general) es digno del peor gobierno autoritario. Reírse de los políticos, electos y en campaña, es un elemento sustancial de la libertad de expresión en una democracia. El simple hecho de plantear que la ironía y el sarcasmo son objeto de monitoreo por parte de una autoridad, la que sea, habla ya de una idea de control político. Nada nos asegura que tras el rechazo del Tribunal el INE no volverá a intentar este absurdo antidemocrático. Lo paradójico de esta ley es que para que la ironía sea comprendida se requiere inteligencia y codificación compartida, por lo que lo único seguro es que las mejores ironías y sarcasmos no serán entendidos por la autoridad.
La ley de doble nacionalidad que propone la Presidenta Sheinbaum es otra enorme regresión democrática. Limitar el acceso a los puestos de presidente y gobernador a quienes tienen esta condición es absolutamente discriminatorio. La doble nacionalidad no hace mejores o peores ciudadanos, es, insisto, solo una condición que se da particularmente en las fronteras o en hijos de migrantes. El nacionalismo revolucionario impidió por 80 años que un mexicano tuviera doble nacionalidad. Hoy se pretende que quienes están en esa condición sean ciudadanos de segunda.
En un abuso de interpretación, el Tribunal Electoral prohibió al nuevo partido Somos México el uso de la palabra México. No existe ley alguna que lo prohíba, simplemente no les gustó y tampoco a la Presidenta que, curiosamente, sobre este tema sí tuvo una opinión y una respuesta larga y vehemente, cosa que no le mereció, por ejemplo, el caso Inzunza. Hoy día hay partidos que usan el nombre de México, nada menos que el Partido Verde Ecologista de México, y otro que lleva en su logo los colores de la bandera, el PRI, pero la argumentación del Tribunal es que no les gustó la combinación porque, dicen, se presta a confusión, como si los electores fuéramos menores de edad o simplemente imbéciles (imagínense a estos magistrados calificando qué es ironía y qué no).
Morena designó a los primeros Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en cinco Estados que no son otra cosa que sus candidatos a gobernador en una flagrante violación a los tiempos electorales. La candidata de Colima, Rosa María Bayardo, en un arranque de honestidad involuntaria, dijo que el pueblo la había elegido como su “candidata”. La pura declaración es suficiente para que el INE la mande llamar, pero no, los consejeros generales seguirán mirando hacia otra parte. Peor aún, uno de esos coordinadores, el de Querétaro, Santiago Nieto, es esposo de una consejera, Karla Humphrey, en un clarísimo conflicto de interés, pero eso no importa cuando lo que está en juego es “la transformación”.
Finalmente, en un descomunal abuso de poder, la fiscalía de Michoacán acusa a Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, de haber sido parte del complot para matar a su marido. El absurdo es descomunal, pero está pasando en este país. Tienen pavor de que Grecia sea candidata y está claro que son capaces de cualquier cosa para descarrilarla.
Vaya semana para la democracia… y lo que falta.